«La justicia es la firme y decidida voluntad de dar a cada uno lo suyo». Según esta conocida sentencia del jurista romano Ulpiano, ¿es justo el cupo vasco o es un privilegio? La forma más sencilla de contestar a esta pregunta es determinar si el sistema vasco de financiación, el denominado concierto económico, es una buena idea, generalizable en consecuencia a todas las Comunidades Autónomas, como ahora proponen el PNV, el PSC y parte de los dirigentes del PSOE; o si esto es un desiderátum imposible.
Generalizar este sistema supondría pasar de cinco Haciendas en España, las tres forales vascas, la navarra y la Agencia Estatal, a cincuenta, y otra estatal para coordinar. O, en la versión de Miquel Iceta, pasaríamos a tener una Hacienda por cada Comunidad Autónoma, que son diecisiete, más otra estatal. Los inspectores de Hacienda consideran que esto restaría dramáticamente eficacia a la Administración Tributaria y perjudicaría notablemente la lucha contra el fraude. Alemania, único país con un sistema parecido, gasta el doble que España en Administración Fiscal por cada euro recaudado en impuestos. El PNV y los actuales dirigentes del PSOE y el PSC están proponiendo copiar a Alemania en una de las pocas cosas en que es menos eficiente que España.
Más allá de las disfunciones evidentes que tiene un modelo en el que una Hacienda provincial inspecciona a una multinacional o un grupo consolidado de sociedades, la justicia del sistema depende fundamentalmente del cálculo del cupo, que determina la contribución a la solidaridad. Sin embargo, este cálculo adolece de una enorme opacidad. En una opinión compartida de forma generalizada por los expertos, Ángel de la Fuente señalaba recientemente que «el cálculo del cupo es magia. Nadie sabe de dónde sale».
Aún así, aunque calcular un cupo correcto sea complicado, es bastante sencillo demostrar que el anterior cupo -previo al actual cuponazo pactado por el PP y el PNV, que lo disminuye en unos 300 millones- es injusto y no generalizable. Lo mínimo que tendría pagar una comunidad sería su parte en el gasto de los ministerios, unos 40.000 millones de euros, y de los intereses de la deuda, unos 28.000 millones de euros. El País Vasco supone aproximadamente un 6 por ciento del Producto Interior Bruto, y en consecuencia, como mínimo debería aportar unos 4.000 millones de euros. El anterior cupo bruto estaba en 1.600 millones. Esta cuantía, que si se generalizase en todas las Comunidades Autónomas no permitiría ni siquiera pagar los intereses de la deuda, tampoco es lo que realmente aportan las Instituciones Forales Vascas al Estado.
No sólo es que al cupo «bruto» se le resten múltiples ajustes, sino que, además, a la recaudación de IVA de las Haciendas Forales se le añade una parte de la recaudación por este impuesto de la Agencia Tributaria. Este ajuste según los expertos, como el exdirector de financiación autonómica con Zapatero, Alain Cuenca, va en dirección contraria: las empresas vascas venden más fuera de Euskadi que lo que venden las del resto de España en el País Vasco. Esto es lógico tratándose de la Comunidad más industrializada de España y la segunda en renta per cápita.
Este y otros ajustes que se contemplan determinan un cupo cada vez más negativo. Esto supone que los ciudadanos del resto de España financian una parte del gasto público en la Comunidad Autónoma con mejor financiación per cápita de España. Esto no es precisamente solidario, ni cumple con el principio de equilibrio territorial y de prohibición de privilegios, derivados de la organización territorial que consagra el artículo 138 de la Constitución.
Esto finalmente se materializa en cuestiones tangibles, como la extensión en 14 semanas del permiso de paternidad a los funcionarios vascos, o la rebaja de cuatro puntos en el impuesto de sociedades a las empresas vascas. Esto no sólo es una cuestión de autonomía, sino fundamentalmente de tener dinero para poderlo pagar.
Según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda (2014) la Comunidad de Madrid, la más rica, aportó más de 19.000 millones de euros a la solidaridad interterritorial, Cataluña cerca de 10.000, Valencia 1.735 y Baleares 1.516. Estas fueron las Comunidades que aportaron, mientras que el País Vasco recibió 3.387 millones, lo que supone un 30 por ciento del presupuesto de la Comunidad Autónoma Vasca. Esto no indica precisamente solidaridad en el sistema, y desde luego, mucho menos en el cálculo del cupo y de los ajustes. Como poco se puede decir que el cupo y sus ajustes están pésimamente calculados. Por supuesto, diga lo que diga el lehendakari Urkullu, esto no equilibra una aportación de 27 millones de euros en 2017 al Fondo de Compensación Interterritorial, el 6,24 por ciento de 432 millones.
Desde Ciudadanos consideramos muy poco oportuno priorizar una mejora de la financiación de la Comunidad mejor financiada, el País Vasco, a una reforma imprescindible de la financiación autonómica general. Pero siempre es un buen momento para intentar poner algo de luz en los cálculos de unas leyes fiscales, las de cupo y las de concierto, que afectan a todos los españoles. Un sistema que no se puede generalizar, no desde luego con estas cifras, sin privar al Estado de recursos y herir de muerte su capacidad redistributiva. Para que el sistema se pudiese generalizar, como el incremento de los permisos en catorce semanas, habría que multiplicar el dinero, y eso no es posible. En Ciudadanos seguiremos trabajando para mejorar el sistema de financiación, para que sea más transparente, eficiente, justo y solidario con todos los españoles.