En el principio fue el ‘procès’. Y lo sigue siendo: desde hace década y media el proyecto separatista catalán es el factor alfa, la causa directa o remota de todo lo que ocurre en la política española. Olvidar este principio o darlo por superado supone una grave equivocación histórica; su sombra atraviesa los mandatos de Zapatero, Rajoy y Sánchez, planea sobre la Corona y condiciona el futuro más que ninguna otra cosa. En particular, los últimos cinco años no son más que la consecuencia del colapso provocado por la insurrección de octubre de 2017 en la estructura del Estado, que si bien logró rechazar en primera instancia el asalto al orden constitucional cayó en el autoengaño de cerrar el problema en falso. Ahora se puede constatar que, lejos de haber descarrilado, el nacionalismo controla el destino de la nación como auténtico dueño del escenario.

Nada de lo que está sucediendo es ajeno al hecho de que la rehabilitación penal e institucional del independentismo es la clave del poder de Sánchez, el elemento esencial para que la moción de censura pudiese salir adelante, el verdadero núcleo –irradiador, diría Errejón– de la llamada alianza Frankenstein y de su cohesión como mayoría estable más allá de una comunidad de intereses circunstanciales. En la práctica, el programa de este Gobierno es una revocación completa del Artículo 155, una carta blanca a la excepcionalidad territorial del soberanismo, un reconocimiento formal del 1-O como expresión legítima de un anhelo colectivo. El pacto, en el que Esquerra incluyó a Bildu, dibuja desde su principio un itinerario que conduce al triunfo retroactivo de la sublevación borrando del orden jurídico cualquier huella de su carácter subversivo. Y aún queda por conocer el último capítulo, la última cláusula de esos no acuerdos no escritos.

El desarrollo de la agenda prevista requería primero la desautorización y después la desactivación de las instituciones de justicia. Ése es el fondo de la pugna por el control de la cúpula judicial, un forcejeo que el PP ha prolongado recurriendo a cuestionables zancadillas obstruccionistas. La batalla por el CGPJ resulta meramente instrumental; el objetivo verdadero es el Tribunal de Garantías, la llave última de la despenalización y, sobre todo, de una eventual votación vinculante o ‘consultiva’. La parte inicial del plan está concluida con los indultos y las correcciones legislativas equivalentes a una amnistía. La segunda ha sufrido un tropiezo que será subsanado en enero para ‘constitucionalizar’ a martillazos la ingeniería legal que requiera el modelo. Quizás el ciclo electoral inminente imponga un parón táctico pero el designio secesionista posee un elemento que ningún otro proyecto político tiene en España: diseño estratégico. Y la capacidad para adaptarlo a la medida de los cambios de contexto y a la correlación de fuerzas de cada tiempo.