El desarme y las víctimas

· Que Rajoy y Urkullu pactaran cómo usar los arsenales para esclarecer crímenes sin resolver no sería un asunto menor

Alrededor de un tercio de los crímenes de ETA nunca ha podido esclarecerse. La Asociación de Víctimas del Terrorismo habla de más de 300 asesinatos sin resolver. La Audiencia Nacional ni siquiera se ve en condiciones de ofrecer una cifra. Se trata de argumentos de peso como para que el Gobierno vasco acordara la pasada semana encargar a cuatro profesionales de prestigio un informe que ponga, por fin, nombre y número a todas las víctimas.

El lamentable episodio que se vivió días atrás en el hotel Carlton de Bilbao, con el que ETA y el grupo de verificadores de Manikkalingam –que conserva el aval del Ejecutivo Urkullu, y de los grandes partidos vascos, excepto PP y UPyD– dieron inicio al proceso de desarme de la organización terrorista, ha suscitado dudas. Esencialmente sobre el modelo que se pretende.

¿Estamos hablando de un proceso consistente en que los activistas ponen armas y explosivos a disposición de los verificadores y estos se limitan a sellar los paquetes y/o los zulos? Por el contrario, ¿ETA debe entregar físicamente sus arsenales y quien los recoge encargarse de su destrucción física de una forma, además, fehaciente? O, ¿antes de dar este último paso, pistolas y subfusiles deben ser puestos a disposición policial por si ayudan a esclarecer algunos de los cientos de crímenes pendientes, como quieren las víctimas?

El portavoz del Gabinete Urkullu, Josu Erkoreka, pareció dar a entender días atrás que el gobierno jeltzale se da por satisfechos con el sellado de los arsenales. Con que armas, municiones y material explosivo queden abandonados por el monte o se los lleven de nuevo los terroristas, como ocurrió con la ridícula primera entrega. Ridícula por lo escueto del material inutilizado y porque los etarras se llevaron el material. Por ambas.

Ahora ha sido el lehendakari el que se ha posicionado. Y de forma no del todo clara. Por una parte Urkullu se ha preguntado si se pueden destruir armas que pudieran haber sido usadas en atentados no resueltos. Por otra, ha dado a entender que podría estar de acuerdo en que las fuerzas de seguridad revisaran el material que entregue la banda precisamente para que ayuden en el esclarecimiento de los crímenes que todavía permanecen sin culpable, pero con condiciones.

A partir de ahí, más dudas. ¿El jefe del Ejecutivo vasco plantea la demanda porque Manikkalingam y los suyos temen que la Justicia proceda contra ellos si siguen adelante con el sellado de zulos, sin entrega de las armas, y las víctimas les denuncian? ¿O es también porque ve con buenos ojos que las armas terminen en un laboratorio policial por si ayudan a esclarecer esos 300 asesinatos que todavía permanecen sin culpable, pero si no es para encarcelar a nadie?

En Irlanda ni se destruyeron todos los arsenales ni se pudieron usar las armas para incriminar a nadie. ¿Es de esto de lo que estamos hablando? ¿Se trata de evitar problemas policiales y judiciales a los verificadores? ¿También de pactar que las armas puedan usarse para clarificar atentados, pero no para imputar a nadie? Dígase. Son preguntas clave que merecen respuestas claras.