Juan Pablo Colmenarejo-ABC
- La soledad de la familia de Canet no se explica sin una voluntad decidida de abandono de una parte de los ciudadanos como precio para mantener las alianzas políticas imprescindibles del actual Gobierno Sánchez-Díaz
Las fuentes conocedoras de la conversación no mencionan el caso del niño acosado por los ultranacionalistas en Canet, como asunto denunciado por la vicepresidenta Díaz en su visita al Vaticano. Loable es, sin duda, que una defensora de la vigencia del manual de Marx hablara con el Papa Francisco de la dignidad humana en el mercado de trabajo o del medio ambiente en el planeta creado a imagen y semejanza por Dios Nuestro Señor. Las fuentes conocedoras de la conversación tampoco nada dicen de si hubo ocasión de explicar cómo planea el Gobierno de la señora Díaz mandar a la escuela concertada católica de regreso a las catacumbas. El silencio del Gobierno Sánchez-Díaz sobre el niño de Canet, roto únicamente
con una protocolaria llamada telefónica a la autoridad competente, las dudas y balbuceos del recién nombrado Defensor del Pueblo ante la evidencia o la reducción del hecho al tamaño de una mota de polvo para una notable parte de la opinión publicada muestran un paisaje deprimente.
El acoso institucional y callejero a una familia por haber ganado en los tribunales su derecho a la libre elección de la enseñanza no va a tener la respuesta propia de los países descentralizados con instituciones federales ejecutivas, como la inspección educativa del Estado. En Alemania, según su Constitución, el derecho del Estado deroga el de los Lander y en Estados Unidos existen ejemplos históricos de protección física de la población negra para hacer cumplir la ley federal a los gobernadores segregacionistas. Aquellos que promueven la federalización de nuestro sistema autonómico siempre obvian el papel del Estado como garante ejecutivo de la libertad e igualdad de derechos. La soledad de la familia de Canet y de todas aquellas que se enfrentan a las políticas de inmersión, o, mejor dicho, de desaparición del castellano llamado español en América, no se explica sin una voluntad decidida de abandono de una parte de los ciudadanos como precio para mantener las alianzas políticas imprescindibles del actual Gobierno Sánchez-Díaz. El Estado no está, ni se le espera. Y no solo en Cataluña.