De las aristas puntiagudas del acuerdo da fe un hecho inusual, que el burukide responsable de la política lingüística del EBB, Markel Olano, reconociera en el Parlamento que la gestión interna de las negociaciones no ha estado exenta de «tensiones». En paralelo, colectivos euskaltzales y miembros del sector más ideologizado de Bildu cargaban contra una solución de circunstancias, alcanzada más por necesidad que por convicción, que ven tibia, insuficiente y lejos de la equiparación plena de euskera y castellano, la aspiración maximalista de la coalición soberanista.

En definitiva, el acuerdo no ha contentado plenamente ni a buena parte de las bases del PNV –que interpretan que se ha dado un balón de oxígeno al máximo rival para marcar la pauta en materia lingüística y que se rema a la contra de las lógicas electorales–, ni a las de Bildu. Además, ha soliviantado a los socialistas vascos, que no han llegado a amenazar internamente a Sabin Etxea con la ruptura de la alianza, como sucedió en la negociación de la Ley de Educación, pero sí acumulan un enorme malestar –«esto lo tendremos en cuenta», avisan– y temen que el acercamiento a los de Arnaldo Otegi sea «un síntoma de lo que quiere el PNV para el futuro de Euskadi». Si la sangre no ha llegado al río, argumentan, es porque «por responsabilidad» prefieren que el foco se ponga en las consecuencias perniciosas para el país de una reforma legal «equivocada» –por su impacto social y porque, creen, no evitará la catarata de sentencias y la inseguridad jurídica– y no en la fractura que la ruptura del consenso parlamentario ha abierto entre los socios de gobierno. De que la brecha ha tocado hueso y tejidos delicados da fe esta reflexión de los socialistas vascos: «PNV y Bildu han aplicado su prioridad nacional, cien por cien nacionalista».

A la vista del revuelo, la pregunta es por qué se ha forzado un acuerdo que además no responde a una demanda social generalizada. Sólo hay que acudir a los datos de la última oleada del Deustobarómetro, que concluye que más del 80% de los vascos estima que no es necesario exigir más euskera para acceder a un empleo público: casi la mitad cree que hay «demasiadas exigencias» lingüísticas en las oposiciones y uno de cada tres considera que el listón está bien donde está. De hecho, esa constatación ha añadido mordiente a la batalla del relato entre PNV y Bildu por hacer el pacto digerible para sus respectivos electorados.

Por ejemplo, los jeltzales insisten en que la nueva ley no sólo «no aumenta» las exigencias de lengua vasca en la Administración sino que «prácticamente hace lo contrario» al garantizar, argumentan, que se pueda acceder a la plaza pública sin acreditar el perfil. La realidad es que, al eliminar los índices de obligado cumplimiento, las administraciones tendrán vía libre en la práctica para elevar la exigencia de plazas perfiladas. Pero lo importante, para los jeltzales, es borrar la impresión de que se han echado en brazos de Bildu y ‘corregir’ de cara a su votante promedio una decisión forzada por el PNV guipuzcoano heredero de Egibar y por un Olano que renovó este jueves su promesa de no utilizar nunca el castellano en sus intervenciones en la Cámara. «El acuerdo se da en nuestro marco. Bildu reconoce que es una vía adecuada y eficaz después de haber dicho que era un parche», incide un dirigente jeltzale de primera línea, que, igual que hizo Aitor Esteban este viernes, niega la capacidad de Bildu para imponer su reforma a medio plazo. «Ojo, si esto no funciona se contempla hacer un análisis para trabajar una propuesta nueva, no la suya», acota, además de recordar que el acuerdo incluye una «salvaguarda» para poder acordar en materia lingüística con el PSE «cuando queramos». «Bildu necesitaba vender un acuerdo porque se han quedado fuera de todos los demás. Y al final lo han regalado», concluye.

En el caso de los jeltzales, la respuesta a las razones de embarcarse en un asunto, como mínimo, espinoso, están claras: además de preservar los complejos equilibrios territoriales internos, Sabin Etxea no tenía otra salida tras haberse aventurado a contrarrestar el órdago de Bildu con una propuesta de reforma que le alejaba de sus socios del PSE. De haber naufragado su propuesta, a once meses de las elecciones municipales y forales, la sensación de impotencia política habría sido lesiva. En el caso de Bildu, su intención es aún más transparente: disputar al PNV, aun yéndose a su terreno, el cetro de partido de gobierno por excelencia, transversal y capaz de pactar a izquierda y derecha sin despeinarse por el bien del país. Que Pello Otxandiano haya subrayado la «dimensión política» del pacto, con el argumento de acabar con los «bloques», incluso invocando posibles consensos a cuatro bandas que incluyan al PSE y a la izquierda confederal (es decir, que dejen fuera a PP y Vox) apela al voto de esa parte muy mayoritaria del electorado que se autoubica en la izquierda pero no se identifica con ninguna sigla en concreto. Aunque para buena parte de la base social de Bildu el euskera es el núcleo irrenunciable de la construcción nacional, los de Otegi han sacrificado las esencias para pescar en el caladero moderado. Que a los dos días buscaran otro ‘gol de oro’ con su propuesta para bautizar al aeropuerto de Loiu con el nombre del lehendakari Aguirre confirma esa estrategia.