El cupo y la ETA

En esta Casa somos varios los que hemos hablado o escrito contra el mantenimiento de los conciertos económicos vasco y navarro. Sin embargo, hasta hace muy poco las críticas al sistema eran testimoniales. Y eso a pesar del atentado que el privilegio implica al principio de igualdad de todos los españoles ante la ley. Es verdad que la contradicción está consagrada en la Constitución, pero precisamente por existir una oposición entre dos preceptos que no hay forma de conciliar, lo correcto no es dejar las cosas como están, sino modificar la Carta Magna en el sentido que se crea mejor: o se suprime el principio y se reconoce abiertamente que los españoles no somos iguales, y que es permisible el establecimiento de ese o de cualquier otro privilegio, o se suprimen los conciertos.

Lo chocante es que esa flagrante incoherencia de nuestra ley de leyes ha tenido que esperar hasta hoy para estar en el debate político. Aparentemente, el chispazo que ha disparado la polémica ha sido la pretensión del independentismo catalán de gozar del mismo beneficio que vascos y navarros. La apuesta es pretendidamente elevada porque esos mismos independentistas amenazan, cada vez está más claro que de boquilla, con proclamar unilateralmente la independencia en caso de que no sea atendida su reclamación. Mientras, un líder catalanista supuestamente más moderado, Pere Navarro, ha preferido no tanto reclamar el privilegio para su región, sino pedir la supresión del privilegio mismo. Y estos días hemos sabido que Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cuando era gobernador del Banco de España, justificó ante CiU el cupo con la existencia de la ETA, que era tanto como animar al nacionalismo catalán a proveerse de un brazo armado.

También hemos sabido estos días que las regiones que menos fraude fiscal padecen son precisamente las que disfrutan del concierto. A primera vista, eso podría ser consecuencia de una eficaz gestión de las Haciendas forales. Sin embargo, yo me malicio que el resultado es fruto de los métodos de inspección en aquellos territorios, donde quizá no se sea demasiado exigente porque no hay necesidad de recaudar tanto. En cualquier caso, es patente que el sistema favorece a las dos regiones beneficiadas, ya que hoy son las que gozan de las mayores rentas per cápita de España y los índices de paro más bajos.

Y a pesar de que las cosas son así desde hace mucho tiempo, es ahora cuando se incrementa exponencialmente el número de políticos y periodistas que claman contra la injusticia. Coincide con, entre otras cosas, el supuesto fin de ETA. Si fuera verdad que el concierto no ha sido puesto en tela de juicio porque estaba la ETA y ahora lo es porque la ETA ha dejado de matar, estaríamos hablando de un país de tercera donde los privilegios se consiguen y mantienen a punta de pistola. Sea o no así, qué triste es comprobar lo verosímil que parece.