EL MUNDO – 22/08/16
· Reclamará su inhabilitación por desafiar abierta y públicamente la suspensión del Tribunal Constitucional.
· El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, se podría enfrentar a unos 10 años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación administrativa en el proceso judicial por la consulta del 9 de noviembre de 2014.
Una pena que podría ir acompañada de una petición de multa por el delito de desobediencia grave por el que también será procesado junto con la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera y actual diputada de Junts Pel Sí Irene Rigau. En su escrito de acusación la Fiscalía seguirá con los argumentos que ya ha esgrimido ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En este sentido , los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled afirman en su último escrito que «los investigados, muy en especial el investigado Mas, a la sazón presidente de la Generalitat, desafiaron abierta y públicamente la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, que conocieron el mismo día en que se dictó, el 4 de noviembre de 2014».
Este tribunal impedía el proceso participativo convocado por el Govern para el 9-N pese a que «los querellados, con especial preponderancia del entonces presidente de la Generalitat, amparados simplemente en su voluntad, que convirtieron irrazonablemente en aparente fuente de normatividad, y actuando con plena conciencia y voluntad» permitieron las votaciones. La Fiscalía cree que los procesados «incumplían así la obligación que, respectivamente, como convocante e impulsores de procedimientos administrativos específicos, les atañía a raíz del mandato» del Constitucional. Por eso, consideran que mantuvieron «actuaciones públicas de preparación que ya estaban en marcha, así como cuantas otras se iban a producir en los siguientes días para preparar y desarrollar efectivamente la votación».
Los fiscales destacan, como hizo antes el magistrado instructor de la causa en el TSJC, que los procesados podrían haber cometido un presunto delito de desobediencia cuando no acataron la suspensión del Constitucional. Mas, Ortega y Rigau declararon ante el juez que el Govern se desentendió de las votaciones tras la providencia del tribunal y que fue entonces cuando se encargaron los voluntarios. «Las diligencias hasta ahora practicadas han revelado que de ningún modo fue así. La organización y desarrollo de la consulta siguió en todo momento bajo el amparo, impulso y control de la Administración autonómica, de conformidad con los designios de los querellados», destacan los fiscales.
Por eso creen que «los investigados pretendieron aparentar que todo quedó en manos de voluntarios, y lo consiguieron, puesto que para un observador externo el día de la votación resultaba efectivamente inviable constatar el grado de utilización de medios públicos durante el tiempo en que aquélla tuvo lugar, que había sido convenientemente mantenido en la sombra. El grado de control y participación públicos no se ha conocido en detalle sino a raíz de las diligencias practicadas en el seno de las presentes actuaciones». Además, detallan que en las propias alegaciones judiciales de la Generalitat, a través del Gabinete Jurídico de Presidència, el 7 de noviembre de 2014 se «consideraba que de no dejarse sin efecto la suspensión, la consulta no podría celebrarse» por lo que en el recurso «se instaba al tribunal a adoptar una decisión rápida, pues la propia representación de la Generalitat afirmaba que de otro modo no podría llevarse a cabo la votación».
Parece claro que la Fiscalía no pedirá penas de cárcel para Mas, Ortega y Rigau por el 9-N ya que no los acusará de un delito de malversación. En concreto, afirma que los gastos relacionados con la organización y desarrollo de la consulta se comprometieron con anterioridad a la suspensión, por lo que el Govern debía pagarlos.Los procesados podrían enfrentarse a penas de prisión si las pide la acusación popular que ejercen dos sindicatos policiales.
EL MUNDO – 22/08/16