A principios del siglo XX, Marruecos era un estado constituido desde antiguo que fue agredido por el colonialismo francés y español. Con la excusa de que estaba atrasado o en decadencia, se le impuso un ‘protectorado’, como esos menores de edad a los que se pone bajo la tutela forzosa de un adulto. Como es lógico, los marroquíes se resistieron e hicieron falta más de veinte años de guerras para someterles por completo, pero menos de treinta años después recuperaron su independencia.

Este debería haber sido el final de la historia, pero la independencia no significó que los marroquíes consiguiesen el control de su propio país. En el interior, el sistema de gobierno se mantuvo formalmente democrático, pero en la práctica es una monarquía absoluta que trata al país y a sus habitantes como propiedad patrimonial de la dinastía alauita. En el exterior, los reyes de Marruecos intentaron ampliar su patrimonio apoderándose de amplios territorios bajo coartada de anticolonialismo. Este proyecto fracasó porque encontró una oposición generalizada. Las reclamaciones territoriales contra Mauritania, Senegal, Mali y Argelia tuvieron que archivarse.

Únicamente en el caso saharaui los reyes de Marruecos lograron su objetivo por una serie de circunstancias excepcionalmente favorables. La Guerra Fría dividió a los países árabes, con los prooccidentales apoyando a Marruecos. Estados Unidos también le respaldó porque Argelia -prosoviética- apadrinaba a los saharauis. El dictador Franco se aferró a su última colonia africana hasta el final y, cuando agonizaba, el Gobierno español quedó paralizado. Entonces Hassan II de Marruecos, padre del monarca actual, lanzó su Marcha Verde para coaccionar a los ministros de Franco y obligarles a ceder.

El problema jurídico para Marruecos es que un mes antes de la Marcha Verde el Tribunal de La Haya había dictaminado en su contra desmantelando sus argumentos historicistas. La Organización para la Unidad Africana -actualmente, Unión Africana- reconoció a la República Saharaui como estado miembro. También es relevante que el grueso de la población saharaui se resistiese enérgicamente, haciendo necesaria una larga guerra de conquista que Marruecos solo pudo ganar mediante una abrumadora superioridad numérica apoyada en la construcción de larguísimos muros defensivos. Así se repite la historia, con Marruecos haciendo el papel de potencia colonial y los saharauis el de marroquíes colonizados por un poder militar superior.

Jurídicamente, por mucho que le escueza al Gobierno marroquí, su dominio del Sáhara es una ocupación militar ilegal, de manera que estaba cantado que la Justicia europea iba a tumbar los acuerdos comerciales y pesqueros firmados a finales de 2018 que incluían el territorio conquistado como parte legítima del territorio del conquistador y por el que encima se le pagaban fuertes sumas por los derechos de pesca. Según la sentencia que acaba de dictar el Tribunal General de la UE a raíz de dos recursos del Frente Polisario, Marruecos no ha consultado a los saharauis su conformidad con ese compromiso como, a su juicio, debería hacer al considerarles un tercer actor con voz propia en cualquier acuerdo entre Bruselas y Rabat. Pero es improbable que acepte hacerlo porque tampoco consulta a los marroquíes. Es cierto que hace poco hubo elecciones en Marruecos, pero todo el proceso es una farsa y el rey conserva de facto casi todo el poder por encima del Parlamento y del Gobierno.

Mohamed VI se enfadará con el fallo y nos causará problemas. Pero ¿qué más da? Siempre lo hace de todas formas. Los diferentes gobiernos españoles de todo signo han buscado esquivar el enfrentamiento para evitar los inconvenientes a corto plazo, que son muchos y de cierta consideración, pero esa estrategia cortoplacista nos ata a un país que se comporta como nuestro enemigo -y el enemigo de casi todos sus vecinos también-, de manera que mientras no cortemos ese lazo no tendremos la libertad de acción necesaria para forzarle a zanjar los temas pendientes a nuestro favor.

El verdadero problema de esta sentencia es que crea un vacío peligroso porque la UE no reconoce a la República Saharaui. Además, el sistema político de los saharauis es de facto una dictadura de partido único. ¿La UE reconocería a la República Saharaui como estado soberano? ¿Le exigiría elecciones libres como precio por el reconocimiento? ¿Negociaría con ella un tratado pesquero? Y, en tal caso, ¿estaría dispuesta a enviar naves de guerra para proteger a nuestros pesqueros contra los marroquíes? Si las respuestas son negativas, no vale para nada la resolución judicial.

No tiene sentido lanzar sentencias si no existe la voluntad de hacerlas cumplir. Así pues, ¿qué va a hacer la UE cuando esta sea firme y vinculante, y Mohamed VI tome represalias?