EL MUNDO 13/11/14
LUIS MARÍA ANSON
EL DERECHO a decidir sobre si Murcia forma parte de la unidad de España corresponde a todos los españoles, no solo a los murcianos. El derecho a decidir sobre si Galicia forma parte de la unidad de España corresponde a todos los españoles, no solo a los gallegos. El derecho a decidir sobre si Andalucía forma parte de la unidad de España corresponde a todos los españoles, no solo a los andaluces. El derecho a decidir sobre si Cataluña forma parte de la unidad de España corresponde a todos los españoles, no solo a los catalanes.
Tras cinco siglos de unidad nacional, la Constitución de 1978 estableció fuertes cautelas para evitar que la veleidad de una generación o la circunstancia de intereses particulares quebrasen la estructura de la nación española. El artículo 168 de nuestra Carta Magna es inequívoco. Se precisan dos tercios del Congreso y dos tercios del Senado para aprobar la reforma constitucional que hiciera viable cualquier aspiración secesionista. Si los que la propugnaran consiguieran esa mayoría cualificada habría que disolver a continuación las Cortes. Tras elecciones generales, la aspiración secesionista precisaría de los dos tercios del nuevo Congreso y del nuevo Senado. Suponiendo que ambas Cámaras aprobaran por segunda vez el secesionismo, éste deberá someterse a la última instancia: el referéndum nacional en el que todos los españoles ejercerían su derecho a decidir sobre la reforma constitucional planteada.
Estas cautelas, elementales en una nación con cinco siglos de Historia unida, están respaldadas además por el artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno de la nación disolver la Autonomía que no acatara la ley; y por el artículo 8, que encomienda a las Fuerzas Armadas «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».
En el desafío secesionista de una parte de la ciudadanía de Cataluña hay, por un lado, un sentimiento real que es necesario respetar, pero también la maniobra de un sector de la clase política catalana sumergida en la corrupción, que intenta zafarse de la Justicia española para establecer una Justicia catalana que eche tierra sobre sus latrocinios y tropelías.
La gran política, como decía Winston Churchill, consiste en prevenir, no en curar. Tras las concesiones y las ocurrencias de Zapatero, que han descoyuntado la vida nacional y dado alas al secesionismo catalán, Mariano Rajoy debió establecer una estrategia activa para prevenir el órdago y evitar que se produjera. No ha sido así. Una política de tórpida pasividad, liderada por Pedro Arriola, ha agrandado el problema en lugar de solucionarlo. Decían los que le rodean que
Rajoy era impenetrable y no decía nada para evitar que se conociera lo que iba a hacer y se estropeara la estrategia. Según sus colaboradores, lo tenía todo previsto. No era verdad. Rajoy era impenetrable porque no tenía nada que penetrar. Su conferencia de Prensa de ayer así lo ha confirmado.