EL MUNDO 24/09/13
El debate soberanista destapa nuevas posiciones sobre la estructura del Estado
Desde el encorsetado y oficial «ley Constitución y diálogo» esgrimido por el portavoz del PP, Carlos Floriano, hasta el espontáneo «lo que hay que hacer es comprar La Vanguardia y así se acaba el problema», espetado por otro diputado tirando de sentido del humor no exento de cierto sarcasmo, el modo en que los cuatro principales partidos no nacionalistas con representación parlamentaria conciben la solución al desafío catalán está lleno de discrepancias, de salidas confusas y también de inesperadas coincidencias.
A primera vista, lo que ha dejado en evidencia el debate catalán es que el PP y el PSOE, aun conscientes de que su respuesta ha de ser común para que tenga la fortaleza que requiere, no son capaces de articularla y ambos hacen responsable al otro de que esto sea así. Pero probablemente haya una consecuencia de mayor alcance, si no fuera por que, justo en este punto, todas las formaciones no nacionalistas parecen estar improvisando y apenas tienen hilvanadas las intenciones maestras. Y es que todas excepto el PP, es decir, PSOE, IU y UPyD, han acabado esbozando una realidad paralela respecto al modelo de Estado, al apostar por la reforma de la Constitución para llegar a una España federal. Unos, porque aseguran tenerlo en su composición genética, otros por motivos instrumentales o por razones prácticas, pero así es.
Hace unos días, Araceli Mangas, reputada catedrática de Derecho Internacional, lanzaba un grito de alerta: «Si Cataluña alcanza la independencia, no es por méritos de quienes la respaldan sino por dejación del resto», y añadía: «No podemos perder ni una semana más». Sin embargo, ningún partido detecta esa urgencia. De hecho, es muy puntual el análisis de quienes consideran que la apuesta del president Mas puede tener como consecuencia «que sean dinamitados los pilares del régimen constitucional, que son los partidos que los sostienen», tal como afirma el popular Gómez de la Serna.
Todos confían en el poder que pueda tener sobre la voluntad de los catalanes el conocimiento de las desventajas de una escisión; y admiten que hace falta pedagogía, pero sólo la formación de Rosa Díez, UPyD, prepara una campaña en la que explicará «el coste de la no España».
Se vislumbra otro rasgo común entre los no nacionalistas, y es que, a pesar de que la situación catalana tiene características distintas a las del País Vasco y de que el lehendakari Urkullu ha planteado una consulta para 2015, nadie se alarma y todos confían en que la figura y el destino de Ibarretxe pendan sobre las cabezas como una expresiva advertencia.
En estos momentos, la situación depende, teóricamente, del resultado del diálogo establecido entre el presidente Rajoy y Artur Mas; según el Gobierno catalán, para hablar de los términos de la consulta fechada para 2014. En caso de recibir una negativa, la Generalitat baraja dos opciones: proponer una consulta de todos modos que sería vetada por el Constitucional, o llevar una propuesta al Congreso que sería rechazada como lo fue el plan Ibarretxe. La característica común a ambas opciones es que son «una fábrica de votos independentistas» y la pregunta más urgente es si hay salida.
PARTIDO POPULAR
¿Mas, camino de Cerdeña?
«Nosotros entendemos el diálogo como un modo de mejorar la vida de los catalanes pero no podemos abdicar del cumplimiento de la ley», sostiene el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, cuando asegura que una consulta no cabe en la normativa actual. «La democracia no es sólo opinar, sino respetar la ley», añade José Luis Ayllón, secretario de Relaciones con las Cortes.
Así, los populares son conscientes de que hay una crisis política abierta que ha derivado en una exaltación del independentismo, que se encuentra en plena efervescencia y que los nacionalistas intentan convertir en una crisis de Estado, pero los reproches que cosechan por inacción no les crean ansiedad. De hecho, las respuestas se parecen mucho a la filosofía zen del be water my friend.
«Una sociedad madura puede pasar momentos de crisis complicados que hay que gestionar rehuyendo la confrontación», «hay que aprender a convivir con el problema para gestionarlo», alega Alons,o apelando al discurso estable y a la ventaja de tener un Gobierno con una mayoría que le da fortaleza. «¿Porque se esté cometiendo un error político profundo tenemos que participar en esa huida hacia adelante? No, la sensatez tarda más, pero es más eficaz y es una opción de largo recorrido»… que permite hacer reversible la situación.
Reversible porque los populares no creen que la animadversión o el rencor se hayan instalado en la sociedad catalana –«lo que hay que hacer es no agrandar las heridas»– y porque creen que ésta, más que ninguna otra, sabe que romper España «es poco práctico».
