El eterno retorno

No nos basta con ‘un blindaje ético’ frente a los medios criminales de ETA. Eso sería reducir el papel de la ética pública a reprobar el asesinato o la corrupción y dejar lo demás a esa política en la que todo vale mientras no haya tiros. Esta sociedad necesita sobre todo un blindaje ético y político para resistir y cuestionar las premisas y las metas de ETA.

A lo mejor ETA se extingue algún día de estos, que sea enhorabuena, pero el desafío que nos lanza el nacionalismo vasco no ha hecho más que empezar. Las últimas declaraciones del señor Markel Olano, del PNV, vienen a corroborarlo. Si alguien pudo creer que nuestro conflicto era el que ETA mantenía con la mayoría de la sociedad vasca, se equivocaba. Entérese de que el verdadero conflicto es la «falta de reconocimiento de la existencia del pueblo vasco y su derecho a decidir». O sea, ese conflicto originado por la ideología nacionalista vasca, el que hace cincuenta años dio lugar a ETA, el que a diario avivan los partidos nacionalistas y el que subsistirá mientras perviva ese nacionalismo. En definitiva, es el conflicto que enfrenta al mítico pueblo vasco con la sociedad vasca real. Para ser más exactos, el conflicto que nos enfrenta (y enfrentará) a los vascos mientras algunos sigan empeñados en imponer sus presuntos derechos nacionales sobre los derechos de todos como ciudadanos.

Así, la autodeterminación le parece al diputado general de Guipúzcoa un derecho indiscutible de los pueblos. Lo ha pronunciado en un curso de la Universidad -de verano, desde luego-, pero no esperen encontrar argumentos que apoyen semejante convicción, algún fundamento teórico que le avale siquiera un poco, una cita de autoridad en que ampararse. A los creyentes les basta con su fe. Para él semejante derecho es obvio, eso sí, con tal de que se reivindique por cauces exclusivamente políticos. Porque el esquema mental en este punto del señor Olano resulta sencillo. ETA es mala tan sólo porque mata, amenaza y extorsiona, pero sus ideas son buenas e indiscutibles. Condenables son sus medios violentos, sus fines serían políticamente impecables.

Y para nuestro diputado la democracia es nada más que cálculo de medios, no justificación de fines. La democracia sólo es un régimen político pacífico, el ejercicio no violento del poder, se base en las premisas en que se base y pretenda los objetivos que pretenda. Así se explica que una ideología de raíz contraria a la democrática pueda llamarse ‘nacionalismo democrático’. Le cuesta entender que, si un objetivo político es injusto, los medios pacíficos para alcanzarlo no lo hacen más aceptable. Una meta antidemocrática no se vuelve democrática porque se postule por medios no violentos. Tampoco es la democracia el régimen que se limita a sumar voluntades, sino el que exige debatir y aquilatar las razones que justifican esas voluntades. El ‘derecho a decidir’ no se consagra simplemente porque así lo desee una imaginaria mayoría. Primero habrá que fundar ese presunto derecho en razones universalizables.

Ignorando principios políticos tan cruciales, las propuestas de Markel Olano expresan puros desvaríos reinantes entre los suyos. Así nos dice que ETA debe acabar porque se le está acabando «el oxígeno de la legitimación». O, lo que es igual, porque está menguando el apoyo social que ha recibido durante décadas; en caso de seguir recibiendo tales apoyos, entonces el pragmatismo exigiría que la organización terrorista siguiera en activo. Es una barbaridad que nace de confundir sistemáticamente la legitimación sociológica con la legitimidad moral, una distinción que al parecer no aprendió en la Facultad de Filosofía. El guiño posterior de reconocer a todas las víctimas ya sabemos qué significa: que las víctimas son iguales porque todas tienen madre, que las violencias que las causaron (la de la banda y la del Estado o los tribunales) son equiparables.

De modo que ETA debe desaparecer, pero de ningún modo sus aspiraciones políticas, que en lo esencial son compartidas por todos los nacionalistas vascos. El final del terror etarra no ha de ser «la derrota de un proyecto político», el de la izquierda abertzale. No, señor; ese final será incorporar al sistema democrático «todas las opciones políticas sin exclusión», incluidas por tanto las enemigas del sistema democrático. Esto último es lo que dice textualmente de la izquierda abertzale el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: que esos partidos mantienen «un proyecto político incompatible con las normas de la democracia»; o que proponen «un programa político en contradicción con los principios fundamentales de la democracia». Seguramente Olano y sus camaradas no leyeron esa sentencia porque se lo prohibía su religión.

Para ellos democrática es la «aceptación de la pluralidad de una sociedad», así, por las buenas. Y es que han oído campanas sin saber dónde y, en cuanto echan mano de un concepto, lo dejan todo perdido. Pluralidad no es lo mismo que pluralismo; aquélla es una categoría empírica; ésta, jurídica y política. La democracia instituye el pluralismo para reconocer el derecho de las creencias plurales a ser y expresarse, pero también para negar ese derecho a las que entrañen una grave amenaza de los derechos de todos. Por eso la ilegalización de la izquierda abertzale, lejos de ser una ‘distorsión democrática’, como la califica el señor Olano, representa un resultado del pluralismo y una condición mínima de nuestra democracia. La tolerancia hacia el intolerante es un inmenso absurdo, como sabe cualquier alumno de su correligionario el profesor Larrazábal.

En fin, a nuestra sociedad no le basta con «un blindaje ético» frente a los medios criminales de ETA. Eso sería reducir el papel de la ética pública a reprobar el asesinato o la corrupción y dejar lo demás a esa política en la que todo vale mientras no haya tiros. Pero hace ya mucho que esta sociedad necesita sobre todo un blindaje ético y político para resistir y cuestionar las premisas y las metas de ETA. A poco que él mismo estuviera así de pertrechado, ¿acaso se le ocurriría a nuestro diputado soltar tantos disparates?

Aurelio Arteta, EL CORREO, 11/9/2010