Aunque los objetores de la reforma laboral fueron incapaces de ver más allá, la convalidación del decreto no ha sido a mayor o menor gloria de Sánchez. Es un paso adelante en la recuperación económica y la estabilidad al sistema. Punto. Lo diga Sánchez o lo diga su porquero. Y eso compensa el bochorno por el vodevil del presunto «pucherazo». 

Más aberrante que el error mecánico del diputado Alberto Casero es el inexplicable alineamiento del PP, ERC, PNV, Vox y Bildu contra una regulación pactada por patronal y sindicatos. Eso sí que era un pucherazo. Pero, gracias a una incidencia informática, no prosperó el golpe bajo a la cultura del pacto y el diálogo social. Por tanto, sostengo que el diputado Casero acaba de prestar un impagable servicio al país. 

Mientras los agitadores del «no» se lo hacen mirar, vale la pena celebrar que hemos sorteado los efectos de un eventual frenazo a la nueva regulación del mercado de trabajo. Hubieran sido menos llevaderos que los de la trifulca desencadenada por la torpeza del diputado del PP que falló el penalti en el último minuto por un resbalón informático. 

La incidencia informática no es mejor que la disciplina de partido, el tacticismo de vuelo bajo, la vacante no cubierta o el voto en conciencia 

No es la trifulca lo que desprestigia a las instituciones servidas por una clase política infantilizada. Lo que desprestigia a la clase política, con el consiguiente daño añadido a la imagen de las instituciones, es poner intereses particulares por encima del interés general. Es el caso de quienes, desde los despachos de partido, cometen la petulancia de suplantar a la patronal y los sindicatos cuando toca decidir lo que conviene o no conviene a empresarios y trabajadores.

Los objetores del decreto hablan de «fraude democrático» porque, según ellos, «el resultado no refleja la voluntad de la Cámara». Como si una azarosa incidencia informática fuera de peor o mejor condición que la calculada disciplina de partido, el tacticismo de unos líderes de vuelo bajo, la vacante no cubierta de un escaño de Podemos o el voto en conciencia, a la hora de expresar la voluntad colegiada de 350 individuos. 

¿Alguien está en condiciones de desvelar las motivaciones de los dos diputados de UPN (Sayas y Adanero) para desobedecer a la dirección de su partido, alterar la «voluntad de la Cámara» y alinearse con los enemigos del Estado (ERC, Bildu, Junts, PNV, BNG y la CUP) en su promiscuo amontonamiento con el PP y Vox, contra una reforma laboral pactada por los primeros actores del sistema productivo? 

Si rastreásemos los motivos de cada «sí» o «no», descubriríamos la insoportable levedad del proceso formador de la voluntad de la Cámara 

La máquina registra el voto, pero no pregunta por la motivación. No distingue entre conciencia y error, como el marcador de fútbol no distingue entre penalti mal tirado o el que se falla por resbalón inoportuno del delantero. Así que la eventual anulación de la votación es una batalla legalmente perdida. 

Los objetores dicen que recurrirán al Tribunal Constitucional si la Mesa del Congreso, como es previsible, no les hace caso, pero ¿se imaginan al TC hurgando en el conflicto íntimo del diputado Casero para discernir si su «no» telemático fue un fruto de la torpeza o del libre albedrío? 

Si rastreásemos las motivaciones de los 349 diputados, uno por uno, que votaron «sí» o «no», descubriríamos la insoportable levedad del proceso formador de la voluntad del Congreso, una Cámara compuesta de políticos profesionales en deuda no con los electores, sino con los jerarcas de un partido que los añadieron a una lista electoral cerrada. 

Afortunadamente, no se han salido con la suya. Aunque haya sido de penalti injusto en el último minuto, la sociedad dispone de una herramienta de progreso, clave en la recuperación económica del país, que ya antes de la convalidación venía dando sus frutos.