Urkullu no mira con buenos ojos el paraíso fiscal

El lehendakari de todos los vascos intervenía en el Foro de Nueva Economía para mostrar su preocupación por la estrategia de dumping fiscal o la conversión de algunas  comunidades en paraísos fiscales. No es el caso del Cupo, cuyo carácter defendió Urkullu con mucha convicción argumentando que el sistema de Concierto y Cupo no es un privilegio sino la compensación por un riesgo unilateral.

El lehenda no acaba de ver que la presidenta de Madrid haya anunciado una rebaja de 0,5 puntos del IRPF y la supresión de los impuestos propios, lo cual lleva a una paradoja notable: que uno de los máximos valedores de la autonomía se la niegue en la práctica al resto de los territorios. Sostiene Urkullu que Ayuso practica un modelo ideológico que “conduce a menor recaudación, menor ingreso y menor capacidad de gasto”. Tenemos comprobado que esto no es siempre así, que la rebaja en los impuestos puede conducir a mayor recaudación, que el dinero que se ahorran las familias genera actividad económica. Sin embargo, es preciso reconocer que un menor ingreso lleva aparejada una menor capacidad de gasto, es triste pero es así la vida.

No hay mayor inconveniente para que el Gobierno vasco rebaje los impuestos a la peña, que se armonicen, un suponer, los salarios de la Ertzaintza con los de los Cuerpos de Seguridad del Estado, notablemente más bajos o que el propio lehendakari se rebaje el sueldo. Isabel Díaz Ayuso, no es por señalar, gana 5.000 euros menos de lo que ganaba Esperanza Aguirre. Pero es que el dumping fiscal no puede pillarle de nuevas al Gobierno  vasco: Ardanza impuso en los años 93-94 las vacaciones fiscales para las empresas que se establecieran en el País Vasco. Las Comunidades limítrofes de La Rioja y Cantabria se quejaron de que esas medidas incentivaban la deslocalización y que ellas carecían de sistema de Concierto. La Unión Europea declaró las medidas ilegales e incompatibles con el Tratado Comunitario. En 2017, tras un pacto de presupuestos del PNV con el PSE y el PP, las haciendas vascas rebajaron el tipo nominal del Impuesto de Sociedades del 28% al 24%.

José Mª Ruiz Soroa, que se ha trabajado mucho el tema, publicó en 2017 un artículo en El País titulado: ‘El Cupo vasco es inconstitucional’, en el que mostraba divertida perplejidad ante los cálculos que llevaban a determinar el Cupo y la opacidad de los mismos. Todas las comunidades españolas deberían tener una financiación per cápita similar. Así lo creen expertos tan reputados como Ignacio Zubiri, Angel de la Fuente y Carlos Monasterio, que sostienen que las instituciones vascas gozan de una financiación por habitante que supera el doble de las comunidades del régimen común. El argumento de que esto no es un privilegio, sino una prima por el riesgo unilateral: si Euskadi se empobreciese, no podría reclamar la solidaridad del resto, hipótesis de probabilidad próxima a cero.

Ah, el Cupo. Javier Olaverri, que fue parlamentario de Euskadiko Ezkerra, se hizo en la segunda mitad de los 80 con un cuaderno en el que los negociadores del PNV habían hecho los cálculos del Cupo durante su viaje a Madrid para negociarlo. Era un cálculo al revés: partía de la cifra que estaban dispuestos a pagar y remontaba hasta encontrar los números adecuados. Así deben de hacer los crucigramistas. “Estos tíos habían aprendido contabilidad en la reputada escuela de Sokoa”, escribía Olaverri y nos lo advertía una portada de la revista ‘Por Favor’: “Nos van a dar por el cupo”.