Cuenta la leyenda que el emperador Calígula, en obscena exhibición de su poder y desprecio a las instituciones, quiso nombrar cónsul a su caballo Incitatus, al que dispensaba toda clase de privilegios. Sea o no cierta la anécdota, está históricamente acreditado que Incitatus nunca llegó a ser cónsul de Roma; entre otros motivos, porque el despótico emperador fue asesinado por su propia guardia pretoriana, supuestamente escogida por él mismo para protegerlo de sus muchos enemigos. 

De una u otra forma y en manifestaciones muy diversas, el espíritu de Calígula se ha reproducido en muchos gobernantes a lo largo de la historia; incluso en nuestros tiempos, el espíritu de Calígula es claramente reconocible en individuos que alcanzan el poder y lo ejercen en sistemas democráticos. El rasgo común a todos ellos es que actúan poseídos por la convicción de que no son ellos quienes están al servicio de la ley, sino al contrario: la ley debe estar al servicio de sus designios o, en caso contrario, se convierte en un estorbo.

Salvando las distancias del tiempo y del contexto, Donald Trump es el caso más visible de un gobernante contemporáneo de origen democrático imbuido del espíritu de Calígula. También él se habría sentido legitimado para nombrar cónsul a su caballo si se lo hubiera propuesto; y él también tuvo que ser desapoderado in extremis por las instituciones a las que despreciaba (el Parlamento, la Justicia) y por su guardia pretoriana, encabezada por su propio vicepresidente. Pero no es el único. 

Pedro Sánchez podría haber intentado dictar la reforma del delito de malversación en el Código Penal, añadiéndole una coletilla del siguiente tenor: 

“Esta rebaja de penas se aplicará exclusivamente a los condenados o imputados por los hechos encaminados a la declaración unilateral de independencia de Cataluña del 27 de octubre de 2017. Se aplicará igualmente a quienes en el futuro realicen actos similares con el mismo o parecido propósito, si bien en ese caso el beneficio penal quedará condicionado a la continuidad del actual Gobierno y al mantenimiento del apoyo parlamentario de los partidos a los que pertenezcan los inculpados. Para todos los demás casos de malversación, seguirá en vigor la norma actual”.

Una redacción semejante habría reflejado con exactitud la voluntad política que inspiró la reforma del artículo 432 y siguientes del Código Penal, impulsada por el-Gobierno-más-progresista-de-la-historia bajo la exigencia de uno de sus aliados políticos imprescindibles: precisamente el más beneficiado por la arbitraria disposición. Sin duda, ello habría sido funcional: se habría cumplimentado el pago de uno de los plazos de la deuda política contraída con ERC sin correr el riesgo de que otros corruptos malversadores se aprovecharan del obsequio legislativo. Habría sido una forma contemporánea de nombrar cónsul a un Incitatus de apellido Junqueras y a sus congéneres. 

Conociendo el percal, no dudo de que este Consejo de Ministros y esta mayoría parlamentaria se habrían comido el bodrio sin pestañear. No sería la primera vez ni será la última en esta legislatura, tan insalubre para los principios generales del derecho. Una lástima para el sanchismo, porque, además del consiguiente escándalo público y la reprensión asegurada de la Unión Europea, ni siquiera un Tribunal Constitucional formado por 12 condepumpidos podría dejar pasar un esperpento caligulesco como ese.

Así pues, no quedó otro remedio que consumar la operación asumiendo el muy molesto principio de que, en el Estado de derecho, la ley tiene, por definición, vocación de generalidad. No existe en el espacio jurídico de la democracia la ley ad hominem, qué fastidio. Si por el afán de pagar una deuda de juego o de complacer a amistades peligrosas te dedicas a manosear el Código Penal suprimiendo un delito y modificando otros, has de asumir que todos los reos de esos delitos se beneficiarán de tu generosidad legislativa; y el juez que no aplique la nueva ley en sus propios términos cometerá prevaricación. En estos tiempos modernos, no es posible designar cónsul a tu caballo favorito sin coronar a toda la especie equina. 

El problema político derivado de tan fastidiosa circunstancia es que, en este caso, las especies recompensadas están entre las más detestadas por el personal votante: a saber, los sediciosos reventadores del Estado, los agresores sexuales y los malversadores. Entre estos últimos, figura un buen número de políticos de varios partidos infectados por el estigma de la corrupción, puesto que la malversación de caudales públicos es un comportamiento típicamente asociado a la corrupción política (sin que tenga relevancia para el público el socorrido matiz de si lo hicieron por sus bolsillos o por la causa). Sánchez, acuciado por sus deudas presentes y sus inversiones futuras, ha cargado con el coste de que muchos de ellos vean aliviadas sus condenas, a sabiendas de que pagará una factura por el desafuero.

El presidente dedicó el último trimestre del año preelectoral a la tarea profiláctica de dejar estibada toda la carga radiactiva de su política de alianzas, para afrontar las elecciones del 23 aligerado de tan explosivo equipaje. Solo el tiempo y las urnas dirán en qué medida lo ha conseguido. Para que funcione la operación de lavado preventivo, tendrían que darse tres condiciones de cumplimiento más que dudoso: 

Que la amnesia colectiva adquiera niveles patológicos en los cinco meses escasos que restan hasta el 28 de mayo. 

Que, en la operación de aparcamiento del fardo, el camino no haya quedado sembrado de minas. Esta es, a mi juicio, la más dudosa y la que más temen los barones del partido de Sánchez que se jugarán el cuello en mayo. La suelta de violadores y agresores sexuales agraciados por la ley chapucera del solo sí es sí prosigue a buen ritmo. Dadas las características de ese tipo de delincuentes, varios de ellos no tardarán en reincidir; y entonces las descargas de la fusilería antisanchista atronarán en todo el país.

En cuanto a la malversación, la actuación del juez instructor del caso Acuamed promete ser la primera de muchas más, crecientemente comprometedoras, que, previsiblemente, se convertirán en un goteo de rebajas de penas a implicados en afamados casos de corrupción. 

La tercera condición es que los socios beneficiarios y benefactores del Gobierno sean leales y cumplan su parte del trato: abonado el primer plazo (la amnistía), sordina estricta sobre el segundo (el referéndum) hasta después de las elecciones. Tratándose de ERC, puede darse por hecho que no cumplirá. Primero, por su genética traidora, acreditada en sus 90 años de existencia; segundo, porque la misma perentoriedad con la que Sánchez necesita que el referéndum desaparezca de la campaña electoral presiona a ERC para lo contrario. El partido de Junqueras no puede afrontar con éxito las campañas del 23 sin recordar cada día por los altavoces el nombre de la próxima estación.

Ni siquiera Calígula consiguió hacer cónsul a su caballo, y desde entonces han pasado casi 2.000 años de civilización. Confiemos.