EL MUNDO 04/12/13
· Sostiene que el aforado Goioaga ayudó a la captación de etarras
La Fiscalía quiere que el Tribunal Supremo investigue al senador de Bildu Iñaki Goioaga por colaborar con ETA en la captación de terroristas. El Ministerio Público ha pedido al juez que investiga el frentejurídico de ETA que remita al TS una exposición razonada con los indicios reunidos hasta ahora contra Iñako, Dinio o Dionisio, alias con el que según los investigadores el hoy aforado se identificaba en ETA.
El Ministerio Público hace esta petición en un escrito presentado al juez Javier Gómez Bermúdez en el que reclama el procesamiento por delitos terroristas de 10 implicados en la operación contra Halboka (el frente de ETA en las cárceles), varios de ellos abogados habituales de terroristas como Arantza Zuloeta, Jon Enparantza e Iker Sarriegui.
El fiscal sostiene que Goioaga «actuaba en ocasiones como mediador para captar gente para que se integrara en ETA». Relata la declaración ante el juez del etarra José Luis Gallastegui, que explicó que «en febrero de 2008, su amigo y abogado Goioaga le llamó por teléfono, quedaron frente a la taberna Tiafran de Lekeitio, donde le comentó que tenía un recado para el declarante consistente en acudir a una cita con una persona de ETA en la localidad francesa de Dax prevista para el 22 de marzo de 2008, a las 12 horas en la oficina de información y turismo».
Esgrime también una nota de ETA –archivo informático Aupa DIO 801 ean– dirigida a Dinio «en la que trata de diversos temas sobre el impuesto revolucionario», y otro documento intervenido al jefe etarra Thierry dirigido igualmente a Dinio y que no ha podido ser desencriptado.
El fiscal estima que esos elementos son suficientes para que el Supremo impute a Goioaga un delito de colaboración terrorista. Es la segunda vez que la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza actúa contra Goioaga. Antes de obtener su escaño, el abogado fue juzgado como presunto miembro de ETA por planear la fuga de un preso. Fue absuelto, una circunstancia que podría servirle para librarse ahora de una nueva acusación.
La petición de actuar contra Goioaga ha sido formulada por el fiscal José Perals, incorporado recientemente a la Audiencia y encargado en su día de la operación Pípol, que acabó con condenas por tráfico de drogas y explosivos a varios de los juzgados como miembros de la trama asturiana del 11-M.
A lo largo de 16 folios, el escrito de Perals describe la estructura de Halboka (acrónimo en euskera de Rompiendo las Paredes Pronto los Luchadores a la Calle) y detalla los indicios contra los imputados. La que más espacio ocupa es Arantza Zuloeta, Martxel, que acumulaba multitud de funciones. Por ejemplo, gestionaba las autocríticas de los etarras detenidos y «controlaba» varios zulos, lo que le vale una petición añadida de procesamiento por depósito de armas y explosivos. Además, recibió el encargo de ETA de preparar un atentado en la Audiencia Nacional y de crear una especie de servicio de inteligencia para ETA en todo el País Vasco denominado Amarauna (tela de araña).
Zuloeta era, según el fiscal, la «máxima responsable» del llamado colectivo de abogados o frente jurídico, cuya «finalidad esencial es controlar a los presos de la banda para que se mantengan fieles a la organización». Los abogados recibían «un sueldo» de ETA y se encargaban de tareas relacionadas con la extorsión y la recopilación de datos sobre posibles objetivos.