JAVIER TAJADURA TEJADA, EL CORREO – 10/02/15
· Lo más grave es que se pretenda presentar como una decisión justa lo que no es sino un acto arbitrario y discriminatorio, carente de cobertura jurídica alguna.
La revelación de que un antiguo delegado del Gobierno en la comunidad autónoma había recibido de Kutxabank una serie de pagos irregulares –que ascendían a más de 230.000 euros– en concepto de unos presuntos servicios de asesoramiento jurídico que realmente no se prestaban, ha conmocionado la vida política y económica del País Vasco. Los pagos fueron ordenados por el anterior presidente de la entidad, Mario Fernández, quien tras ser advertido por la nueva dirección de la irregularidad de los mismos ha reintegrado inmediatamente las cantidades abonadas.
Desde un punto de vista judicial penal el caso tiene muy escaso recorrido. Al haber reintegrado los fondos, Mario Fernández no puede ser acusado de haber provocado un quebranto económico a la entidad, y su conducta tampoco tiene un fácil encaje en el tipo penal de ‘administración desleal’. Realmente, y en un contexto en el que los quebrantos económicos causados a muchas cajas de ahorro durante los últimos años han sido millonarios, los pagos efectuados al antiguo delegado gubernativo Mikel Cabieces resultan –por comparación– de una cuantía muy escasa. Ahora bien, a pesar de su irrelevancia penal que –en el supuesto de que no se aporten nuevos datos– conducirá previsiblemente a que la Fiscalía ordene el archivo de las diligencias abiertas, las declaraciones de Mario Fernández ante la Fiscalía de la Audiencia de Bizkaia ponen de manifiesto algunas anomalías del funcionamiento del consejo de administración de la entidad bancaria.
El origen de la investigación abierta en la Fiscalía es una denuncia presentada por la nueva dirección de Kutxabank a instancias del Banco Central Europeo. El BCE –advertido de los hechos por el Banco de España– instó al presidente de Kutxabank a comparecer en Fráncfort para dar explicaciones. Villalabeitia no fue allí para denunciar a Mario Fernández, como a veces se ha dicho, sino para responder de las irregularidades detectadas. Tras esa audiencia, el supervisor europeo ordenó a Kutxabank que pusiera en conocimiento de la Fiscalía la existencia de esos pagos irregulares. El Banco de España los conoció gracias a una auditoría interna ordenada por la nueva dirección de Kutxabank. Al parecer, el director de recursos humanos había preguntado al actual presidente de la entidad qué hacer con los pagos mensuales que se efectuaban a favor de Cabieces, y fue entonces cuando Villalabeitia ordenó la auditoría que puso de manifiesto su ilegalidad.
En este contexto, las explicaciones que Mario Fernández ofreció durante su declaración ante la Fiscalía resultan muy sorprendentes. Ponen de manifiesto ese presidencialismo que tan nefasto resultó para la gestión de otras cajas. En el caso de Mario Fernández, su gestión ha sido, por el contrario, positiva, pero los hechos que comentamos revelan que su ámbito de decisión personal y sin control real fue muy amplio. Mario Fernández no duda en ningún momento –y creo que lo hace con plena convicción– de la legitimidad de su decisión de pagar 6.000 euros mensuales a Cabieces. La legitimidad del pago la deduce de «una ley no escrita» que ha estado vigente durante los últimos treinta años y que han aplicado todos los partidos y todos los gobiernos. En virtud de esa ley no escrita, aquellas personas que hubieran prestado servicios destacados en la lucha contra el terrorismo deberían ser de alguna forma recompensados, y Mario Fernández considera que los pagos que él ordenó fueron una contraprestación a Cabieces por esa labor desarrollada durante el ejercicio de su mandato como delegado del Gobierno. El expresidente de Kutxabank enmarca esa decisión en el ámbito de «una política de Estado».
Se trata de una explicación subjetiva que de ningún modo puede considerarse una justificación objetiva de una conducta que es, en sí, irregular, como ha sido advertido por todos los actores que hasta ahora han intervenido (auditores internos de la entidad, Banco de España, Banco Central Europeo). No es misión de una entidad financiera recompensar los ser vicios prestados a la lucha antiterrorista –por relevantes que estos sean– sino gestionar con eficacia sus fondos. Mario Fernández se atribuyó una función que no le correspondía, y que al margen de esa inexistente ‘ley no escrita’ no le había sido conferida por el ordenamiento jurídico. Aunque Mario Fernández considere legítimo pagar a alguien con cargo a la entidad por unos servicios privados no prestados, pero como compensación por un servicio público acreditado, esa decisión es completamente arbitraria. ¿Por qué pagar a Cabieces y no a otros exdelegados o mandos policiales, etc? Queda el interrogante de si esa política de Estado ha tenido otros beneficiarios. Por ello creo que lo más grave de este incidente es precisamente que se pretenda presentar como una decisión justa lo que no es sino un acto arbitrario y discriminatorio carente de cobertura jurídica alguna.
Ahora bien, los hechos que comentamos deben ser relativizados. Se trata ciertamente de una grave irregularidad (y por eso el dinero ha sido reintegrado) pero ello no afecta a la valoración general que merece la trayectoria de Fernández, que fue un gestor eficaz. Resulta, por ello, un tanto desproporcionado solicitar la apertura de una comisión parlamentaria de investigación. No sólo porque estas suelen resultar bastante inútiles en la práctica sino porque podrían erosionar negativamente la imagen de la entidad y la confianza que merece, que es justamente lo que se trata de preservar.
JAVIER TAJADURA TEJADA, EL CORREO – 10/02/15