Alejo Vidal-Quadras-Vozpópuli

  • Las elecciones del 29 de noviembre adquieren un significado trascendente

En las últimas seis décadas, España ha sufrido tres ataques potencialmente letales contra su orden constitucional, su arquitectura institucional y su misma existencia. El primero fue el de la banda terrorista ETA, la organización independentista y marxista vasca. Su primer zarpazo tuvo lugar durante el régimen autoritario del general Franco, el 7 de junio de 1968, cuando el guardia civil de tráfico José Antonio Pardines fue asesinado en Guipúzcoa por el etarra Javier Etxebarrieta. A este crimen siguieron otros muchos en los que perdieron la vida a manos de estos carniceros periodistas, policías, militares, empresarios, políticos y ciudadanos de a pie incluyendo mujeres y niños en un despliegue de crueldad inhumana, por no mencionar los secuestros, extorsiones y amenazas. En total, a lo largo de cincuenta años ETA mató a ochocientas cincuenta y tres personas e hirió a dos mil seiscientas, algunas de ellas de extrema gravedad con resultado de mutilación o incapacidad permanente. La banda pudo terminar su actividad al aprobarse la Ley de Amnistía 46/1977, pero, pese a la llegada de la democracia, siguió empecinada en su siniestra tarea hasta su disolución en mayo de 2018. El propósito de esta insania maligna era la separación del País Vasco de España y la constitución de una república comunista que comprendiese las tres provincias españolas de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, Navarra y los territorios franceses de Labort, Baja Navarra y Sola, es decir, la liquidación de España como Nación.

El segundo fue el golpe de estado fallido del 1 de octubre de 2017 cuando un gobierno y un parlamento controlados por los separatistas, tras impulsar una serie de leyes inconstitucionales destinadas a desgajar Cataluña de España, organizaron un referéndum ilegal de autodeterminación. Esta barbaridad desembocó en la suspensión de la autonomía catalana y el juicio y posterior condena de los responsables. El presidente de la Generalitat de aquel momento, Carles Puigdemont, huyó para ponerse a salvo y ha residido en Bruselas desde entonces. La finalidad de esta operación disparatada era también el despedazamiento de la matriz histórica, jurídica y cultural común para alumbrar una nacioncilla inventada de carácter totalitario.

El tercero ha sido la reciente invasión de Ceuta por una turba de cien mil personas violando nuestra frontera auspiciada por Marruecos. Se estima que hoy permanecen todavía en la ciudad unos quince mil invasores, de los cuales una parte se alojan en campamentos improvisados y otra se encuentra dispersa por los montes aledaños u oculta en pisos patera. El objetivo de esta maniobra de guerra híbrida realizada por un vecino hostil es asimismo arrebatar a España una porción de su territorio. Ante esta fechoría, el Gobierno de España ha agradecido a Marruecos su colaboración y no ha tomado ninguna mediada efectiva en los campos militar, diplomático o comercial para responder a un abuso de esta magnitud.

Un acto de justicia

Estas tres agresiones a nuestra Nación con la pretensión de liquidarla han contado con la colaboración activa del Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez. En el caso de ETA, la necesidad de contar con su brazo político, Bildu, para configurar una mayoría en el Congreso, lo ha convertido en socio preferente del Gobierno, lo ha blanqueado y legitimado políticamente y ha motivado el traspaso de la administración penitenciaria a la Comunidad Autónoma Vasca, con la consiguiente excarcelación o concesiones de tercer grado a presos cumpliendo sentencia por gravísimos delitos.

La nefanda Ley de Amnistía 1/2024, a todas luces inconstitucional y validada por un Tribunal al servicio impúdico del Gobierno, ha extinguido los delitos asociados al golpe de octubre de 2017, permite el regreso del prófugo de Waterloo a España y representa un claro estímulo para que los rebeldes repitan su hazaña.

Todo lo anterior pone de relieve la traición sistemática de Pedro Sánchez a la Nación que prometió proteger y defender con lealtad al Rey y cumplimiento estricto de la legalidad vigente. Desde esta perspectiva, las elecciones del 29 de noviembre adquieren un significado trascendente, serán un acto de justicia en el que los españoles dictarán condena contra un enemigo que tenemos dentro y que ha colaborado entusiásticamente con los que nos acechan, tanto en el interior como en el exterior, con tal de mantenerse en el poder.   En cuanto a los millones de votantes que, según las encuestas, se disponen a dar su apoyo, incluso con la nariz tapada e imbuidos de su patriotismo de siglas y de su rechazo visceral a la alternativa, a semejante felón, deben saber que su papeleta en favor del PSOE les convierte en cómplices de sus vilezas y en colaboradores de su deletérea labor de destrucción de España. Todavía están a tiempo de recobrar la lucidez y rectificar.