El supuesto récord de creación de empleo anunciado a bombo y platillo por el Gobierno ha sido disfrazar mes tras mes las malas cifras de paro con un enorme aumento de contratación pública y llamar «hito histórico de afiliación» a incluir a los que están en ERTE y autónomos en cese de actividad.

Entre noviembre de 2019 y noviembre de 2021 el Gobierno ha disparado la afiliación en el sector público en 211.800 personas. En ese mismo periodo, la afiliación al sector privado ha caído en 68.133 personas, según datos del Ministerio de Trabajo.

En noviembre hay casi 70.000 personas menos afiliadas en el sector privado que hace un año, y quedan 125.000 trabajadores en ERTE y 134.000 autónomos en cese de actividad.

El Gobierno se vanagloria de un ‘récord de empleo’ donde el 60% es empleo público, ERTE y autónomos sin actividad, pero afiliados, mientras quedan 3,2 millones de personas en paro.

Otro factor muy preocupante, que ha reflejado el INE en su análisis del PIB: las horas trabajadas caen un 10% respecto al trimestre anterior y un 2,6% respecto al tercer trimestre de 2019.

De los más de dos millones de contratos firmados en noviembre, solo son indefinidos el 14% del total, mientras el 86% son temporales.

De los nuevos afiliados efectivos, excluyendo ERTE y cese de actividad, el 78% son del sector público entre febrero de 2020 y noviembre de 2021. Entre noviembre 2019 y 2021, es el 100%, ya que se ha destruido empleo privado.

No hay nada que celebrar en un país que, entre las grandes economías, se sitúa solo por detrás de Turquía y Brasil en el Índice de Miseria de Okun, con un 20,17%. Y con la tasa de paro más alta de la Unión Europea. Altísimo paro y elevada inflación.

No hay nada que celebrar en un país que, entre las grandes economías, se sitúa solo por detrás de Turquía y Brasil en el Índice de Miseria de Okun

Esto, además, es grave porque las cuentas públicas están devastadas. Un Gobierno con el mayor déficit estructural de la Unión Europea y una deuda de más del 120% del PIB no puede lanzarse a disfrazar las cifras de empleo contratando en el sector público.

Los que defienden el sector público y los funcionarios de carrera deberían estar muy preocupados por un aumento tan innecesario y brutal del empleo estatal. Pone en peligro la sostenibilidad de las cuentas públicas y sus salarios a futuro y significa un parche para hoy y más deuda en el futuro.

Preocupa la euforia cuando el propio documento del Ministerio de Trabajo refleja que la cifra de demandantes de empleo es mucho mayor: En noviembre hay 4.992.251 demandantes de empleo de los que solo 1.285.559 están considerados «ocupados». Aparecen 294.422 como «con disponibilidad limitada» y 229.583 como «demandantes de empleo no ocupados-TEASS».

Es decir, entre aquellos sin empleo que indican en su solicitud condiciones especiales de trabajo (sólo a domicilio, teletrabajo, en el extranjero, etc.) y demandantes de empleo no ocupados (DENOS) hay un grupo de más de 523.000 personas que no aparecen en el paro oficial.

Una parte importante de ese empleo dopado es probablemente temporal. Pero eso no quita el impacto negativo de disfrazar las cifras de paro con exceso de contratación pública en un país que ya había aumentado la contratación estatal y tenía 2.567.891 afiliados en el sector público en febrero de 2020.

La falacia de «el sector público crea empleo porque el privado no puede» está desmontada desde hace mucho tiempo. Seis de cada 10 euros de un salario público no necesario y pagado con deuda se van a agrandar el agujero de endeudamiento y supone más riesgo a futuro.

Inflar la contratación con empleo público y pasarle el coste al contribuyente es una estrategia que fue un fracaso absoluto en Grecia. Entre 1976 y 2012, el empleo público se multiplicó por tres mientras el empleo privado aumentó sólo un 25%. Más de 70 empresas públicas deficitarias y ruinosas y un gasto público que se situaba en una media del 49% del PIB desde 2004. Todos sabemos cómo acabó aquello.

Inflar la contratación con empleo público y pasarle el coste al contribuyente es una estrategia que fue un fracaso absoluto en Grecia

No solo es un problema de disfrazar las cifras de paro, sino que genera mayor incidencia económica negativa al aumentar el efecto desplazamiento del sector público sobre el privado. Se aumentan los impuestos y cargas burocráticas a las empresas y trabajadores privados y se carga al estado de una deuda inasumible que, después, supone mayores recortes y peor crecimiento.

Lo más triste de estas cifras es que sean aplaudidas sin un análisis realista del efecto negativo a medio plazo. Es muy triste también que acusen de cenizo y antipatriota al que muestra estos datos, y lo hagan los mismos que pasaban meses enteros diciendo los malísimos datos de paro que había hasta 2018.

Curioso que antes criticar el alto paro, precariedad y pobres perspectivas fuera algo normal y ahora, por tener en el gobierno a Sánchez y Podemos, sea -alucinen- antipatriota. Cuando escribí mi libro Acabemos con el paro (Deusto, 2015), critiqué exactamente este problema. La utilización política del paro mientras se mantienen unos niveles de desempleo absolutamente inaceptables y que no tienen nada de estructural.

Las empresas y familias ya están ahogadas a impuestos y ahora sufren el altísimo impuesto inflacionario. Pasarles el coste de esta irresponsable decisión de maquillar las cifras de paro con contratación pública no tiene nada de social. Es profundamente antisocial.

Ningún país con un 14,5% de paro y cientos de miles de afiliados sin trabajo debería aplaudir como ‘récord’ o ‘espectacular’ un rebote tan pobre del empleo dopado por contratación pública.