Conozco un niño que juega en el parque, habla y ríe como los demás y sueña con ser policía y torero. Está aquí, pero no del todo. Pertenece, pero no jurídicamente. Ese niño (y tantos como él) está escolarizado con un pasaporte como única identificación, aunque su permiso de estancia caducó hace tiempo, unos meses después de entrar por Barajas en brazos de su madre con dos años. Entrena en el equipo de fútbol del barrio, pero no puede jugar los partidos: sin NIE no lo pueden federar en la liga municipal.

El Gobierno ha aprobado la regularización extraordinaria de inmigrantes. Este niño podrá acogerse a ella, y eso es una buena noticia. La medida se ha presentado, tras el consabido gesto epistolar presidencial, como una inversión: cada persona regularizada, se nos dice, aportará miles de euros al año a las arcas públicas. Hacer lo correcto, además, «sale a cuenta». Y, sin embargo, hay algo en ese argumento que chirría. No porque la medida sea equivocada en las circunstancias actuales (no lo es), sino porque no hace falta forzar los argumentos para defenderla. Hacer lo correcto no siempre coincide con lo más conveniente, pero parece que no podemos aguantar esa disonancia y necesitamos que nos la envuelvan en un relato fácilmente digerible.

Para sostener ese relato, el equipo de asesores de La Moncloa suele apoyarse en dos estudios: el de Elias, Monràs y Vázquez-Grenno sobre la regularización de 2005 y el de Gálvez-Iniesta sobre el impacto fiscal potencial de la inmigración. Ambos son trabajos serios, pero se hace de ellos una lectura interesada para sostener que «saldremos ganando» con la medida. Cuando, en realidad, no se ocupan de calcular saldos fiscales netos a lo largo del ciclo vital ni incorporan el conjunto del gasto público, y por tanto no permiten concluir que cualquier regularización (ni, desde luego, esta) genere automáticamente un beneficio fiscal.

Lo que sí sabemos (y esto se explica mucho menos) es que se nos vienen tremendos costes de funcionamiento. Más allá de preparar los servicios administrativos que tendrán que atender un aluvión indeterminado de cientos de miles de solicitudes, ¿alguien se ha molestado en pensar qué pasará el día de después? Por ejemplo: en educación y sanidad, los dos pilares de nuestro estado del bienestar. En educación, las familias con menos recursos suelen tener más dificultades para apoyar el aprendizaje fuera del aula (por barreras lingüísticas, falta de tiempo o menor familiaridad con el sistema: a veces simplemente porque no hay mesa donde hacer los deberes), lo que obliga a la escuela a desplegar más apoyos para que el alumno alcance el mismo resultado. No es solo cuántos alumnos habrá, sino qué precisan. Vamos a incorporar a más con mayores necesidades educativas. ¿Se ha estimado ese aumento de coste?

En sanidad, el patrón es conocido y está bien documentado: la precariedad laboral y residencial reduce la capacidad de prevención, retrasa el acceso a la atención primaria y desplaza el uso hacia urgencias, con mayor prevalencia de enfermedades crónicas. No porque nadie se cuide menos adrede, sino porque vivir en condiciones más inestables enferma más y dificulta cuidar la propia salud. Cuando aumenta la proporción de población con rentas bajas, menor nivel educativo y trayectorias laborales precarias (que hoy es el perfil inmigrante-tipo), los sistemas educativo y sanitario necesitan más recursos por usuario para mantener el mismo nivel. ¿Tenemos capacidad para absorber el impacto de incorporar más población de estas características sin degradar la calidad para todos? No, y tampoco es algo que pueda resolverse en pocos meses y menos con un Gobierno que lleva tres años sin poder aprobar unos presupuestos.

Y, sin embargo, nada de lo anterior invalida que una regularización sea necesaria llegados al punto de descontrol en que nos encontramos. Las cuentas no salen. Y, aun así, hay que hacerlo. Pero que no nos mientan. Que digan que asumen la responsabilidad de hacerse cargo de las consecuencias de una mala gestión, que quieren evitar males mayores, que es necesario ordenar una realidad que ya existe. Pero que haya cientos de miles de personas viviendo en España sin residencia legal no es un éxito de ningún tipo. Es el síntoma de un montón de fallos acumulados: en el control de fronteras, en los procedimientos administrativos, en los tiempos de espera, en la capacidad de ofrecer vías legales realistas, en un mercado laboral que necesita muchos trabajadores poco cualificados y de salarios bajos.

Quien tiene contacto directo con esta realidad lo sabe bien: personas empadronadas, insertas en la sociedad, pero atrapadas en un laberinto administrativo que les impide acceder a un contrato laboral. La compraventa de citas para los trámites es solo un síntoma más de ese desorden. La Iglesia española ha insistido en este punto con una claridad poco habitual en el debate público. La alternativa, a menudo invocada de forma abstracta, tampoco es realista. Las deportaciones masivas no solo son impracticables, como muestran las dificultades que está encontrando EE.UU. (falta de capacidad material, colapso administrativo y riesgos evidentes de arbitrariedad). También son simple y llanamente inhumanas, porque implican arrancar de manera indiscriminada a personas de todas las edades que llevan años viviendo, trabajando y formando vínculos con y entre nosotros.

Pero regularizamos no por virtud, sino porque hemos fallado. Presentarlo como otra cosa es un marco construido sobre un relato difícil de sostener. Porque hay una diferencia importante entre el modo en que se ha planteado y ha terminado aprobándose la medida, y cómo podría haberse sido. Habría ganado legitimidad si hubiera llegado como resultado de una iniciativa social amplia, como la impulsada a través de la ILP, y si se hubiera sometido a un debate parlamentario mucho más exigente. Otra vez, un episodio nacional más, de esa versión de España que podríamos haber sido, pero preferimos no ser. Por lo que sea.

La cuestión no es si «sale a cuenta», no saldrá; sino si nos estamos preparando para asumir sus costes y para evitar que se repita, de manera que alguna vez funcionemos normalmente bien como país. Hacerlo, exigiría al menos dos cosas. La primera, políticas activas de integración que permitan que el mayor número posible de estas personas y sus familias transiten, con el tiempo, hacia trayectorias de autonomía financiera y contribución neta sostenida. La segunda, menos popular, pero que es imprescindible: ordenar la inmigración y cerrar las vías que hoy hacen posible la irregularidad, para no encontrarnos dentro de cinco años en el mismo punto. Ni ese niño ni nosotros necesitamos promesas de rentabilidad. Necesitamos un país que funcione, un Gobierno atento a la realidad y una ciudadanía que no se deje tranquilizar por cuentos que convierten en fácil lo que no lo es.