EL CORREO, 10/12/11
Frente al 60% de españoles que duda de la desaparición de la violencia, en Euskadi el 75% lo da por hecho, según el CIS
Un mismo problema, dos visiones diametralmente opuestas. El final de ETA ha abierto todo un abismo entre la sociedad vasca y la del resto de España. Las percepciones de unos y otros a la hora de analizar el escenario abierto tras el comunicado de ETA el pasado 20 de octubre nunca fueron tan distintas. Así lo advierte la última encuesta del CIS, realizada a comienzos de noviembre y cuyos datos generales se hicieron públicos la pasada semana. El sondeo señalaba que seis de cada diez españoles no se fían del anuncio realizado por la banda. Entienden que es mentira que la organización terrorista vaya a desaparecer.
El estudio adquiere una nueva dimensión si se comparan las respuestas que los ciudadanos dieron en Euskadi y en el resto del Estado. El Centro de Investigaciones Sociológicas efectuó un total de 2.859 entrevistas de las que 500 se realizaron en el País Vasco. Lo que unos y otros dijeron apenas tiene coincidencias.
La diferencia más significativa queda de manifiesto ante la pregunta de si el encuestado se cree o no que ETA es sincera cuando asegura que lo va a dejar. En Bizkaia, Álava y Gipuzkoa la tesis generalizada es que la banda dice la verdad. Tres de cada cuatro vascos consideran que es muy o bastante probable que «el terrorismo desaparezca definitivamente». Todo lo contrario que en el resto de las comunidades autónomas donde la mayoría (59,4%) ve poco o nada probable el final de ETA. Los entrevistados dieron, incluso, nota, del cero al diez, a la credibilidad de la banda terrorista y mientras en Euskadi la nota media se acercaba al siete, en el resto del país quedaba por debajo del cuatro.
Unos resultados de los que, seguramente, tomarán buena nota todos los partidos políticos y, sobre todo, el equipo de Mariano Rajoy en el Gobierno. Sin atentados desde hace más de dos años, la ‘cuestión vasca’ ha caído entre las principales preocupaciones de los españoles, que en la actualidad están más atentos a la evolución de la economía y a la amenaza del paro. Y frente a quienes en Euskadi exigen al nuevo Ejecutivo que dé pasos firmes para apuntalar el actual escenario y favorecer la paz definitiva, en el resto de España cunde la impresión de que ETA está derrotada y que el Gabinete del PP nada tiene que sentarse a hablar con los terroristas. O lo que es lo mismo, los votantes de fuera del País Vasco no entenderían un proceso de negociación o que Rajoy realizara cualquier clase de gesto que se aleje de la firmeza exhibida en los últimos años.
De hecho, la discrepancia entre unos y otros se mantiene también a la hora de valorar la necesidad de que España y Francia abran un «diálogo» con ETA «sobre el futuro de sus presos y militantes». La mayoría de los españoles (48%) se niegan, frente al 41% que lo apoyaría. Mucho más favorables a entablar conversaciones son los vascos. Tres de cada cuatro personas apuestan por que los dos países se sienten a hablar con la cúpula terroristas sobre ambos asuntos.
Una de las pocas cuestiones en las que coinciden ambos grupos de encuestados es sobre la necesidad de detener y juzgar a los terroristas que aún están en la clandestinidad. Aunque no con la misma rotundidad. Mientras fuera del País Vasco están convencido de ellos nueve de cada diez, en la comunidad autónoma esa proporción cae hasta seis de cada diez.
Medidas con los presos
Otro de los temas ‘espinosos’ que deberá abordar el futuro Ejecutivo será la de los presos de ETA. Como ya informó este periódico el pasado domingo, el nuevo Gobierno no tiene intención de flexibilizar la política penitenciaria a la espera de que la banda terrorista dé un paso significativo que evidencie que su desarme está próximo. Rajoy ha transmitido a su entorno que mantendrá el actual trato al colectivo de reclusos etarras a pesar de la campaña de presión que se ha abierto ya en Euskadi. Tanto la izquierda abertzale y el PNV como el lehendakari, Patxi López, y miembros del PSE han exigido en las últimas semanas al futuro presidente que sea «valiente» y acerque a esos presos a centros penitenciarios cercanos al País Vasco.
Una demanda que respalda la mayoría de la sociedad vasca. El 78% de los ciudadanos de Euskadi está muy o bastante de acuerdo con poner fin a la dispersión. Un dato que Rajoy deberá sopesar con otro: en el resto del Estado cuatro de cada diez personas dicen estar «nada de acuerdo» con introducir cambios en la política penitenciaria y otras dos de cada diez reconocen estar «poco de acuerdo». Lo mismo sucede cuando se les preguntó si se deberían aplicar a los etarras los mismos beneficios penitenciarios que a cualquier otro preso común. En Euskadi, más de las tres quintas partes de los ciudadanos están convencidas de que sí, mientras que fuera de la comunidad autónoma algo más de la mitad considera que no, que debe persistir la reforma del Código Penal de julio de 2003 que endureció el mecanismo para la reducción de condenas del colectivo etarra.
EL CORREO, 10/12/11