ARCADI ESPADA – EL MUNDO – 03/09/15
· A Xavier García Albiol, el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalidad, le gusta presentarse como el hombre de las verdades amargas. Su crédito se afianzó el martes. Al salir de la reunión parlamentaria donde él y el portavoz popular, Rafael Hernando, habían presentado la proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional, el señor García Albiol zanjó imperial: «La broma se ha terminado». Una verdad amarga, sin duda, pero incontestable. El señor García Albiol declaraba, y quién va a llevarle la contraria a hombre tan vehemente, que hasta aquel instante iniciático, y respecto al pleito catalán, el Gobierno de la nación había estado de broma. Ni los más inoportunos se habrían atrevido a tanto.
El largo estado de broma, que García Albiol da por acabado, es el principal lastre de esta iniciativa de reforma del Tribunal Constitucional. Y lo que da argumento a los que la tildan de chapucera, apresurada y oportunista. El Gobierno se ha pasado media vida calificando de pantomima la consulta del 9 de noviembre organizada por el Gobierno de la Generalidad. Esa manera de rehuir sus graves responsabilidades en la desaparición transitoria del Estado en Cataluña ya se vio comprometida con la querella presentada (y admitida) contra el presidente Mas por el fiscal general del Estado.
La reforma del Tribunal Constitucional solo remacha la inconsistencia de la pantomima gubernamental. No habría habido 9 de noviembre, al menos en la versión democráticamente humillante en que lo conocemos, si el Gobierno hubiese aprobado la reforma y, en consecuencia, el Tribunal Constitucional hubiera podido ejecutar sus resoluciones como un tribunal convencional. Es decir, no habría habido 9 de noviembre si el Gobierno no se hubiese tomado a broma la arrogancia desleal del poder autonómico y hubiese legislado preventivamente contra ella.
Hay razones técnicas para discrepar de la reforma. Las resume muy bien el aforismo inglés Grandes casos dan malas leyes. Legislar ad hoc, en el filo cortante de los hechos, no parece una práctica recomendable. Pero la hipótesis de que el Gobierno, ante la agresión a la democracia que planea el gobierno nacionalista, hubiese decretado el fin de las vacuidades sería una excelente noticia constitucional.