Jesús Cacho-Vozpópuli

  • Es más necesario que nunca que los ciudadanos acudan en masa a votar en defensa de nuestra maltratada democracia, de nuestras libertades.

«España no lidia por los Borbones ni por los Fernando; lidia por sus propios derechos, derechos originales, sagrados, imprescriptibles, superiores e independientes de toda familia o dinastía. España lidia por su religión, por su Constitución, por sus leyes, sus costumbres, sus usos, en una palabra, por su libertad, que es la hipoteca de todos y tan sagrados derechos». Es parte de la larga carta que Gaspar Melchor de Jovellanos escribió en septiembre de 1808 y en Jadraque, Guadalajara, al conde de Cabarrús, a la sazón ministro de Hacienda de José I. El ex rey de Nápoles, recién llegado al trono de España, ha ofrecido a Jovellanos, por intermedio de su gran amigo Francisco Cabarrús, convertirse en ministro del Interior, oferta que el ilustrado rechaza de plano escandalizado tras los sucesos de Bayona. «Así pues, por un tratado firmado y ratificado, he cedido a mi aliado y caro amigo el Emperador de los franceses todos mis derechos sobre España e Indias; habiendo pactado que la corona de las Españas e Indias ha de ser siempre independiente e íntegra (…) Dado en Bayona en el palacio imperial llamado del Gobierno a 8 de mayo de 1808. Yo, el Rey. Al Gobernador interino de mi consejo de Castilla». Y casi en paralelo (medianoche del 5 de mayo), también en Bayona, Fernando entregaba a Napoleón copia de la carta que se disponía a enviar a su padre, el rey Carlos IV, devolviéndole el trono de España que le había usurpado tras el motín de Aranjuez y la caída de Godoy (marzo de 1808) y renunciando a sus derechos sucesorios al trono de España a cambio de una pensión alimenticia de 500.000 francos, una renta de 600.000 y un castillo en Valençay propiedad de Talleyrand, ministro de Napoleón. Parecía el último clavo en el ataúd de una dinastía «ejemplo de familia real envilecida, apagada y destruida» al decir de un periódico londinense de la época. La rendición de Carlos IV y su hijo Fernando ante Napoleón en Bayona ha sido considerada como uno de los episodios más sórdidos y humillantes de la historia española. Más de 200 años después, la concesión de la amnistía para los golpistas catalanes condenados en sentencia firme es valorada como un ejemplo paralelo de envilecimiento y corrupción política equiparable a las abdicaciones de Bayona. En 2023, Pedro Sánchez se compró la presidencia del Gobierno pagando los 7 votos de Junts con el honor de la nación española.

Los sucesos de Bayona dieron ocasión en su tiempo a un debate jurídico-político entre la idea de la Corona como un derecho patrimonial del monarca -lo que permitía a los Borbones ceder el trono a los Bonaparte- frente a la idea de la soberanía de la nación sobre los derechos dinásticos, la bandera que movilizó a los patriotas españoles contra Napoleón. Jovellanos rechaza que la lucha se reduzca a defender a Fernando VII frente a Napoleón, sosteniendo que España combate por sus propios derechos que son «originales, sagrados, imprescriptibles, superiores e independientes» de cualquier familia reinante. «Este pueblo no quiere ser esclavo, pero tampoco aspira a una libertad perniciosa, y si tal vez se irrita contra la dureza del freno, nunca resiste la blandura del cabezal. Reconózcase bien gobernado y él vivirá tranquilo», escribe al afrancesado Cabarrús. Con la aprobación (177 votos contra 172) por el Congreso de la Ley Orgánica de Amnistía, el 30 de mayo de 2024, Sánchez quebranta la Constitución, desacredita al poder judicial, degrada a la nación y la pone en manos de sus peores enemigos, los separatistas. El jueves tuvimos conocimiento de la cara oculta de esta luna de sangre. Entrevistado por el diario El Mundo, Carles Puigdemont reveló que para ser presidente del Gobierno, Sánchez entregó a Junts todo lo que le pidieron, todo con la misma liberalidad, la misma ignominiosa dejación con la que los Borbones pusieron el trono de España en manos de Napoleón Bonaparte. «Es que había dicho explícitamente que no. Es más, Salvador Illa, presidente de la Generalitat hoy, dijo dos veces: ‘No va a haber amnistía ni nada de eso’. Y lo repito para que quede claro. ¿Cómo te puedes imaginar que esta gente va a ser capaz? Bueno, han demostrado que son capaces de esto y más. Por eso, de alguna forma nosotros nos hemos aprovechado de esta ambición desmedida de poder para inflingir (sic) algunas derrotas de España que no habríamos podido llevar a cabo. En definitiva, nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España». Derrotar a España.

