Pedro Sánchez recordará la pasada semana por su vertiginosa sucesión de acontecimientos adversos. Comenzó con la consolidación del peor resultado histórico del PSOE en las elecciones gallegas, y con la revalidación del PP de su mayoría absoluta. Continuó con la iniciativa de Junts para tomar en consideración una nueva declaración unilateral de independencia en Cataluña, desmontando la propaganda de la conciliación promovida para justificar la Ley de Amnistía. Y finalizó con una traca atronadora: la revelación del caso Koldo como la primera gran trama de corrupción que le salpica.
La combinación explosiva de estos eventos opacó, en cambio, el último episodio de lo que es una tara sistémica y una anomalía insoportable en un país democrático. Esto es, la existencia de un órgano público sometido por el Gobierno, como es el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), para manipular la opinión ciudadana con la difusión de sondeos electorales en momentos estratégicos de campaña.
La motivación no es discreta. El escándalo que no cesa consiste en generar profecías autocumplidas favorables sin excepción al Gobierno. Las malas artes del CIS no encuentran paralelismo en ninguna otra democracia de la Unión Europea, a excepción de la repetidamente amonestada Polonia, como publicamos hoy lunes en EL ESPAÑOL.
Los ciudadanos se han habituado, desde que la institución está presidida por el socialista José Félix Tezanos, al doble descaro. Porque a las fechas escogidas para publicar los sondeos, en paralelo y en contraste con las agencias privadas y rigurosas del país, se une que nunca aciertan.
En la última encuesta para Galicia, una semana antes de las votaciones, el CIS difundió que el PP obtendría entre 34 y 38 escaños, y que el BNG se manejaría entre los 24 y los 31. Lo que Tezanos estaba ofreciendo es un 75% de posibilidades de que el PP perdiera la mayoría absoluta, y un 25% de que la obtuviera por los pelos. La maniobra es la habitual: donde hay una tendencia clara de victoria del PP, se genera una esperanza de triunfo para el otro bando, animando al votante de izquierdas para atender los intereses de la Moncloa.
Esta dinámica se ha repetido con puntualidad en los últimos meses, en los que el PSOE ha perdido gran parte de su poder territorial, y donde su único líder autonómico con mayoría absoluta, Emiliano García-Page, es el último barón inconfundiblemente crítico con Sánchez. Puede encontrarse otro gran ejemplo de estas artimañas en la pasada campaña de las generales. Tezanos llegó a dar al PSOE como vencedor de las elecciones. Pero Sánchez quedó segundo con 16 escaños menos que el PP.
Con todo, la extraordinaria falibilidad de las encuestas de Tezanos ya es lo de menos. Lo de más es que un veterano socialista, con el amparo del líder de su partido, haya introducido esas prácticas contrarias a los usos democráticos en España. Y que las defienda, para colmo, sin pudor. En ese marco cabe encajar su perversa declaración, a menos de tres semanas para las gallegas, sobre «la caída de la popularidad de Núñez Feijóo, al que ahora sólo lo apoyan el 16,5%».
Ninguna acción judicial ha prosperado contra Tezanos. Pero el Gobierno carece de autoridad para reprochar nada en agenda democrática al resto de formaciones mientras no haya cambios radicales en el CIS.
El único caso similar está en Polonia, como resaltamos, y allí Donald Tusk ha ganado las elecciones con la promesa de restaurar el Estado de derecho tras la colonización institucional que dejó a su paso el Gobierno de extrema derecha de Ley y Justicia. Es un dato deshonroso para Sánchez, pero no está en manos de Tezanos manipularlo.