El debate catalán

Dentro de la complejidad de la situación política en Cataluña y de la incertidumbre sobre los movimientos que estén dispuestos a hacer los principales actores en el proceso secesionista, hay algunas cosas dignas de destacar en lo que se refiere al debate que quiere protagonizar el independentismo.

Pongamos un ejemplo. No ha hecho falta gran esfuerzo sino más bien un poco de dedicación y solvencia profesional para ir desmontando con eficacia argumental el mito del expolio fiscal que Cataluña sufre a manos del Estado. Hasta tal punto es así que ya las presuntas balanzas fiscales no son la pistola humeante que prueba el maltrato financiero a Cataluña, sino una construcción teórica de valor relativo que se vuelve contra los que han querido instrumentalizarla políticamente. Hace una semana, el consejero de Economía de la Generalidad, Andreu Mas-Colell, escribía que «en su raíz, el conflicto político entre los Gobiernos de Cataluña y de España, ambos plenamente democráticos, no es sobre déficits fiscales sino sobre autogobierno». Nadie lo habría dicho pero bueno es saberlo porque el consejero, un economista de prestigio mundialmente reconocido, coincidía con lo que tantas veces se ha repetido: «No hay una sino diversas balanzas fiscales entre la Administración central (inclusive de la Seguridad Social) y las comunidades autónomas. Depende de la pregunta que se quiera responder». El mismo día en que el consejero Mas-Colell ponía por escrito estas atinadas observaciones, su departamento hacía público el llamado ‘Documento de análisis del modelo de financiación de las comunidades autónomas’ en el que se critica con dureza el vigente sistema de financiación –y hay buenos motivos para hacerlo– mientras se llega a conclusiones esclarecedoras. Resulta que según el estudio de la Generalidad, las comunidades más perjudicadas son Madrid, Cataluña, Murcia y Baleares. El perjuicio que sufre Madrid parece superar con creces a los demás ya que en el periodo 2009-2012 la financiación ‘per cápita’ para Cataluña se incrementó en 74 euros, mientras que en el caso de Madrid, descendió en 11 euros.

El repliegue argumental parece que ha llegado también a la polémica sobre la salida de Cataluña de la Unión Europea en caso de una eventual independencia. Durante la gran feria mundial de las comunicaciones que ha tenido lugar en Barcelona, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vivian Reding, que días antes se había fotografiado con Duran i Lleida para ilustrar sus apelaciones al dialogo, dejaba sin embargo claro que ante la pregunta recurrente sobre España y Cataluña «sólo hay una respuesta: la Unión Europea es una unión de Estados y sólo se puede ser ciudadano europeo si lo eres de uno de sus países miembros».

Para colmo de males, la crisis de Crimea no presta buena publicidad a las pretensiones independentistas. De ahí resulta que si hasta ahora los secesionistas se venían apuntando a cualquier precedente porque creían que en materia de secesión todo aprovechaba al convento, ahora han tenido que apresurarse a marcar distancias con Crimea. Con ello, el único precedente constitucional que puede ser esgrimido para justificar un derecho unilateral de secesión es el de la constitución de Etiopía. El caso de Quebec ya no merece más que atención retórica y el referéndum escocés ya no es lo que era con sus disputas por la libra, la Unión Europea y la aceptación de que la jefatura del hipotético nuevo Estado siga unida a la corona inglesa. En otro plano, la proposición presentada para instar del Estado la delegación de la competencia en materia de convocatoria de referendos, es un reconocimiento por parte de la Generalidad de que no la tiene atribuida. Tampoco da más solidez a los argumentos nacionalistas el que se defienda la declaración de soberanía del Parlament frente a la impugnación del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, alegando que dicha declaración carece de efectos jurídicos. ¿Qué efectos entonces esperan obtener de una posible declaración unilateral de independencia que siguiera a unas futuras elecciones plebiscitarias? ¿Por qué esa declaración habría de producir efectos mientras que esta otra, ahora impugnada, parece ser sólo un desahogo nacionalista sin pretensiones jurídicas?

Esta desescalada argumental tiene mucho de táctica pero también parece poner de manifiesto la precariedad de los argumentos en los que se quiere fundamentar un proceso tan grave como el de la secesión. Pero no hay que hacerse ilusiones. Eso no significa necesariamente que el secesionismo catalán se muestre dispuesto a rectificar sus pretensiones. Seguramente, hay quien ha pensado que seguir utilizando argumentos ya rebatidos no produce ninguna utilidad sino más bien lo contrario. Extremar el recurso a las balanzas fiscales pone a quien lo haga ante el riesgo del ridículo. De la misma manera que nadie solvente puede negar que Cataluña sólo sería independiente fuera de la Unión Europea o que no existe reconocido en ningún sitio un pretendido ‘derecho a decidir’ que habilite a un territorio a romper la integridad de un Estado democrático.

Las pretensiones secesionistas se encuentran cada vez más desprovistas de la consistencia argumental con las que se han querido presentar. Para compensarlo, el proceso secesionista se encuentra cada vez más volcado en la afirmación de un voluntarismo que no admite límites. Mas ha confirmado que sacará las urnas a la calle el 9 de noviembre. El secesionismo ya no busca su legitimidad en la capacidad de demostrar objetivamente que ‘España nos roba’ o que Cataluña sufre una situación evidente de opresión insoportable. A estas alturas, y más allá de razones, al secesionismo le basta con apelar a un proceso plebiscitario, por sí y ante sí, que antes o después del posible simulacro de consulta podría materializarse en la estrategia insurreccional que acaricia ERC, verdadero motor del proceso, con CiU haciendo el trabajo sucio como lamentable compañero de viaje.