El consejo de administración de Ferrovial ha propuesto la fusión inversa de la matriz y Ferrovial International, S.A. neerlandesa propietaria del 86% de los activos de la compañía. La fusión comportará el traslado del domicilio social de Ferrovial a Países Bajos.

Los argumentos del consejo de administración de Ferrovial para la fusión (que debe ser aprobada por la junta de accionistas) son tanto empresariales como políticos. Ferrovial pretende cotizar en España pero también en Estados Unidos, donde la compañía cree que existen mayores posibilidades de negocio y de crecimiento.

De hecho, el 82% de los ingresos de Ferrovial, la tercera mayor constructora española tras ACS y Acciona, procede hoy de fuera de España y el 93% de sus inversores institucionales son extranjeros.

Pero el argumento más revelador de Ferrovial ha sido el de que Países Bajos es el país elegido mayoritariamente por las empresas con una fuerte presencia tanto en Europa como en Estados Unidos por su calificación crediticia AAA y su «marco jurídico estable».

Que España carece hoy de un marco jurídico estable para sus empresas es una trágica obviedad. Y no es por tanto aventurado suponer que el clima político generado por Podemos desde el Gobierno, clima que Pedro Sánchez ha aceptado con complacencia, cuando no promovido de forma irresponsable demonizando a las empresas y a los empresarios, ha tenido bastante que ver en la decisión de Ferrovial.

La presión contra bancos y energéticas; el ‘impuesto a los ricos’, en realidad un castigo a los profesionales de éxito; la política fiscal y laboral del Gobierno; las constantes subidas del salario mínimo; la inestabilidad generada por los intentos de Podemos de imponer un marco intervencionista similar al de los populismos latinoamericanos; y la satanización de la generación de beneficios, procedan de donde procedan y sea cual sea su contexto, no han contribuido a generar un clima atractivo para las empresas.

Añádase a ello la existencia de 17 estructuras burocráticas distintas y los continuos esfuerzos del Gobierno por sabotear a aquellas comunidades como Madrid o Andalucía que eliminan obstáculos regulatorios, impuestos confiscatorios o muros administrativos, y concluiremos que la decisión de Ferrovial es tan razonable como comprensible.

Pero España no puede permitirse que sus grandes empresas huyan del país a la búsqueda de mercados menos intervencionistas y más amables con aquellos que generan empleo y riqueza. Sobre todo cuando la UE es un mercado abierto y en el que cualquier empresa puede trasladar su domicilio social sin mayores problemas.

Lo peor que le podría pasar a España es que sus mejores empresas empezaran a huir del país siguiendo los pasos de Ferrovial. Y el hecho de que la constructora de los hermanos Del Pino no haya querido ni siquiera esperar a las elecciones generales, donde cabe la posibilidad de que llegue a la Moncloa un gobierno más receptivo a los intereses del sector empresarial, indica que la fe de algunos empresarios en la posibilidad de que España deje de ser un país sociológicamente reacio al capital es muy baja.

Huelga decir que el Gobierno debe hacer todo lo posible no sólo para que Ferrovial reconsidere su decisión, sino para generar un marco político, fiscal y laboral que haga que nuestro país conserve a sus empresas y atraiga a las que hoy se instalan en países como Irlanda o Países Bajos. La elección es sencilla: o Podemos e intervencionismo, o empresas y prosperidad.