EL CORREO 29/11/13
· Rechaza el recurso de amparo del exportavoz de Batasuna, en prisión desde 2009, y del exlíder de LAB Díez Usabiaga por su falta de «condena expresa de la violencia».
Arnaldo Otegi, el hombre al que la izquierda abertzale revalida como impulsor del denominado proceso de paz y de la apuesta por las vías políticas, no ha «renunciado en ningún momento al uso de las armas». Así lo estima la Fiscalía en su examen del recurso de amparo presentado por el exportavoz de Batasuna, preso desde octubre de 2009, a quien se opone a excarcelar por este motivo y por no haber condenado expresamente la violencia, cuando han pasado dos años desde que ETA anunciara el cese de su actividad. De rechazarse el recurso, Otegi seguiría preso hasta abril de 2016.
El Ministerio Público pide también que no se ampare al ex secretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga y a Miren Zabaleta, Arkaiz Rodríguez Torres y Sonia Jacinto García, todos ellos condenados en 2012 por el Tribunal Supremo en el denominado ‘caso Bateragune’ y que habían recurrido la sentencia ante el Constitucional. En sus alegatos aseguran que no se ha respetado su derecho a la presunción de inocencia y que han sido condenados sin pruebas de cargo suficientes, sino en función de una «acumulación de indicios y juicios de valor».
Por el contrario, el fiscal sostiene que Otegi, Usabiaga y los demás condenados «pertenecían en calidad de grupo político a la banda terrorista ETA», ya que su intención consistía en «implantar en Euskadi y Navarra un Estado independiente del Estado español, socialista y revolucionario, sin que para sus objetivos renuncien en ningún momento al uso de las armas y sin que en su trayectoria se haya condenado la violencia, ni en grupo ni individualmente».
Según especifica el escrito presentado ayer ante el alto tribunal que debe resolver los recursos, la falta de una «condena expresa de la violencia» ubica a los condenados de Bateragune «al otro lado de la legalidad». La Fiscalía refuerza sus tesis en la «pluralidad de indicios» descubiertos durante la investigación: desde la documentación incautada –cita expresamente la descubierta en el domicilio de Otegi relacionada con Bateragune–, los viajes a Francia o las comparecencias de prensa de los condenados en fechas previas a su detención.
En opinión del fiscal, tanto la sentencia del Tribunal Supremo como la de la Audiencia Nacional mantienen un correcto «esquema argumentativo» que lleva a dar por probada la autoría de todos los acusados. Apoya que éstos, «lejos de su pretensión de grupo neutro», mantienen «vinculación con las ideas violentas de ETA» y subraya que su actuación obedece a una estrategia típica de la banda «de desdoblamiento de funciones, asumiendo la lucha armada y delegando la faceta política en grupos satélites, relacionados con la izquierda abertzale».
En mayo de 2012, el Supremo rebajó de 10 a 6,5 años la pena a Otegi y Díez Usabiaga por pertenencia a organización terrorista que les había puesto previamente la Audiencia Nacional. La Sala también redujo de ocho a seis años la estancia en prisión del resto de los acusados. Un mes después, el Tribunal Constitucional rechazó suspender las condenas hasta que se resolvieran los recursos.
El alegato de la Fiscalía provocó ayer la reacción de la izquierda abertzale, cuyo portavoz, Pernando Barrena, dijo que «queda en evidencia que el objetivo principal de los enemigos de la paz alineados con el PP es mantener en prisión a estos cinco militantes» del colectivo abertzale.
EL CORREO 29/11/13