Una de las facultades más importantes de todo Gobierno democrático es la de iniciativa legislativa mediante la remisión al Congreso de los Diputados, es el caso español, de proyectos de ley. Así lo establecen los artículos 87 y 88 de la Constitución, que residencian esa competencia en el Consejo de Ministros. Quiere eso decir que todos los proyectos de ley —a diferencia de las proposiciones, que son iniciativas de los grupos parlamentarios— constituyen decisiones colegiadas que conciernen no solo al departamento que los lleva al consejo, sino a todos los ministros. 

El anteproyecto de ley orgánica de libertad sexual —aprobada definitivamente en septiembre de 2022— fue iniciativa de la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero la decisión de su aprobación como proyecto de ley (julio de 2021) fue solidaria y colegiada. Y estaban obligados a una particular vigilancia del texto los responsables de Justicia y Presidencia que, aunque pusieron algunas resistencias, dieron su brazo a torcer.

Las urgencias políticas de Irene Montero y de los ministros de Unidas Podemos para aprobar el proyecto de ley se vieron entonces como una estúpida precipitación porque el texto precisaba de un examen técnico más profundo y pausado. Pero se aprobó deprisa y corriendo, e Irene Montero y las demás ministras batieron palmas con entusiasmo. Un éxito político. 

Cuando el anteproyecto se envió a los órganos consultivos para su contraste técnico, el Consejo General del Poder Judicial emitió un extensísimo dictamen que oponía serios reparos a la ley orgánica que se pretendía aprobar. Los ponentes del informe fueron tres vocales del Poder Judicial de asignación ideológica distinta (Rober Bach Frabregó, Juan Manuel Fernández Martínez y Pilar Sepúlveda García de la Torre) y sus criterios se respaldaron unánimemente en el Consejo. En su conclusión 84, el dictamen, preceptivo y no vinculante, advertía de lo siguiente:

“El cuadro penológico contemplado en el anteproyecto para los delitos de agresiones sexuales tipificados en los capítulos I y II del título VIII supone una reducción del límite máximo de algunas penas. Como ha señalado el Tribunal Constitucional, el establecimiento de la cuantía de las sanciones penales y la proporción entre las conductas que se pretenden evitar y las penas con las que se intenta conseguirlo es expresión de «un complejo juicio de oportunidad» (STC 55/1996, FJ 6) en la elaboración de la política criminal. Respecto de los marcos penales proyectados, cabe señalar que el anteproyecto no ofrece una justificación de los nuevos umbrales de pena previstos. Por otro lado, la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme la regulación vigente”.

Este dictamen con una conclusión tan nítida, advirtiendo de que se revisarían por los tribunales, a la baja, las penas de las agresiones sexuales una vez desaparecido el tipo de los abusos, se fechó el 22 de octubre de 2020 y nadie, absolutamente nadie, en el Consejo de Ministros atendió la recomendación técnica del Poder Judicial, bien porque no hubo quien se molestase en leer el informe, analfabetismo político, o bien porque, tomada nota del texto, se despreció olímpicamente mostrando un comportamiento de inaudita soberbia política. 

Con la ley orgánica aprobada, se ha producido lo que advertía el órgano de gobierno de los jueces: ya hay una condena por agresión sexual menos penada que con el tipo anterior y se han producido media docena de revisiones en las que los tribunales, en un incidente de ejecución, han aplicado el beneficio de los efectos retroactivos más favorables al reo de conformidad con el artículo 2.2 del Código Penal. Y pueden venir centenares de revisiones más cuyos resultados son y serán inamovibles. Y cuanto más tarde en reformarse la ley, más agresores sexuales se beneficiarán del efecto retroactivo que propicia la nueva ley.

No sería ecuánime que se lapidase a Irene Montero —por responsable que también sea de las deficiencias de la ley— y se obviase que este fiasco de técnica legislativa es del Gobierno y de sus grupos parlamentarios y que se ha producido por concesiones demagógicas y oportunistas al sector radical del Ejecutivo (Unidas Podemos) y por apriorismos del socialismo de Sánchez francamente desnortado en estos temas, como acredita la denominada ley trans. Otro proyecto que, aprobado por el Consejo de Ministros, está siendo enmendado por el PSOE. El mundo al revés.

Digamos, pues, las cosas como son: los informes consultivos (Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal) no sustituyen el criterio político que inspira las leyes. Su propósito es distinto: dotar de calidad técnica a las normas en conexión con el conjunto del ordenamiento jurídico. El previsible fracaso de esta ley nada tiene que ver con el “machismo judicial”, sino con la incompetencia, mezcla de analfabetismo y soberbia políticos, aderezada de apriorismos respecto de los órganos consultivos a los que se tilda de heteropatriarcales, machistas o, simplemente, anacrónicos e inútiles. Ahí están los resultados. Y ocurrirá lo mismo si no se tiene sumo cuidado con otras leyes en fase de tramitación. Nada digamos de lo que pueda salir de la proposición de ley para derogar el delito de sedición, que no se somete a ningún dictamen consultivo de carácter técnico. Para echarse a temblar.

El colmo es que la ministra —tan ignara— transfiere la responsabilidad de sus errores y los del Gobierno a los jueces y magistrados y, no se olvide, a los fiscales que intervienen en los incidentes de ejecución de sentencia con propuestas favorables a la revisión de penas a la baja. Claro que el máximo responsable de lo que está sucediendo no es la errática ministra de Igualdad, sino, sobre todo, el presidente del Gobierno que, con la colaboración de su Gabinete y de los ministerios de Justicia y Presidencia, debe ser el garante último de la corrección técnica de los proyectos de ley. Algo que parece importarle un auténtico comino, porque de lo contrario no hubiera tampoco permitido bajo ningún concepto que saliese de la Moncloa el proyecto de ley trans, como el feminismo histórico, el auténtico, le ha pedido tan inútilmente.