El fiscal del Tribunal de Cuentas sospecha de «financiación ilícita» en el PNV, que lo niega

El debate sobre la presunta financiación ilegal de los partidos se reavivó ayer en toda su crudeza, tras la filtración de un informe interno del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González Soler, que ve indicios graves de delito en las cuentas de todos los principales partidos españoles –incluidos el PNV y EA– durante el ejercicio fiscal correspondiente a 2012. A la formación jeltzale le achaca, nada más y nada menos, que un «delito claro» al no registrar ni declarar en su contabilidad ingresos por valor de 4,9 millones de euros derivados de la permuta de unos terrenos propiedad del partido. El fiscal siembra dudas además sobre la «maraña» de sociedades mercantiles que posee el partido de Andoni Ortuzar –parte de ellas en Francia–, de la que podría derivarse, dice, «un flujo revelador de financiación ilícita» y llama la atención sobre 357 cuentas corrientes no incluidas en el balance oficial por valor de 3,1 millones de euros.

Sabin Etxea emitió ayer una larga nota, inusualmente prolija en detalles, en la que intenta desmontar, una por una, las acusaciones de González Soler. Niega haber cometido ningún delito «ni de financiación ilegal ni de ninguna otra naturaleza, ni en 2012 ni en ningún otro ejercicio» y pone de relieve las «discrepancias y divergencias manifiestas» entre el fiscal jefe y el pleno del Tribunal de Cuentas. En ese sentido, resalta que en el informe del pasado 26 de junio en el que González Soler basa sus conclusiones, se limita a reseñar algunas deficiencias en la rendición de cuentas de los peneuvistas pero no apunta ni siquiera insinúa ningún hecho delictivo.

La relevancia mediática que cobró el documento desvelado por ‘El País’ forzó al fiscal jefe a emitir una nota en la que asume sus consideraciones pero aclara que tienen «carácter preliminar» y que resulta «prematuro» darlas por buenas. García Soler, que depende orgánicamente de la Fiscalía General del Estado y tiene potestad para enviar sus dictámenes a los tribunales ordinarios para que actúen si lo creen oportuno, aclaró que ha remitido sus conclusiones a la unidad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas para que proporcione explicaciones complementarias, dudas que, según el tribunal, ya han sido aclaradas. El fiscal insinúa en su informe que el Tribunal de Cuentas trata de justificar los incumplimientos legales de los partidos.

A la espera de constatar si el escándalo cobra cuerpo o se queda en una tormenta en un vaso de agua, el PNV se apresuró ayer a desmentir tajantemente todas las irregularidades que se le achacan con su «compromiso de transparencia» por bandera. El PNV empleó los mismos argumentos en que basó sus alegaciones al Tribunal de Cuentas cuando el órgano fiscalizador adelantó a los partidos, la primavera pasada, un borrador de su informe sobre la contabilidad de las formaciones políticas españolas. Según subraya Sabin Etxea, que dice desconocer la existencia del escrito del fiscal y ni siquiera pone la mano en el fuego por su veracidad, el Tribunal de Cuentas «recogió e hizo suyas» todas sus aclaraciones y acotaciones en las conclusiones definitivas de junio. Así lo prueba, a su juicio, que no abriera expediente sancionador contra el PNV y sí contra IU y el Partido Aragonés Regionalista (PAR).

La acusación más grave del fiscal contra el PNV es la de ocultar al Tribunal de Cuentas que se había embolsado casi 5 millones de euros por «una extraña y lucrativa permuta sobre una extensa finca». Sabin Etxea aclara que se refiere a la construcción en 2008 de un nuevo batzoki en Barakaldo en el mismo inmueble que ocupaba la vieja sede, una operación que, subrayan, contó «con todos los permisos y autorizaciones» del Ayuntamiento de la localidad, gobernada por el PSE. Según la versión jeltzale, el partido llegó a un acuerdo con la constructora para que asumiera el coste de las obras de renovación y, a cambio, se quedara con una parte de la finca. Al registrarse la operación en las cuentas de 2008 como una permuta «no comercial» –en la que la vida útil y la funcionalidad de los servicios permutados es similar– no existe, dice, obligación de reflejar los beneficios, cuya existencia el PNV no desmiente. «Hacerlo así es totalmente compatible con el nuevo plan general de contabilidad adaptado a las formaciones políticas y aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas», abunda.

Los terrenos de Foronda
Respecto a la «maraña» societaria radicada en parte en Francia sobre la que llama la atención el fiscal como posible fuente de la financiación ilegal del partido, el PNV recuerda que las fuerzas políticas no tienen prohibida la propiedad de este tipo de empresas sino lucrarse con ellas. Y añade que, por contra, «el único fin» de las sociedades en las que participa el PNV –cuatro– radica en el «sostenimiento de la actividad política, social y cultural del partido». Así, explica que la inmobiliaria Lurukanez, propiedad al 100% del PNV, está ya liquidada «con pérdidas de 148.000 euros» y se creó para adquirir los terrenos alaveses de Foronda, donde el partido celebra una vez al año el Alderdi Eguna. Respecto a Batzokia,

Landaburu e Iguzkia (del PNV al 98%), que González Soler sitúa en Francia –el informe de junio ya recordaba a los jeltzales su obligación de declarar sus bienes en Iparralde aunque no sea territorio nacional–, se refieren solo a la última. Según dicen, cuenta con un capital social de 7.500 euros y su cometido es gestionar los tres batzokis del PNV en suelo galo. Además, aseguran que están «trabajando para reducir» su participación en aquellas sociedades «que ya han alcanzado sus objetivos».

La tercera pica que pone el fiscal se refiere a 357 cuentas corrientes, depósitos y fondos de inversión por valor de 3,1 millones de euros que el PNV no haría constar en los balances oficiales, lo que le lleva a concluir que sus cuentas no son «reales» porque no incluyen toda su «actividad verídica». El PNV aclara que se refiere a las cuentas de todos los batzokis y juntas municipales en las que se cargan los recibos de proveedores, distribuidores o se ingresan las subvenciones legales, con un saldo medio de 9.000 euros. Aunque los órganos auditores ya insistían en 2012 en la preceptividad de incluir la contabilidad local, el PNV aduce que la obligación legal de hacerlo solo existe desde enero de 2014.