¡Y booooom…! De repente la vida política española saltó por los aires un jueves de noviembre. La amnistía fue el acto fundacional de esta legislatura, y la amnistía la cierra con broche de ignominia y escándalo. Lo sabíamos, pero faltaba la confesión del beneficiario: aquello fue una estafa en toda regla, la concesión de la impunidad para los golpistas a cambio de los 7 votos que necesitaba para ser presidente. Impunidad a cambio de escaños. El propio sujeto ha reconocido estos días que fue una decisión política para evitar un gobierno de PP y Vox. «Hice de la necesidad virtud». Era tanta su «necesidad» que hasta les concedió el privilegio de redactar los puntos críticos de la susodicha Ley. «Les pedíamos de todo y nos decían a todo que sí, no nos lo creíamos». «Yo quería tener una conversación normal con alguien a quien has hecho primer ministro…».  Pero el precio de esa afrenta no lo ha pagado Sánchez, sino los ciudadanos españoles con la más valiosa de nuestras prerrogativas: la igualdad ante la ley, columna vertebral del Estado de Derecho. Sánchez dispone de ese Estado de Derecho ante el separatismo con la misma liberalidad con la que Carlos IV y su hijo subastan el trono de España ante la familia Bonaparte. Es la venta de España doscientos y pico años después.

El gijonés se puso de inmediato al servicio de los defensores de la independencia frente al invasor napoleónico, sosteniendo que las reformas modernizadoras que perseguían nuestros ilustrados y que estaba reclamando a gritos la España atávica de entonces nunca debían suponer una supeditación a los intereses de Francia, sino que debían nacer de la propia nación española, y califica a los afrancesados -algunos intelectuales de la época convencidos de que solo Napoleón podía rescatar a España de su atraso secular (Moratín, Lista, Meléndez Valdés y otros)- como «apóstatas de la patria». Sánchez sería uno de esos apóstatas de la patria. Peor aún porque, al fin y al cabo, aquellos buscaban un bien para el país, mientras que este aventurero solo persigue su propio beneficio. Jovellanos afea con palabras dramáticas el entreguismo de su amigo Cabarrús a los intereses de Bonaparte: «¿Por ventura no tiene Vm. una patria? ¿Y cuál será ésta sino la que le acogió en el desamparo de sus primeros años, la que le dio una familia, un estado, una fortuna, unos amigos y una reputación distinguidos? ¿Y no reconocerá Vm. ninguna obligación hacia esta patria tan generosa? ¿Ninguna prenda que le haga interesarse en su libertad y en su gloria? Vm. pretende hacerse, o más bien hacernos, ilusión cuando dice que en el partido que sigue ve la única tabla en que esta Patria puede salvarse, pero ¿qué es lo que Vm. entiende por Nación en esta horrible frase? ¿Puede entender otra que los españoles, que son sus conciudadanos? ¿Y puede Vm. dudar de sus sentimientos? ¿No ve que quieren morir antes que ser esclavos de un tirano que los ha engañado y escarnecido? ¿Y no tendrán otra salvación que sufrir sus cadenas?»

El ilustrado asturiano rechaza el reformismo impuesto por las bayonetas de las tropas del mariscal Murat al servicio de ‘Pepe Botella’, porque cree que la patria dispone de resortes morales bastantes para protagonizar ella misma su modernización. Y escribe en Jadraque: «Pues ¿qué? ¿España no sabrá mejorar su Constitución sin auxilio extranjero? Pues ¿qué? ¿No hay en España cabezas prudentes, espíritus ilustrados capaces de restablecer su excelente y propia Constitución, de mejorar y acomodar sus leyes al estado presente de la nación, de extirpar sus abusos y oponer un dique a los males que la han casi entregado en las garras del usurpador, y puesto en la orilla de su ruina?». La confesión de Puigdemont es un baldón terrible para cualquier ciudadano con un cierto sentido de la dignidad, para cualquier español que se respete un poco a sí mismo. Es un testimonio que nos interpela a todos, porque todos hemos consentido que un vulgar bandolero haya arruinado con impunidad nuestra democracia y la haya degradado hasta hacerla irreconocible. Durante años hemos consentido todo tipo de desafueros por parte de un vulgar traidor, hemos mirado hacia otra parte frente a la ambición y el interés personal de un solo hombre. Un aventurero que ha gozado y goza de apoyos extraordinarios, empezando por muchos de nuestros ricos, caso del heroico capitalismo madrileño (más que español), siempre dispuesto a ponerse al lado del sol que más caliente en tanto en cuanto le sonría la cuenta de resultados. Ellos han tragado más que ningún otro estamento con las trapacerías del delincuente, mientras se enriquecían a calzón quitado. Sánchez es el paladín de ese socialismo empobrecedor que no crea riqueza porque solo sabe repartir miseria entre un ejército de pobres dependientes de la munificencia del Estado. Actualmente hay 2,4 millones de perceptores del SMI, 2,8 millones de beneficiarios del ingreso mínimo vital y 500.000 de pensiones no contributivas. Cerca de 6 millones de electores cuya nómina, de manera directa o indirecta, está ligada a decisiones discrecionales adoptadas por el Gobierno Sánchez (Francisco Pascual en El Mundo). Más cientos de miles de personas cuyos cargos -los garbanzos- dependen del impostor. De modo que es casi imposible que el PSOE, que en julio de 2023 tuvo 7,8 millones de papeletas, pierda votos; antes bien, con Sumar (otros 3 millones) en caída libre, no es aventurado suponer que crecerá. Es el Estado clientelar del que vive el socialismo. Es el «ejército de pobres» sin el cual el socialismo no podría existir.

