EL MUNDO – 16/07/15 – VICTORIA PREGO
· Asombra que, tras el anuncio de los independentistas de aprobar, si ganan las elecciones del 27-S, toda una batería de leyes que rompen de cuajo la legalidad constitucional, el Gobierno, por boca de su ministro de Justicia, se haya limitado a afear que las califiquen de plebiscitarias y que partidos tan distantes ideológicamente como CDC y ERC se unan «sólo para defender la independencia de Cataluña» y abandonen todo lo demás.
Asombra porque el desafío planteado es de la máxima envergadura y los proyectos que abrigan sus autores están destinados a dinamitar la presencia del Estado en esa comunidad, además, por supuesto, de borrar cualquier trazo de sombra de España en el ánimo de los catalanes. Y no puede esperar el Gobierno a que en la convocatoria de esas elecciones se cometa un desliz que le permita impugnarla ante el Tribunal Constitucional, porque eso no sucederá. Será una convocatoria correcta en fondo y forma porque lo que les importa a sus promotores es que haya elecciones. Lo grave es lo que van a hacer después. Si ganan, claro.
¿Cómo va a enfrentarse el Gobierno a esas leyes que pretenden aprobar en Cataluña, como la de constitución de una Hacienda propia o una Seguridad Social exclusivamente catalana? Cierto que esas instituciones y los mecanismos que las sustentan no se ponen en pie en tres días ni en seis meses, que es el plazo que Mas y Junqueras se han dado para declarar la independencia de forma unilateral.
Pero, ¿es que va a descansar en los hombros de cada uno de los ciudadanos que viven en Cataluña la decisión personal de no pagar el IVA a la Agencia Tributaria y depositarlo en el organismo independentista? ¿O va a depender de cada una de las empresas catalanas el pagar o no pagar a la Seguridad Social del Estado las cuotas correspondientes de sus trabajadores? Porque que los independentistas van a hacer todo lo que dicen no hay que dudarlo. La cuestión está en saber en qué momento y con qué procedimientos de hecho se les van a parar los pies para evitar que Cataluña acabe siendo una jungla donde domine la inseguridad jurídica más terrible y demoledora.
Podríamos, sí, augurar una derrota de esa lista única con políticos entreverados con ciudadanos que no se dedican a la política, aunque a primera vista no lo parezca. Ése sería el resultado lógico de una apuesta tan insensata. Pero es que al otro lado de la línea no se atisba ninguna fuerza con el suficiente vigor político como para convocar con eficacia a esa mayoría de catalanes que no quieren separarse de España. Y el drama de estos electores es que no tienen unas siglas nítidas en las que depositar su voto con determinación y con la seguridad de que se va a impedir a tiempo esta feria grotesca y suicida.