EL MUNDO – 17/07/15 – EDITORIAL
· Mientras ayer Artur Mas sonreía y estrechaba la mano al Rey en el palacio de La Zarzuela y aseguraba que venía a la capital «en son de paz», Francesc Homs, consejero de presidencia y número dos del presidente de la Generalitat, manifestaba que el Gobierno de Cataluña «no acepta que la legalidad son los otros, España» (sic).
Es decir, que la legalidad vigente en España no rige en Cataluña, porque, según las palabras del consejero de Mas, es «otro» país. Homs afirmó que lo importante es «la legitimación democrática» que emana de la voluntad de los catalanes, ignorando que la Constitución coloca la soberanía en todos los ciudadanos españoles y no en una parte. Y por último dejó meridianamente claro que, si los nacionalistas tienen mayoría absoluta, proclamarán la independencia y harán una ley de transitoriedad para desconectarse con España. Si se supedita a las leyes vigentes, «Cataluña nunca será libre», concluyó Homs.
Las palabras del conseller de Presidencia del Gobierno de Mas convierten en una farsa la visita de ayer al monarca, que formaba parte de la ronda de encuentros de Felipe VI con los dirigentes autonómicos. Nada se puede reprochar al jefe del Estado, que estuvo en su papel. Su gesto de seriedad revela la distancia con el presidente de la Generalitat, que ayer se esforzó en mostrarse correcto y respetuoso en Madrid mientras la persona de su máxima confianza daba una patada a la mesa lanzando el ofensivo discurso –dirigido a su clientela– de que España es una nación opresora que no permite ejercer su libertad a Cataluña.
Lo cierto es que desgraciadamente la actitud de Homs refleja mucho más lo que está sucediendo que la falsa pleitesía de Artur Mas, que ha suscrito un acuerdo con Oriol Junqueras para convertir las elecciones del 27 de septiembre en un plebiscito con una lista única.
Los propios nacionalistas se jactan de haber urdido una estrategia para engañar al Estado español y para proclamar unilateralmente la independencia sin dejar margen ninguno de negociación al Gobierno y las instituciones.
Soraya Sáenz de Santamaría advertía ayer que el Ejecutivo impugnará cualquier decisión de la Generalitat contraria a la legalidad. Como declaración de principios, la afirmación resulta válida. Pero es insuficiente si tenemos en cuenta que Mas está a punto de convocar unas elecciones para legitimar la hoja de ruta que conduce a «la desconexión» con España.
La realidad es que los nacionalistas han ido cruzando una serie de líneas rojas como la ilegal consulta de noviembre sin pagar coste alguno por ello. El Estado sigue financiando la aventura secesionista, la Generalitat no acata las sentencias del Constitucional y Mas da un paso tras otro para romper con absoluto desprecio de la legalidad. Ha llegado el momento de plantarle cara con todos los poderes y los recursos legales de los que disponen las instituciones. Dialogar siempre es positivo, pero desgraciadamente el órdago de Mas exige una respuesta que le haga meditar sobre las consecuencias de sus actos.