Ningún político decente, en una sociedad mínimamente sana, podría resistir un batacazo como el que Puigdemont ha propinado a Sánchez. El jueves, un camión pasó por encima del yerno de Sabiniano: en cualquier democracia al uso estaría muerto. «Les pedíamos de todo y nos decían a todo que sí, no nos lo creíamos». Es cierto que el de Junts lo dejó listo para el descabello, esa suerte taurina que el mismo jueves Núñez Feijóo ejecutó con maestría, pero el autócrata sigue bailando en los mítines, enarbolando incluso la bandera de una España a la que este renegado vende por cuatro de pipas, mientras la ciudadanía sigue pagando impuestos para que los miembros de la banda, con los Zapatero y Cerdán al frente, se lo gasten en fulanas en Waterloo con otro mafioso de la independencia. El país debería estar hoy en la calle, camino todos de la Moncloa para sacarlo de allí por las orejas. Porque esto ya no tiene nada que ver con las reglas de la democracia, con lo que hemos visto, leído y estudiado sobre el Estado de Derecho: esto tiene que ver con la necesidad imperiosa que tenemos de defendernos frente a las maquinaciones de una banda de malhechores. Al final de su carta, Jovellanos anticipa a su antiguo amigo el negro futuro que le espera por su traición a la patria, preguntándose dónde irá a dar con sus huesos tras la derrota del invasor. «¿A España? Pero España no querrá ni deberá recibir al hijo espurio e ingrato que pretendió devorar sus entrañas. Sus amigos mismos le vomitarán y llorarán avergonzados de haber tenido este nombre. Desconocido de la nación que vendió y abandonó, y de la que ya no le querrá recibir, Vm. vagará errante, sin familia, sin patria, sin amigos, y en el fuego de su imaginación y en la claridad misma de su razón hallará todos los estímulos que le arrastren a toda la rabia y furor del despecho».

Al apóstata debería esperarle un futuro ineludible en el banquillo de los acusados por lo que a todas luces parece un delito de alta traición recogido en el Código Penal (art. 581 a 588) y al que también alude la CE (art. 102) al regular la responsabilidad penal del presidente ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. A él y a unos cuantos más, por ejemplo, a los miembros del Constitucional (Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán, Ramón Sáez, María Luisa Segoviano, María Luisa Balaguer y Laura Díez) que avalaron con su firma la felonía. El sujeto acaba de manifestarse convencido de que su «proyecto político» continuará cuatro años más. Y advierte: «Si no es de una manera, pues será de otra» (sic). Pocas bromas con la amenaza de un capo mafioso. No sabemos lo que ocurrirá esta semana, pero sería raro encontrar hoy domingo, 22 de noviembre, a un español que no esté preocupado, o simplemente asustado, por lo que esta semana nos pueda deparar Sánchez. Con lo que hoy sabemos, nadie puede albergar a estas alturas la menor duda de que si el sátrapa lograra formar Gobierno tras el 29-N, España se encaminaría definitivamente hacia una dictadura sin paliativos. Por eso es más necesario que nunca que los ciudadanos se movilicen y acudan en masa a votar en defensa de nuestra maltratada democracia, lo que es tanto como decir, de nuestras libertades. Se trata de desalojarlo de La Moncloa para poder gozar de la oportunidad de construir un país sano, un país en el que quepa no la mitad de los españoles, como hasta ahora, sino todos o, en su caso, la inmensa mayoría. El día 29 España no va a lidiar por los Borbones ni por los Fernando, sino por sus libertades.