Ayllón, catalán, confía en dos elementos: en que la mejora de la economía puede «quitar presión» y en el «hartazgo de la gente». Según esta tesis, pronto los catalanes se darán cuenta de que el Ejecutivo central va rebajando sus medidas más duras mientras que la Generalitat no sólo mantiene la presión sino que incurre en la mayor «irresponsabilidad», que es dedicarse sólo a la deriva soberanista en lugar de resolver problemas. Y es aquí donde entra en escena la tan aclamada «mayoría silenciosa».
Pero el mundo de las tentaciones adopta muchas formas y hay quien especula. Tras la última reunión entre Rajoy y Mas, un sector de CiU, apurado por las diferencias internas, habría ofrecido una solución: que la pregunta de la consulta fuera constitucional. Algo como: ¿está usted dispuesto a que la Generalitat inicie negociaciones con el Gobierno central para ahondar en materias económicas, competenciales…? Así, el Ejecutivo podría dar vía libre al procedimiento y con ello una salida a la situación… y a Mas.
Para el PP estos «enjuagues» son «inaceptables». Creen que CiU está metida en un embrollo y, si se empeña, puede hacer a Jonqueras presidente de la Generalitat. «No tenemos capacidad para dar una salida política a Mas, que, además, no sabe cuál es y no ha calculado las consecuencias. Tenemos que rebajar el tono, tranquilizar el clima e ir ocupando el espacio», fue una de las respuestas. «Mas terminará dando clases en Cerdeña como Ibarretxe en Puerto Rico», fue otro de los vaticinios.
¿Y si los cálculos fallan? «Estamos preparados ante cualquier escenario, porque están el Estado y el ordenamiento constitucional», resume Ayllón remiso a las hipótesis.
PARTIDO SOCIALISTA
Descrédito del ‘soufflé’
Con mayor énfasis si cabe que el del PP, el PSOE rechaza la posibilidad de una consulta por ser un procedimiento «inestable y perverso, inasumible para un Estado serio». Inasumible como «derecho a decidir» porque «lleva a la autodeterminación indefectiblemente». Y, como pregunta concreta, «porque establece un mandato político de cuyas consecuencias gravísimas es imposible huir». Para Ramón Jáuregui, «sería introducir en España un mecanismo de demolición»; por eso, ni siquiera concibe la posibilidad de cambiar la ley, como piden los nacionalistas. El diputado se suma a los expertos que sostienen que «la democracia directa no es más democracia». Y que puede ocurrir que, en la misma noche electoral, vistos los resultados, puedan cambiarse las mayorías. «La autodeterminación es un engaño, un instrumento falsario sometido a coyunturas; en una sociedad volátil, no puede ser que el destino de los pueblos se decida así». Al margen de que los independentistas «sólo necesitan que se diga una vez que sí, aunque antes haya salido 10 veces no».
Aclarado este punto, los socialistas no creen en la llamada teoría del soufflé del PP. Al contrario. Ven muy posible el siguiente escenario en los próximos seis u ocho años: no se les deja realizar la consulta y los catalanes convocan elecciones plebiscitarias que, en 2016, llevan a que ERC y CiU sumen el 65% de los votos. Forman gobierno pero no se les da vía para sus pretensiones y se retroalimentan en su victimismo hasta sumar el 70% de ciudadanos independentistas.
«Pensar que el rechazo a sus pretensiones acabará diluyendo la coyuntura por frustración no está escrito y el escenario puede ser imposible para España». Así, la salida es la reforma federal de la Constitución. «Pero no un Estado federal sobre soberanías originarias previas, ex novo, sino una evolución del modelo autonómico adaptado a los tiempos de los territorios, nacionalidades o naciones que forman España», explica Ramón Jáuregui.
Cuando se les hace notar que su propuesta ya está sobrepasada por las exigencias soberanistas, destacan que su virtud es «poner el foco en la política»; crear un grupo de expertos que resuelva los problemas no sólo de Cataluña, y estar en disposición de ofrecer «un nuevo pacto» según el cual «no permites la consulta pero revisas su modo de estar y de ser». Es cierto, admiten, que existe el riesgo de que no haya un acuerdo, pero, aun así, abres una «ventana de oportunidad» y ganas tres años. «Hay riesgos, pero es gran política» porque hablamos de problemas cuya efectividad es de 30 años y, según el PSOE, hasta los constitucionalistas del PP reivindican una reforma constitucional amplia.
