El tiempo dirá si con la elección de Carlos Iturgaiz como presidente del PP vasco, resuelta como en los casos de sus antecesores (a través de la junta directiva regional en vez de en un congreso), los populares logran apaciguar las aguas internas tras la abrupta salida de Alfonso Alonso, forzada por Génova hace ocho meses. Y si consigue mover los cimientos de un partido que ha ido perdiendo influencia y espacio electoral a medida que el PNV se ha ido beneficiando de los votos de centro derecha.
Pero el partido, que no ha encontrado un líder de renovación (Iturgaiz vuelve a su sitio 16 años después) y lo compensa con la incorporación de Laura Garrido y Mikel Lezama, tiene la ímproba tarea de buscarse un hueco como único defensor de la Constitución en el País Vasco, manteniendo la memoria de las víctimas de ETA en plena operación de blanqueamiento institucional, y a la vez ofreciendo proyectos de futuro.
Estamos en un momento político tan bronco que si algún partido de la oposición se permite recordar las tropelías cometidas por el terrorismo, no se libra de ser acusado de manipular a las víctimas. O más grave todavía. De estar «en contra de la convivencia».
Así cargó el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, contra el PP en el Congreso por haber tramitado una iniciativa contra los pactos del Gobierno de La Moncloa con EH Bildu. La línea roja de los constitucionalistas en la Cámara baja es básica: no pactar con quienes aún no han condenado el terrorismo de ETA y siguen legitimando su historia. De hecho, hasta que los socialistas pactaron el Gobierno de Navarra esa era la posición de Sánchez. Pero ahora han cambiado las tornas. Tanto es así que la propia Consuelo Ordóñez (hermana de Gregorio, asesinado por ETA) advirtió al ministro Marlaska: dará «un portazo a las víctimas» si aprueba los Presupuestos del Estado con apoyo de EH Bildu.
Pero lo más curioso de la crítica del portavoz del Gobierno vasco es que rescató el Pacto de Ajuria Enea porque en él se hacía un llamamiento a la izquierda abertzale a hacer política en el Parlamento. Cierto. Pero es un recurso que encierra su propia trampa. Para descalificar al PP (están en contra de la convivencia si vetan a Bildu) quien sale peor parada es la izquierda abertzale. Porque la clave de ese importante pacto entre demócratas, forjado durante el mandato de Ardanza en 1988, fue su marcaje a ETA. Al constatar que la banda no era consecuencia de ningún ‘conflicto político’, sino la manifestación dramática de un fanatismo y un totalitarismo sin límites. Se rechazó la negociación política con ETA. Fue tan claro y contundente ese documento que sus herederos políticos, Herri Batasuna entonces, no lo firmaron. ¿Lo harían ahora? Pues eso.