EL MUNDO – 05/11/15
· El PSC se desmarca y no pide bloquear de inmediato el debate de la propuesta soberanista.
El Pleno del Tribunal Constitucional reaccionó ayer con la misma celeridad que los partidos constitucionalistas: hoy mismo estudiará los recursos de amparo presentados ayer a mediodía por PP, PSC y Ciudadanos contra varias decisiones de la Mesa del Parlament que permitirían debatir el lunes la propuesta independentista.
Los ponentes en los que recayeron los tres recursos coincidieron en la conveniencia de derivar el asunto al Pleno, que decidió incluirlo en el orden del día de la reunión que ya tenía programada para hoy. En el Pleno se estudiará la admisión a trámite de los amparos, pero a efectos prácticos lo relevante es otro aspecto: si está justificada la adopción de la medida cautelar de suspender las decisiones de la Mesa que dan cauce a debatir la propuesta en el Parlament.
Inés Arrimadas (C’s), Xavier García Albiol (PP) y Miquel Iceta (PSC) comparecieron juntos en el TC. En sus demandas, los parlamentarios de las tres formaciones denuncian la vulneración de su derecho fundamental a la participación política.
Hablaron juntos, posaron juntos y registraron los escritos juntos, pero no pidieron exactamente lo mismo. El PSC se desmarcó del frente constitucionalista y no incluyó finalmente en su recurso la petición de que se suspendan los acuerdos que permitirían el pleno.
En la práctica, la petición de esa medida cautelar es la única vía efectiva para que los recursos de amparo impidan aprobar el lunes la propuesta. A las puertas del TC, Iceta justificó la decisión diciendo que sus servicios jurídicos se lo desaconsejaron por tratarse de una solicitud excepcional que previsiblemente sería rechazada.
Quienes sí solicitaron la medida que hoy examinará el TC son el PP y Ciudadanos. En sus recursos argumentan que, aunque con el tiempo se les diera la razón en el fondo del asunto, la mera celebración del Pleno habría hecho perder el sentido al recurso: la vulneración de sus derechos como parlamentarios se habría producido y ya se habría aprobado la desconexión del orden constitucional español.
Por es motivo sostienen que el TC debería acordar la suspensión de cuatro acuerdos de la Mesa de forma inmediata, sin necesidad de escuchar previamente la opinión de los afectados. Podría hacerlo, recuerdan, en la misma resolución en la que se acuerde admitir a trámite las demandas, puesto que a su juicio nos encontramos en la situación de «urgencia excepcional» prevista en la ley.
Para acordar esa suspensión, la mayoría de los 11 miembros del TC tendría que considerar que, de no hacerlo, los recursos perderían su sentido, pero también que la suspensión del Pleno no supondría un perjuicio equivalente para terceros, en este caso los diputados que sí respaldan la celebración.
La cautelar podría denegarse si, por el contrario, se estimara como excesivamente grave impedir la celebración de un Pleno que desea la mayoría de un Parlamento recién elegido. El razonamiento seguiría en parte –no hay un precedente claro– la línea que el TC aplicó con el plan Ibarretxe.
«La situación de excepcionalidad constitucional en la que nos ha colocado la propuesta que nos ocupa», indica Ciudadanos, «reviste la suficiente trascendencia constitucional para que el Tribunal, en fase de justicia cautelar y aún sin anticipar la resolución de fondo que en su día resulte procedente, pueda pronunciarse claramente a favor la suspensión de los acuerdos impugnados, antes de la admisión a trámite del presente recurso de amparo y de la celebración del Pleno».
Por su parte el PP subraya que «la no suspensión de los acuerdos impugnados haría perder la finalidad del recurso de amparo y, además, atentaría contra el interés general de España, produciendo una perturbación en el orden constitucional de convivencia».
La suspensión de los acuerdos de la Mesa supondría poner ya en marcha la batalla jurídica contra los planes independentistas, pese a que inicialmente el Ejecutivo pensaba aplazarla hasta la aprobación por el Parlament de la propuesta independentista. En ese momento el Gobierno la recurriría de forma inmediata por inconstitucional y el TC la suspendería automáticamente.
Si finalmente se acuerda la suspensión, antes de terminar la semana, el TC enviaría su decisión a la Mesa del Parlament. Sus miembros, con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la cabeza, tendrían que decidir si acatan la resolución. Si no lo hacen se pondrían en marcha por primera vez los mecanismos que el Gobierno puso a disposición del TC en la reciente reforma legal, que buscan garantizar el cumplimiento de sus decisiones y contemplan la inhabilitación de los cargos públicos que las ignoren.
LOS ARGUMENTOS
El artículo 23.2 de la Constitución.
«Los ciudadanos tienen el derecho a […] acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes».
Ciudadanos.
«La Mesa del Parlament ostenta potestades (no derechos), por lo que debe ejercitarlas de conformidad con la Constitución, el bloque de la constitucionalidad y el Reglamento de la Cámara; de tal forma que estaría vulnerando claramente el artículo 23 CE en el caso de que admitiera proposiciones que clara y palmariamente contrariasen la Constitución o el bloque de la constitucionalidad, plantearan cuestiones manifiestamente ajenas a la competencia del Parlament o subvirtieran el mandato representativo».
PP.
«La propuesta de forma notoria y grosera pretende el establecimiento de una Cámara con poderes ilimitados e incita a la desobediencia frente a nuestro sistema constitucional de convivencia».
PSC.
«Nos encontramos ante una iniciativa totalmente incompatible desde su fundamento con un ordenamiento constitucional y estatutario que es precisamente del que traen causa las instituciones catalanas, y cualificadamente el Parlament, y del que se deriva su propia legitimidad democrática».
EL MUNDO – 05/11/15