Tonia Etxarri, EL CORREO, 30/4/12
Dirigentes del PP le piden al titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, que se concentre «en la disolución» de ETA
Difícilmente se llegará a una conclusión unívoca sobre cómo se gestó el plan de reinserción de los presos de ETA que, de forma tan heterodoxa y atropellada, dio a conocer la pasada semana el ministro del Interior. La tormenta ya ha pasado pero ha dejado secuelas. Jorge Fernández Díaz , que logró sorprender más a propios que a extraños cuando anunciaba su intención de suavizar ciertos aspectos de la política penitenciaria para que los terroristas de las cárceles empiecen a moverse sin miedo a represalias de la banda, se ha pasado las últimas horas pidiendo disculpas a sus compañeros de Gobierno y de partido, al más alto nivel. Pero lo que se descarta, a estas alturas, es que vaya a dar marcha atrás. Cuenta con el apoyo del Partido Socialista y del PNV pero necesita recuperar la complicidad del presidente del Ejecutivo y de sus interlocutores vascos que, en una primera ronda de reacciones y, sin disimular su incomodo, se limitaron a subrayar que no existía un cambio sustancial en la política penitenciaria.
Tanto el presidente del Gobierno como Antonio Basagoiti adoptaron esta actitud para evitar que se propagase el fuego que había provocado el titular de Interior. Pero si, hasta la fecha, los presos que se habían acogido a la ‘vía Nanclares’ (repudiados por ETA que los consideraba unos «traidores») habían pasado por el trámite de pedir perdón ante las autoridades penitenciarias para acogerse al acercamiento a las cárceles próximas a sus domicilios, y ahora este requisito no va a ser necesario, el cambio existe.
Por lo tanto, ante el desconcierto de los suyos y el marcaje de las víctimas del terrorismo –incluida la influyente Ana Iribar, viuda de Gregorio Ordóñez–, el ministro del Interior tendrá que transmitir un mensaje contundente. «Que se concentre en la disolución de la banda», le piden desde su partido que ven en esta torpe maniobra el riesgo de que el Gobierno transmita la imagen de debilidad ante las presiones del mundo de la izquierda abertzale al mismo tiempo que provoca una abierta confusión en el colectivo más amplio de las víctimas del terrorismo.
No es cierto, como se ha llegado a insinuar, que bastó que la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, saliera a protestar para que los portavoces del PP comparecieran ante micrófonos y cámaras para negar cualquier cambio en la política penitenciaria. Si los dirigentes populares necesitaban transmitir que el gobierno de Rajoy no había introducido cambios sustanciales, es entre otras cosas porque la ponencia política del PP vasco para su próximo congreso del 13 de mayo, hace especial hincapié en que los presos deben, primero, romper con la banda y, luego, reconocer el daño causado. De ahí que todos los interlocutores salieran, como una sola voz, a tranquilizar su propia conciencia.
Hasta ahora, los traslados eran una facultad discrecional del Ejecutivo, no así los beneficios penitenciarios como las progresiones de grado o libertades condicionales, que están regulados por el Código Penal. Al haberlo incorporado ahora al Plan Integral de Reinserción, lo que ha conseguido el ministro del Interior es levantar suspicacias sobre planes ocultos de los que hasta ahora los gobiernos del PP habían conseguido librarse. Si es cierto que el ministerio tiene datos (a todos los gabinetes les ha llegado información parecida en este sentido) de que existen presos que necesitan una tabla donde agarrarse para romper con la disciplina que les impone la banda, no parece que haya dado con la panacea si insiste en que tienen que hacer una declaración contundente de renuncia a la violencia y, sobre todo, que sea una actitud individual. Nada de salidas colectivas, que es lo que está exigiendo ETA desde que anunció el fin de sus actividades hace ya seis meses.
Si al cabo de este tiempo al Gobierno actual le interesa demostrar que no hay herencia alguna de las veleidades pactistas que demostró el anterior presidente, Rodríguez Zapatero, no parece que haya sabido elegir el mejor camino. Si de lo que se trata es de empezar a aplicar la política del palo y la zanahoria que, con tanta habilidad, explicaba su antecesor en el cargo, Rubalcaba, el ministro Fernández Díaz quizás debería empezar a decir que la resolución del Tribunal Constitucional sobre la permanencia de la ‘doctrina Parot’ ha sido un mazazo para el colectivo de presos de ETA.
La reacción de la izquierda abertzale rechazando el «renovado» plan de reinserción desvela que cualquier salida individual, de momento, no contará con su aceptación. Pero, sobre todo, pone de manifiesto que la presión de ese mundo nunca dejará de existir. Lo explica Rogelio Alonso en un documento que publica FAES: « ETA desea negociar la situación de sus presos, pero también quiere mantener su presencia para tutelar la negociación entre sus representantes políticos y el Estado sobre sus objetivos tradicionales: territorialidad y autodeterminación». Pero esa información ya la tiene el ministro.
Y entre la presión de quedar etiquetado como «inmovilista» y el compromiso de un Gobierno que dice que no piensa negociar con ETA, tendrá que mover sus hilos. No hay nada peor para un Ejecutivo que las víctimas que se han identificado con él , empiecen a decirle que hará cosas que les helarán el corazón. A los socialistas se lo dijeron. Y todavía no han logrado cerrar esa herida.
Tonia Etxarri, EL CORREO, 30/4/12