IGNACIO CAMACHO-ABC

  • Planteada la moción como mero espectáculo propagandístico, tiene sentido que el Ejecutivo lo aproveche en su beneficio

Sobre la moción de censura de Vox/Tamames ha caído ya demasiada literatura preventiva. Incluida por supuesto la mía. Está casi todo dicho sin que nadie sepa en realidad qué se va a decir allí, ni siquiera cuándo, por mucho que los analistas nos hartemos de especular sobre qué partido o qué líder saldrá del lance favorecido o dañado. Así que, puesto que casi todos coincidimos en que aquello va a ser en cualquier caso un numerito innecesario, lo más sensato parece esperar a partir de ahora a que concluya el espectáculo. Va a haber oportunidades de sobra para juzgarlo. Y dada la naturaleza estrambótica de su planteamiento y de sus protagonistas, mejor no adelantarse a los hechos; puede ocurrir cualquier cosa, incluso nada relevante, por lo que en este momento lo que procede es examinar si la presidenta del Congreso va a cumplir su deber de neutralidad en el manejo de los tiempos. Es decir, si va a fijar la fecha con arreglo a los criterios de interés general o a los del Gobierno.

En este sentido, aunque el reglamento sólo establece un intervalo mínimo de cinco días hábiles desde el registro de la moción, los precedentes son categóricos: el debate y la votación posterior deben celebrarse cuanto antes, o al menos en un plazo razonable. De las cinco ocasiones anteriores, cuatro se sustanciaron de forma prácticamente inmediata, y sólo la de Pablo Iglesias contra Rajoy se demoró algo más de tres semanas. Sucede que hay elecciones a menos de tres meses y es grande la tentación de utilizar la Cámara como plataforma de campaña; la propia iniciativa de Vox contiene una indisimulada y casi exclusiva intención de servirse del Parlamento como caja de resonancia. La gestión de Batet en esta legislatura se caracteriza por un claro sesgo de ventajismo al servicio y conveniencia del Ejecutivo, y ante la proximidad de los comicios hay margen para sospechar que su decisión venga determinada por las necesidades de su partido.

Dicho de otra forma: el día y la hora los va a concretar el gabinete electoral del palacio de La Moncloa. Si Sánchez entiende que le beneficia un trámite rápido, la sesión tendrá lugar a principios de marzo. Si las andanzas del Tito Berni estorban demasiado, la ‘longa manus’ parlamentaria del presidente dilatará a su antojo el calendario para alejarlo lo más posible del escándalo. La institución no cuenta desde el mismo instante en que Vox decidió usarla como mera herramienta para tratar de remontar las encuestas, y el PSOE no va a desperdiciar semejante ofrenda estratégica. La solución honesta sería despachar pronto la cuestión y que cada cual la lidie como mejor sepa o pueda, pero en la farsa política española ya no hay manera de confiar en actitudes medianamente serias. Podríamos conformarnos con que el previsible esperpento no desemboque en la aparición de un cisne negro que acabe volviendo del revés el tablero.