RESULTA insólito a fuer de irresponsable dejar el destino de España en manos del independentismo radical, que sigue dando sobradas muestras de su nula voluntad de aceptación del marco legal y de sus propósitos abiertamente rupturistas. Mientras Quim Torra continúa supeditando el apoyo de los separatistas a los Presupuestos del Estado para 2019 al reconocimiento del derecho a la autodeterminación, los cachorros del secesionismo –los mismos a los que el presidente de la Generalitat exhortó a «apretar»– obligaron a Vox a cambiar el lugar de celebración de un acto en Barcelona. Este partido anuló ayer la instalación de una carpa en Sant Cugat y montó otra en Sitges que precisó el despliegue de los Mossos frente a la amenaza de radicales. En paralelo, Ada Colau, alcaldesa de la capital catalana, se mostró abierta a participar en un debate electoral en la cárcel de Lledoners, lo que constituye un disparate.

Con todos estos elementos encima de la mesa, y en una coyuntura en la que el prófugo Puigdemont continúa marcando la pauta del independentismo, es una temeridad empeñarse en atar la continuidad en La Moncloa a socios tan tóxicos para la convivencia y para la unidad nacional. De ahí que resulten obscenas las regalías contempladas en las cuentas públicas con las que Sánchez implora la complicidad de los independentistas. El presidente del Gobierno quiere cumplir por primera vez la inversión prevista en la disposición adicional tercera del Estatut, que obliga a destinar a la comunidad el mismo porcentaje de la inversión territorializada del Estado que el peso de la economía catalana en el PIB español. Esto significa que el Gobierno elevará la financiación a Cataluña al 18%, frente al 13% de 2018. A ello se suma, tal como esgrimió ayer Sánchez durante la presentación del candidato del PSC a la Alcaldía de Barcelona, las partidas que recogen un aumento del gasto social. El objetivo del PSOE es atar el respaldo separatista a los Presupuestos con el fin de resistir, al menos, hasta el próximo otoño.

Las contrapartidas del Ejecutivo al independentismo suponen una pésima noticia para la cohesión territorial, en un contexto en el que sigue sin abordarse la renovación del modelo de financiación autonómica. Pero, sobre todo, la claudicación de Sánchez en su actitud mendicante ante ERC y el PDeCAT constituye una humillación para la nación española. Ninguna ley, ni siquiera la de Presupuestos, merece que se ponga en almoneda la soberanía nacional. Sánchez comparó ayer al PP, Ciudadanos y Vox con Bolsonaro, lo que resulta un sarcasmo dicho en la tierra de quien el propio líder socialista calificó de «Le Pen catalán». El mismo al que ahora reclama apoyo. El presidente del Gobierno presentó la moción de censura con el compromiso de convocar elecciones. No sólo no lo ha hecho, incurriendo en un fraude político, sino que sigue sin admitir que pactar con golpistas es una raya roja infranqueable.