José Antonio Zarzalejos-El Confidencial
El presidente ha creado dos gobiernos: el Consejo de Ministros y el Comité de Dirección de Moncloa, bajo el mando de Redondo. Es muy grave
Ayer se publicó en el BOE el Real Decreto 136/2020 de 27 de enero “por el que se reestructura la presidencia del Gobierno”. El texto de esta disposición administrativa, que corresponde a la libre determinación de Pedro Sánchez sin intervención del Consejo de Ministros (artículo 2 de la Ley de Gobierno), es un completo despropósito político y administrativo. La razón: el otorgamiento al director del Gabinete del presidente de unas facultades exorbitantes en detrimento de las de los vicepresidentes y ministros y que, en la práctica, duplica, fiscaliza y coordina la gestión gubernamental.
Cuando me he referido de manera reiterada a los rasgos autocráticos de Pedro Sánchez, aludía, justamente, a la concentración de poder en Moncloa quebrando horizontalmente la distribución de competencias de los departamentos ministeriales, o, por mejor decir, alumbrando en realidad un Gobierno formal (el Consejo de Ministros) y otro material (Comité de Dirección de la Presidencia del Gobierno) que dirigirá, a control remoto, Iván Redondo, que se ha debido de creer que se ha instalado en la Casa Blanca y no en el palacete de Moncloa.
El artículo 2º del real decreto desgrana, en distintos apartados, las competencias directas del director de Gabinete, que resultan extraordinarias porque, además, están formuladas en unos términos que componen lo que se denominan “conceptos jurídicos indeterminados” (coordinación, asesoramiento, asistencia…), en los que se incluye o se excluye aquello que el propio presidente del Gobierno considere conveniente según criterios de oportunidad.
La relación entre Pedro Sánchez e Iván Redondo se parece mucho más a un contrato de delegación de funciones que permite al director del Gabinete intervenir en todos los ministerios y sobre todas las materias, llegando hasta el asesoramiento al jefe del Ejecutivo en “seguridad nacional”. A todo ello se incluye una cláusula de apoderamiento según la cual Iván Redondo “realiza aquellas otras actividades o funciones que le encomiende el presidente del Gobierno”.
Este real decreto era el as en la manga de Pedro Sánchez, porque con su aplicación a través de Redondo neutraliza el Gobierno de coalición con Unidas Podemos y somete a sus ministros, con competencias troceadas, a la condición de meros directores generales de unos departamentos arbitrariamente diseñados con excepción de los llamados ‘de Estado’, en los que también se injiere el director del Gabinete. El gran poder de Redondo es la acumulación de información y conocimiento que se traduce en un poder real de eficacia radical mediante los instrumentos de coordinación, presencia, asistencia y asesoría.
Iván Redondo no es un Rasputín de Sánchez, ni un valido del presidente. Es algo más y distinto: se configura como un ‘alter ego’ del presidente por encima de las vicepresidencias, con unas facultades conferidas por una disposición administrativa que se parece a un contrato de consultoría a lo bestia. Y esa es la naturaleza de la relación entre ambos, profesional: Redondo es el consultor y Sánchez es el cliente. Aquel le diseñó la estrategia que falló tras el 28 de abril y se la rediseñó tras el fracaso del 10-N. El consultor no podía tener mejor cliente: Sánchez quería el poder aun a costa de cabalgar con cualquier contradicción, grande o pequeña, pero estableciendo una urdimbre de facultades a su servicio que le sirven para consumar todas sus ambiciones y, sobre todo, evitar que cualquiera de los ministros de Unidas Podemos (Iglesias incluido), independientes y militantes del PSOE adquieran la más mínima autonomía política o administrativa. Redondo es, además del diseñador de estratagemas, la ‘manu militari’ que Sánchez requiere.