ABC-IGNACIO CAMACHO
Sánchez, lego en Derecho, debe de creer que eso del Ministerio Público es una cartera más de su numeroso Gobierno
HASTA ahora era conocido que Sánchez no entiende de economía –a pesar de su célebre tesis o precisamente por eso–, ni de historia, ni de diplomacia; que no sabe qué es una nación, ni parece importarle, y que de política sólo le interesan las tácticas y los gestos. Ayer reveló él mismo que tampoco tiene familiaridad con el derecho, y esto ya resulta más relevante tratándose de un presidente del Gobierno, obligado a conocer el marco jurídico aunque no sea un leguleyo. (Por el camino que va un día descubriremos que también era un fake la historia de su etapa de jugador de baloncesto, o que los tiros de triple los lanzaba en realidad otro «negro»). La forma en que blasonó de ser el jefe de los fiscales es una falta de respeto a la separación de poderes y al orden constitucional entero, por más que se trate de una idea muy extendida –y lo que es peor, muy aplicada de hecho– entre políticos aficionados a la chapuza de trazo grueso. Quizá crea que el Ministerio Público es la decimoctava cartera del Consejo y que todos los miembros de la carrera le deben pleitesía y sometimiento. Alguien, la ministra de Delgado por ejemplo, debería explicarle cómo funciona eso del Estatuto Orgánico –artículos sexto y séptimo– y de la diferencia entre la jerarquía administrativa, la observancia de la ley y la autonomía de criterio. No hace falta un doctorado a medida: si está lo bastante atento podrían bastarle dos tardes para comprenderlo, como aquellas de Jordi Sevilla con Zapatero.
Porque la metedura de pata es grave. Y llueve sobre mojado: ya dijo algo parecido el lunes, durante el debate, que la defensa de Puigdemont ha mandado traducir para presentarlo como prueba de parte. En las cortes europeas, estas cosas de la independencia judicial, las garantías y la doctrina de Montesquieu son muy importantes y no gusta nada escuchar a un político jactarse con petulancia irresponsable de mangonear a su antojo a los funcionarios de los tribunales. Todo el argumentario de los recursos de los prófugos separatistas y de sus colegas condenados consiste en presentarse como víctimas de un proceso autoritario en el que la Fiscalía y los jueces han ejercido como el brazo represivo del Estado. Doscientos folios largos, la mitad de la sentencia, dedicó Marchena a refutar la indefensión alegada por los abogados, y va nuestro esclarecido líder y en un arrebato de desenvoltura y garbo se ufana de que los ropones le comen en la mano. Dónde iríamos los españoles sin esta minerva al mando.
Claro que no cabría esperar nada mejor de quien llegó al poder gracias a una oportuna morcilla que calzó al bies en un veredicto una pluma amiga. Pero ante esta continua injerencia de la política, a ver cómo se le pide luego a los ciudadanos que desoigan las proclamas populistas y tengan confianza en la Justicia. Lo raro es que algunos benditos la conserven todavía.