El Gobierno vasco debe proclamar que no es cierto que la única misión de los políticos vascos sea la de mejorar la posición de Euskadi en España. Es difícil de sostener el discurso de la ciudadanía en una sociedad acostumbrada al privilegio derivado del fuero o del Concierto. Pero, o se habla de ciudadanía y de solidaridad, o la postura del Gobierno es inexplicable. ¡Atrévanse!
Pues verán, se lo cuento en la forma hoy por hoy dominante entre nosotros: resulta que hay por ahí una competencia (la de las políticas activas de empleo) que todavía no se ha transferido a la Comunidad Autónoma Vasca, a pesar de que en términos generales es una competencia de obligada transferencia (tanto es así que ya se transfirió hace tiempo a todas las demás comunidades). Y resulta que hace año y medio llegó a Euskadi un nuevo Gobierno socialista que, en poco tiempo, pactó con el Gobierno central esa transferencia y su correspondiente importe económico en las cuentas de ajuste España/Euskadi (más o menos, 300 millones). Pero héteme aquí que un partido nacionalista reivindica que el importe a transferir es muy superior, nada menos que unos 160 millones más, y que por tanto la postura del Gobierno es de cesión vergonzosa en los intereses del país, puesto que estaría dispuesto a aceptar una competencia «devaluada» o «desvirgada» (mientras que el nacionalista la quiere «inmaculada»).
La argumentación técnico-jurídica del asunto es muy compleja y no voy ni siquiera a intentar resumirla. Porque lo que me interesa no es tanto la argumentación técnica subyacente a una u otra postura cuanto la posibilidad de formular un discurso alternativo al nacionalista, un discurso que explique y justifique la postura adoptada por el Gobierno vasco. Algo que está necesitando a gritos, como es patente, puesto que no cabe duda de que resulta en principio extraño que el Gobierno vasco esté dispuesto a aceptar un trato que es malo para el territorio que gobierna, o por lo menos es peor de lo que podría y debería ser según proclama el nacionalismo. Y, sin embargo, hoy es el día en que no podemos sino constatar la ausencia de ese discurso: el Gobierno se defiende afirmando que los nacionalistas sólo quieren entorpecerle o arrinconarle (lo cual es muy cierto) pero parece incapaz de explicar el porqué de su posición.
Esta carencia discursiva obedece, a mi modo de ver, a una especie de clausura argumental insuperable en todo cuanto se refiera al autogobierno vasco: la de que cuanto más autogobierno, mejor, la de que cuanto más consigamos para Euskadi, mejor, la de que el único objetivo de la autonomía es traer el máximo de recursos al País Vasco y por ello que no hay más objetivo en la actividad del gobernante vasco que el de arramblar con todo lo que se ponga a tiro. Es el cierre discursivo que nace de tomar el ‘territorio’ o el ‘pueblo’ como único valor a considerar, y es un cierre que se ha repetido tantas y tantas veces en estos últimos treinta años que parece hasta algo así como obvio o natural. ¿Para qué está el Gobierno vasco sino para defender los intereses de Euskadi? Precisamente por esa ya secular aceptación acrítica de ese discurso es por lo que el actual Gobierno se encuentra dialécticamente preso en una contradicción flagrante: lo que pide para Euskadi no es el óptimo para Euskadi, luego está malbaratando nuestros intereses.
Sólo existe una forma de salir airoso de esta aparente contradicción, pero implica necesariamente atreverse a romper el cierre o clausura del discurso, exige dar un paso ciertamente atrevido: el de proclamar con argumentos que no es cierto que la única misión de los políticos o gobernantes vascos sea la de mejorar la posición de Euskadi en España, que no es cierto que la única finalidad del autogobierno sea la de atrapar más y más recursos para el País Vasco. Que junto a esa finalidad, que desde luego está vigente, coexisten otras también valiosas que deben tenerse en consideración. Por ejemplo, el interés del conjunto español en constituirse como un Estado federalizado de manera equitativa y razonable, de una manera solidaria y ciudadana.
Lo que estoy diciendo es que el político vasco no puede ignorar ni desconocer el interés del conjunto de España, puesto que es uno de los ámbitos de referencia obligada para él. Que no puede pensar España como si fuera una ‘finca de competencias’ de la que hay que arrancar el máximo posible, pase lo que pase con la finca después. Al igual que tampoco puede pensarse Europa como una cornucopia de fondos de los que sólo interesa atrapar el máximo (así nos va). Y no pueden pensarse así por varias razones: en primer lugar, porque es estúpido e incoherente con la realidad de los tiempos. Estamos en España y no nos es ajeno en absoluto que el conjunto español funcione bien o mal. La idea de que ‘a nosotros nos den nuestros privilegios y derechos y allá los demás con sus problemas’ es propia de tenderos y aldeanos (y que me perdonen los susodichos), no de un gobernante actual que debería ser consciente de la interacción entre todos los niveles de gobierno: más y más autogobierno de uno puede ser al final peor gobierno de todos. Instalar a Euskadi en el privilegio irritante y permanente, convertir nuestro estatus en una discriminación odiosa ante las demás comunidades puede ser rentable a corto plazo (exactamente, 160 millones), pero es una mala inversión de futuro: el sistema conjunto perderá su funcionalidad y emprenderá una carrera de emulación destructiva. Porque no se puede territorializar lo que es interpersonal, así de sencillo.
Pero es que, además (o antes), existe algo que se llama solidaridad o equidad (antes se le llamaba justicia). Al final, por mucho que queramos disfrazarlo hablando de ‘pueblos’, de ‘países’ y de ‘territorios’, de lo que estamos hablando y con lo que estamos tratando es de personas. De ciudadanos cuyos derechos ante las administraciones dependen de la contribución equitativa que todos hagamos para sostenerlos, sin más distinción que nuestras propias posibilidades y riqueza. Pues bien, la postura nacionalista incurre de nuevo en este asunto en la más radical insolidaridad: se persigue, una vez más, que el ciudadano trabajador vasco quede privilegiado frente al ciudadano trabajador español por un trato de favor que no se fundamente en razón válida alguna, salvo la de unos etéreos ‘derechos históricos’ que interpretan a su modo y manera.
Naturalmente que es difícil de sostener el discurso de la ciudadanía en una sociedad acostumbrada durante siglos al privilegio derivado del fuero o del Concierto. Choca con asunciones arraigadas y choca con el discurso que los mismos socialistas (y populares) han sostenido una y otra vez. Pero, o se habla de ciudadanía y de solidaridad, o la postura del Gobierno es inexplicable. ¡Atrévanse!
José María Ruiz Soroa, EL CORREO, 4/9/2010