Rajoy cuenta con el «consenso» para frenar el mayor «el mayor desafio de la nación»

EL MUNDO – 05/11/15

· Se trata de un acuerdo que no se plasmará por escrito para evitar que surjan diferencias de matiz, pero que es suficientemente contundente, en su opinión, para plantar cara «al mayor desafío que ha vivido nuestro orden constitucional y la nación española en décadas».

PP, PSOE y Ciudadanos suman fuerzas en este empeño y a ellos se unen dos fuerzas minoritarias, Unió y UPyD. Para el presidente del Gobierno, el compromiso que todas ellas han explicitado con los principios esenciales de la Constitución es decisivo.

«Me parece», dijo, «que es el mejor consenso posible, el que garantiza nuestra convivencia armónica, ampara nuestra diversidad y el que recoge el sentir de la inmensa mayoría de españoles, incluidos también la mayoría de los catalanes».

«La clave es que estamos de acuerdo en lo fundamental y vamos a actuar», aseguró cuando se le preguntó si no sería necesario plasmar en un documento por escrito el pacto de Estado alcanzado verbalmente en los encuentros de La Moncloa.

No habrá un texto negro sobre blanco porque, tras explorar por vías parlamentarias la disposición de unos y otros, el Gobierno llegó a la conclusión de que el empeño presentaba demasiadas «pequeñas dificultades» que podían acabar dando al traste con el objetivo último de demostrar unidad sin fisuras.

Ayer, Rajoy reiteró el compromiso, alcanzado con todos sus interlocutores, de mantenerles informados de la posición del Gobierno y de los pasos que se preparan para defender la legalidad «si finalmente es agredida».

En este sentido, recalcó que el Estado tiene «mecanismos suficientes» para hacer frente a la situación, aun cuando –apuntó, sugiriendo el recurso de última instancia que sería la activación del artículo 155 de la Constitución– «nunca hasta ahora hayamos tenido que emplearlos, porque nunca hasta ahora se ha dado semejante deslealtad de una Administración contra la ley sobre la que se fundamenta su legitimidad».

Su intención es actuar «de acuerdo con la valoración de los servicios del Estado y con el criterio de proporcionalidad y prudencia» para evitar que prospere «el discurso falaz que contrapone ley a democracia».

El presidente rechazó las críticas de inmovilismo que se le han lanzado recurrentemente. «El Gobierno no ha abdicado de sus funciones nunca», dijo tras recordar que la exigencia que le planteó Artur Mas fue el pacto fiscal para Cataluña y la alternativa al mismo era la celebración de un referéndum de carácter soberanista. Ninguna de las dos demandas podía ser aceptada. «Hice lo que tenía que hacer», recalcó.

Desde su óptica, no hay absolutamente nada, ni en la actuación de su Gobierno ni en la de los ejecutivos que le han precedido, «que justifique la deslealtad y el desafío permanente en el que se han instalado los responsables de la Generalitat de Cataluña».

«Ni España, ni su Gobierno, ni sus partidos políticos, ni sus instituciones», añadió, «son responsables de lo que allí pasa». De esta forma Rajoy daba respuesta a quienes acusan al Ejecutivo de haber propiciado la fractura catalana, haber alimentado la animadversión hacia sus singularidades y haberse convertido, finalmente, en una «fábrica de independentistas», en palabras del líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón.

Los escándalos de la familia Pujol, las comisiones del 3%, la ruptura de la coalición de Gobierno, la desaparición del catalanismo moderado o el haber dejado la gobernabilidad en manos de un partido «abiertamente antisistema» como es la CUP, deben anotarse exclusivamente en el haber de Artur Mas, de Convergència y de sus aliados secesionistas. Rajoy hizo hincapié en ello.

Y también insistió en que, pese a todo, el Estado siempre ha estado dispuesto a sostener a la Generalitat para «evitar que se hundiese el sistema de bienestar de los ciudadanos de Cataluña». La cuantía de las aportaciones desde 2012 se eleva a 49.000 millones de euros.