«Hay que abrir el debate y PP y PSOE han de estar juntos», dicen, pero, como quiera que el acuerdo sobre su idea global es imposible, cabe saber qué ocurrirá si CiU decide llevar, ya, la consulta al Constitucional o al Parlamento. Pues que «el PSOE dirá que no y el PSC votará que sí», reconoce Jáuregui resignado y con dificultades para lograr apartar la acusación de que el PSOE ha desempolvado su plan federal para tapar su desbarajuste interno.
Pese a todo, el portavoz adjunto, Eduardo Madina, aún piensa que no cabe el tremendismo. Él sí cree que CiU va a tener serios problemas y va a recular. «Hay que ayudar a la coalición para que salga de donde está» y hay que convencer a los catalanes de que «juntos tenemos más fortaleza». «Puedes crear un monstruo que te termine matando e Ibarretxe se lo sabe de memoria», recuerda.
IZQUIERDA UNIDA
No vayamos a hacernos daño
El único sí a la consulta es el de IU, por principios, porque «hay que desarrollar ese concepto democrático», y por motivos prácticos, para evitar polarizaciones y saber realmente cuánta gente quiere la independencia. La ilegalidad no es una cortapisa. «Se ha modificado el artículo 135 de la Constitución para garantizar que la deuda es prioritaria», recuerda Cayo Lara sin hacer distinciones hacia el título segundo.
Él apuesta por «una negociación previa para poner en marcha» este derecho –quién podría votar, qué mayorías serían admisibles– y no cree que abrir esa espita genere inestabilidad. Pero, cuando se le pregunta qué ocurrirá si, en 15 años, la siguiente generación, en un arrebato quebequiano, rechaza lo pactado y vuelve a convocar, sólo responde: «Estás tirando el tiro muy largo».
Lo llamativo es que los dirigentes de IU parten de la convicción de que los catalanes no van a elegir ser independientes porque la alternativa resulta horrible. «Las consecuencias serían muy negativas para todos, no les conviene, no es bueno ni para Cataluña ni para España, pero hay que darles la opción». Se negarán, piensa, por eso y porque temen el enfrentamiento entre ellos, y porque los extremeños o andaluces que están en Cataluña «no permitirían que se fuera insolidario con sus orígenes en el Estado».
IU propone una estructura federal que reconocen que no estará definida hasta finales de año, pero que tendrá que ver con que el Estado tenga «competencias como factor de corrección de las desigualdades y garantice, al menos, las pensiones y la prestación por desempleo». Tan combativa con que cada comunidad se rija por parámetros distintos que parece centralista. Desmentido este extremo, Cayo Lara admite que sobre Euskadi o Navarra «ni se ha abierto el debate».
UPyD
El coste de la ‘no España’
El federalismo de UPyD –que pretende «que España sea un país sostenible, más competitivo y que garantice la igualdad, pero no para que los nacionalistas se sientan cómodos»– aunque remotamente al menos pudiera parecerse al de IU, tampoco puede ser esgrimido como un método para resolver la cuestión catalana. De hecho, el partido de Rosa Díez se caracteriza por realizar una exhibición de autonomía total frente a la existencia de los partidos nacionalistas, en el entendido de que el desafío catalán es esencialmente nacionalista.
El modo de abordarlo es argumentar «sin complejos» que no es posible la independencia ni ninguna de sus variantes procedimentales. «Aplicar la ley es lo que hacen las democracias serias que se respeten, lo que pasa es que en España no hay costumbre», alega Díez, consciente de que el modo en que se plantea el debate es «sinuoso e inteligente».
«Es que si te plantean: ¿usted quiere que se le respete el derecho a decidir?, el no es una trampa. Pues claro que quiero, pero es que ese derecho ya lo tiene, lo que usted está planteando es que yo renuncie a mi derecho a decidir porque quiere decidir sobre algo que nos afecta a todos y no le voy a reconocer un derecho que excluya al mío», explica.
La peculiaridad catalana radica en que el sentimiento independentista ha sobrepasado a los partidos nacionalistas, que puede superar a Mas y que, a diferencia del plan Ibarretxe, no existe una banda terrorista que genere oposición por escrúpulos. Pero, como para el resto de los partidos, para UPyD, el origen del problema está en que la ideología del desafío es nacionalista.
Su salida es distinguir entre ser «ciudadano» y ser «nativo», y tener un «discurso nacional», ahora inexistente, para desmontar la tesis del agravio. Díez también cree que todavía se llega a tiempo y propone hacer pedagogía democrática y calcular el «coste de la no España». «Hay mucha gente que se ha sumado al desafío porque eso es vivir integrado en el entorno social y nadie ha explicado lo que se pierde», argumenta.
La idea es elaborar un documento que calcule las repercusiones en todos los planos y que reafirme el concepto de ciudadanía. El texto, dirigido por Fernando Savater, se presentará en un seminario en noviembre.