EL MUNDO – 03/08/15 – CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
· Nunca antes el Gobierno había sentido tan cerca la amenaza, el peligro y la incertidumbre que genera el tener que hacer frente a un intento de secesión organizado desde dentro de las propias estructuras del Estado.
Ya no estamos ante un simulacro de soberanía, como lo fue el referéndum/farsa del 9-N, sino ante una operación política de gran calado destinada a poner al Gobierno entre la espada y la pared. O acepta lo que «decida el pueblo de Cataluña», o toma medidas que pueden generar un enfrentamiento civil.
Rajoy ha llegado, quizás demasiado tarde, a la misma conclusión que el Rey tras su entrevista con Mas: la determinación del presidente de la Generalitat es «irreconducible». Es decir, que ya no hay margen para el diálogo; que de la dinámica que ha sido una constante desde la Transición (presión/negociación) hemos pasado a fase desenganche/ruptura.
La quiebra de CiU y la confluencia entre Convergencia y Esquerra Republicana de Catalunya suponen un cambio cualitativo sin precedentes que demuestra que una parte importante del establishment y de la burguesía de Cataluña ha optado por romper amarras con España.
El bloque que representa Junts pel Síes, en efecto, una coalición de extracción burguesa cuyo único programa es la independencia. El riesgo de secesión se acrecienta por el hecho de que la izquierda populista (Catalunya Sí que es Pot) apoya la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Con su respaldo, Mas podrá dar el paso decisivo a la independencia tras el 27-S.
Las alarmas, por tanto, están encendidas. Porque el desenganche ha comenzado ya, caracterizado por dos elementos:
Primero: la puesta en marcha de estructuras de Estado. Una muestra inequívoca de ello ha sido el decreto aprobado el pasado 27 de julio que da las funciones de un banco al Instituto Catalán de Finanzas, que se convertiría, de hecho, en un ICO catalán. La Generalitat aún no ha pedido la ficha bancaria al Banco de España, pero lo hará. Y entonces, el Banco Central y el Ministerio de Economía tendrán que decidir si cierran la puerta a la constitución del pivote financiero de la independencia.
Segundo: la renuncia a la presentación de recursos ante posibles decisiones judiciales y la determinación firme de hacer caso omiso a las resoluciones que adopte el Tribunal Constitucional.
El Gobierno se enfrenta hoy a un primer test de resistencia. Mas podría optar por un decreto tipo de convocatoria electoral para el 27-S. O bien, podría incluir referencias plebiscitarias que carecerían de sustento legal. ¿Se atreverá entonces el Ejecutivo a instar a la Abogacía del Estado a exigir la suspensión de los comicios ante el Constitucional?
El pulso, un pulso histórico, ha comenzado ya. Estamos en la fase del desenganche.