Al fin. Tendremos sesión de investidura, anunciada por Francina Armengol. Será el 15 y 16, con la venia de Pedro Sánchez. Con el apoyo de Puigdemont, Junqueras y Otegi, además del PNV entre otros, el candidato espera que la tormenta de movilizaciones cívicas contra la amnistía y otras cesiones a los secesionistas, como las que capitalizó el PP el pasado domingo, vaya amainando. Pero no parece que la demostración del rechazo plural a esta investidura hilvanada, sobre todo, con las exigencias de un prófugo de la justicia y los que delinquieron en el ‘procés’, vaya a volver a encapsularse en el perímetro de la narcosis colectiva. Pedro Sánchez ha llegado demasiado lejos. Y mucha gente no oculta ya su hartazgo.

Lograr la mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados para gobernar no es motivo para hacer alarde de ello cuando se consigue a cambio de aceptar un desguace progresivo de la Constitución, a cambio de pagar una factura inasumible para un Estado democrático como el nuestro. Y eso es lo que está ocurriendo.

Que Pedro Sánchez asuma el relato sobre la injusticia que los jueces cometieron al procesar y condenar a los sediciosos y malversadores, ha puesto en guardia a todos los estamentos de la judicatura. En la proposición de ley que se registró ayer en el Congreso no figura el concepto explícito del ‘lawfare’ pero como fue acuñado en el pacto entre los socialistas y Junts, lo abordarán en la siguiente fase. Es decir: ahora no, más adelante. Como todo. La intención de supervisar la labor de la Justicia desde el Parlamento ha provocado inquietud entre jueces, fiscales, abogados del Estado y notarios que han elevado sus quejas ante lo que supone «una quiebra del Estado de Derecho». Una avalancha de comunicados dando la alarma. También el Tribunal Supremo que exige por unanimidad «absoluto respeto a la división de poderes». El presidente del Consejo General de Poder Judicial sin ocultar su desazón porque el poder judicial vaya a quedar sometido o subordinado al Parlamento. El rechazo contundente de los empresarios.

La ley de impunidad borrará todos los delitos relacionados con el ‘procés’, desde 2014. Incluidos los actos terroristas de los CDR y los altercados de los Tsunami. Y Puigdemont, quedará libre como un pájaro al quedar sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión. Aquí paz y después gloria mientras el rey Felipe VI se tendrá que guardar su potente mensaje institucional de 2017 para no volverlo a desempolvar mientras Sánchez siga gobernando.

La preocupación extrema se extiende por los diversos estamentos de la sociedad española. Pero Pedro Sánchez no va a rendir cuentas de sus veleidades oportunistas. No quiere escuchar el clamor en la calle, las críticas le molestan y niega legitimidad a la oposición. Los redactores del preámbulo de la ley de impunidad dicen que estamos viviendo circunstancias políticas excepcionales. ¡Qué nos van a contar! ¡Si las han creado ellos! Esto es lo que tenemos. Nos quejamos de vicio.