El Gobierno de Pedro Sánchez está consintiendo que la situación de Ceuta se cronifique y, por tanto, se pudra, mientras sus voceros defienden que la ciudad autónoma ha vuelto a la normalidad. Una normalidad en la que legionarios y regulares están asumiendo funciones policiales por las calles ceutíes para localizar asaltantes de Marruecos. Una normalidad en la que miles de esos asaltantes siguen por Ceuta y sus alrededores. Una normalidad con menores abandonados que han colapsado la capacidad de la ciudad para atenderlos, que superan las cifras oficiales –que eran poco más de mil– y que se hacinan en algunos puntos con riesgos graves para su salud y la de la ciudad. Una normalidad en la que se informa, sin escándalo alguno, de varias niñas magrebíes violadas. El Gobierno se aplaude a sí mismo por su gestión, pese a que no evitó la entrada masiva de casi 80.000 asaltantes, ni forzó su retorno, porque fueron los asaltantes los que desistieron de seguir en una Ceuta que se confinó por el miedo. Una normalidad en la que los muertos recuperados por la Guardia Civil se acercan al centenar.

La respuesta de Pedro Sánchez es practicar la indiferencia ante esta catástrofe humanitaria y política y exhibir su normalidad personal –vacaciones intocables en La Mareta– como la prueba de que la normalidad está instalada en Ceuta. Lo que Sánchez llamaría resiliencia, el ciudadano español lo llama cobardía. Fue Sánchez quien calificó el asalto como una agresión a la integridad territorial de España y a su soberanía. Pero ahora pretende disolverlo en la dinámica posterior de su Gobierno como una crisis zanjada, y sustituirla por escenarios de enfrentamiento que satisfagan a la izquierda, como el de las críticas a los socios europeos o las provocaciones a las comunidades autónomas del Partido Popular, amenazadas por la Fiscalía General para el caso de que no acepten menas. Mejor haría la Fiscalía General en investigar las razones por las que el Gobierno no pone en marcha los procedimientos de devolución de esos menas, previstos por la ley como la primera opción. Lo que no puede evitar el tacticismo de Sánchez es que el apoyo que da a Marruecos sea visto como un síndrome de alienación del Gobierno español por Mohamed VI.

Al final, como diría Grande-Marlaska, «son cosas que ocurren», como si todo respondiera a un designio fatalista que escapa a cualquier prevención humana. Esta declaración es un insulto a Ceuta y a España. En esa normalidad de cartón-piedra, el presidente del Gobierno no ha aplicado la ley de Seguridad Nacional, no ha reunido en sesión extraordinaria a su Consejo de Ministros, no ha cesado a los ministros directamente responsables de esta crisis diplomática, de seguridad y de inteligencia, no ha tomado decisiones estructurales para prevenir nuevos asaltos, más allá de una línea de boyas frente al Tarajal, y no ha mandado a sus ministros a la reunión urgente de la Comisión LIBE del Parlamento Europeo, reunida para tratar la crisis nacional en Ceuta.

Lo que sí ha hecho Sánchez –al margen de parodiar una sesión telemática con varios ministros desde La Mareta– es jugar de nuevo a la política de trilero. Después de que el PP registrara en el Senado las comparecencias de los ministros Albares, Robles y Grande-Marlaska, solo después, el Gobierno ha pedido al Congreso la comparecencia de estos ministros –junto a Bolaños y Albares– en la última semana de agosto. Es decir, cuando Sánchez habrá terminado sus vacaciones. Y lo harán por separado, para evitar el necesario careo entre Robles y Grande-Marlaska sobre si hubo o no hubo informes previos de Inteligencia que alertaran de riesgos de asaltos sobre Ceuta. Semejante duda sobre los servicios de Inteligencia –sean del Ministerio de Defensa o el del Interior– es de una gravedad extrema, porque de su respuesta depende la fiabilidad del Estado para defender sus fronteras y controlar los movimientos hostiles de Marruecos hacia España.

Lo que está claro es que esos ministerios, más el de Presidencia, por la ineficaz coordinación de departamentos, el de Asuntos Exteriores, por su torpe gestión diplomática, y el de Infancia y Juventud, por su fracaso con los menores no acompañados, han fallado –y siguen fallando– clamorosamente en el cumplimiento de sus responsabilidades. Esta sí es la normalidad del Gobierno de Sánchez: el desgobierno impune de España.