EL MUNDO 12/06/14
· Hay siete acusados por la operación que retrasó y desbarató en parte el soplo policial
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido un total de 50 años de cárcel para siete presuntos miembros o colaboradores de la red de extorsión etarra a la que un chivatazo en el bar Faisán alertó de una inminente operación policial.
La revelación de secretos por la que han sido condenados el ex jefe superior del País Vasco Enrique Pamies y un inspector jefe provocó que se aplazara la operación policial –prevista para mayo de 2006– que ahora llega a juicio. Las detenciones sí se produjeron un mes más tarde, un dato habitualmente esgrimido para restar trascendencia al chivatazo. Frente a esa tesis, los investigadores del soplo –los mismos que vigilaban a la red de extorsión– resaltaron en sus informes que la delación había permitido a la red deshacerse de prácticamente todo el material incriminatorio que esperaban encontrar. Por ejemplo, los sellos empleados por ETA en sus cartas de extorsión o las listas de empresarios a los que se les exigía dinero. Unos elementos que, de haberse incautado, reforzarían hoy enormemente la acusación del Ministerio Público.
Según relata el escrito del fiscal Carlos Bautista, la investigación comenzó tras unas detenciones en Francia que revelaron el funcionamiento de Gezi, una subestructura de ETA encargada de la extorsión. En 2003, el seguimiento a uno de los empresarios sobre los que ETA había elaborado una ficha condujo a los agentes al bar Faisán de Irún donde, según el fiscal, «se recibían informaciones de naturaleza económica, se gestionaban los contactos con los extorsionados, se recibía dinero y se entregaban recibos, trasladando dinero obtenido a responsables o colaboradores de la organización terrorista ETA en Francia».
En el centro de la red estaba el dueño del local, Joseba Elosua, la persona a la que Pamies dio el soplo y que, según el fiscal, «se configuraba como el recaudador de las cartas de extorsión previamente remitidas por la organización terrorista». Su «principal contacto» en Francia era José Luis Cau Aldanur, la persona a la que Elosua salió disparado a avisar tras recibir el soplo. Ninguno de los dos estará en el banquillo de la Audiencia. Elosua, porque falleció recientemente; Cau, porque fue arrestado en Francia y es allí donde se le enjuiciará.
Entre el escaso material incriminatorio que se intervino cuando ambos fueron arrestados se encontraba un recibo de pago por 54.000 euros que dos empresarios navarros habían cedido ante la banda. La Policía esperaba interceptar ese dinero en la operación frustrada por el soplo, pero lo que encontró un mes después fue sólo la certificación de que el dinero había llegado ya a la banda.
El escrito de acusación ofrece algunos detalles sobre el proceso de extorsión habitual: «Según las cartas obrantes en la causa, suele durar entre 24 y 30 meses, comprendidos desde la primera a la última carta; en esta última, si existe impago, ya advierten que la persona y bienes del empresario pasan a considerarse objetivos militares. El número de cartas enviadas en este periodo es de cuatro o cinco, con un margen temporal de entre seis y 12 meses».
El fiscal reclama ocho años de cárcel por pertenencia a ETA a cuatro acusados de llevar de Francia a España las cartas de extorsión y de gestionar los pagos. Se tarta de Alfonso Martínez de Lizarduy, Ramón Sagarzazu Olazaguirre, Jean Pierre Haracorene Camio y Emilio Castillo González de Mendivil. Al yerno de Elosua –que trasladó a su suegro a Francia tras el soplo– y a otros dos acusados les pide seis años por colaborar con ETA.
Finalmente, el fiscal pide seis meses de cárcel por un delito de administración fraudulenta para cinco miembros del consejo de administración de la empresa de máquinas expendedoras Azcoyen, quienes, «por miedo», pagaron a la banda. El delito que les atribuye responde a que incluyeron en la contabilidad como gasto no deducible los 37 millones (algo más de 222.000 euros) que entregaron a ETA y que ahora el fiscal pide que reintegren a la empresa.