Ha sido, dijo, «un comportamiento leal y solidario» que sólo ha encontrado una Generalitat que «ha dedicado toda su energía a desplegar iniciativas contrarias a la convivencia y a la Constitución y que, lejos de atender las necesidades de los catalanes, ha tenido como única prioridad crear un clima de opinión basado en falsedades contra nuestra historia común».

La tensión generada por la actitud y las decisiones de los responsables políticos catalanes preocupa sobremanera al Gobierno, que ve en todo ello una amenaza seria para cualquier proyecto que pretenda consolidar la recuperación en España. Rajoy lo ha advertido en muchas ocasiones. Ayer, fue una más: «Nada de esto sería posible –dijo refiriéndose a las perspectivas optimistas que maneja de crecimiento y creación de empleo– en una España sumida en el caos, la inestabilidad o la fractura».

Su programa electoral, la oferta con la que pretende convencer a los españoles para que le permitan continuar cuatro años más en La Moncloa, es, aseguró, «radicalmente incompatible con la incertidumbre institucional o política y mucho más con un proyecto de ruptura del orden constitucional».

A la espera de que dicho programa se detalle en toda su extensión, Rajoy perfiló ayer las siete guías básicas del mismo: avanzar en el empleo, crecer de manera sostenida y competitiva, fortalecer el Estado de las Autonomías, reforzar los pilares del bienestar, culminar la mejora de la educación, seguir modernizando la Administración y asegurar un compromiso permanente de regeneración de la vida pública. «Sobre esos pilares debe fundamentarse la España necesaria», dijo aludiendo al título que da nombre al Foro de EL MUNDO.

Son las claves que, según el presidente, permitirán una sociedad «más cohesionada y con mayores niveles de igualdad».

Su propuesta pasa por «dibujar un nuevo modelo productivo» que se iniciaría, si revalida su puesto al frente del Gobierno, con la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica y, en paralelo, con un avance en la definición de un sistema tributario que «favorezca el crecimiento y el bienestar, que resulte más homogéneo, más sencillo y más transparente». «Financiación autonómica y reforma fiscal tienen que ir necesariamente de la mano», aseguró.

Rajoy distinguió además como imprescindibles los objetivos de impulsar la educación y la llamada agenda digital. Así, se comprometió a regular la función docente, teniendo como base el Libro Blanco elaborado por José Antonio Marina, y a definir una Estrategia Española para la Educación Superior.

«La España necesaria es aquella que nos permita mantenernos unidos y así repetir los éxitos del pasado». Así habló ayer el presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano, en la inauguración de los foros de EL MUNDO, con los que el diario se propone construir un escenario de «debate» al que «atraer al mundo del intelecto», para que, «por encima de los avatares del día a día, compartan con nosotros sus puntos de vista sobre su idea de España».

Toda una «oportunidad», en palabras del propio director, David Jiménez, quien parafraseando al columnista Enric González afirmó: «España es el país que jamás pierde la oportunidad de perder una oportunidad. Lleva más de dos siglos perdiendo el tren de la Historia». Una cita a lo que añadió: «LaEspaña necesaria es la España que no pierde la oportunidad de tomar ese tren».

Así, y entretanto se sucedan tras Rajoy los políticos, empresarios, artistas y cuantos «tengan algo interesante que aportar», Fernández-Galiano aprovechó ayer para hacer su propia aportación. Además de apelar a la unidad como un valor a conservar en esa España necesaria, el presidente de Unidad Editorial trasladó una primera reflexión: «Casi 40 años después, parece claro que la España concebida durante la Transición era la que necesitábamos. Nunca le ha ido mejor a España y a los españoles que durante los últimos 40 años».

La segunda reflexión le llevó a «sugerir» que hoy, «cualquiera que sea la solución» a las demandas de cambio, «la sensatez nos lleve a mantener y cuidar lo importante».

En este sentido, Galiano deslizó su tercera idea: «La España necesaria es en la que se respeten las reglas del juego y la ley; una España solidaria, en la que sus ciudadanos se sientan adecuadamente representados; en la que se pueda hacer política, sus políticos sumen y no resten; y los medios de comunicación puedan cumplir con su papel, pero siempre con el objetivo de construir, no de destruir».

EL MUNDO – 05/11/15