Perals alega que los sucesos que denunció el pasado miércoles el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) están «enmarcados dentro de la campaña de hostigamiento que sufren los agentes en determinadas localidades del País Vasco y Navarra». «Concretamente», en la localidad de Alsasua, en palabras del fiscal.
El representante de este ministerio calificó lo sucedido «de graves hechos delictivos contra la integridad física de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», incidiendo en que los presuntos responsables los realizaron «con el propósito de atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas». El fiscal no pasó por alto advertir de que los sucesos generaron «una grave alteración para la paz pública».
El informe remitido a la juez Lamela recuerda que una de las exigencias históricas que puso la organización terrorista ETA para abandonar la actividad armada fue «la expulsión de Euskadi de la Guardia Civil». En este sentido, el fiscal advierte de que esta «exigencia» ha existido desde los años 70, en el marco de la llamada Alternativa KAS, programa político previo al nacimiento de Herri Batasuna, así como en los años 90, con la llamada Alternativa Democrática, donde «también se recogía esta exigencia». Es más, alega que fue «uno de los ejes de actuación de la izquierda abertzale», apuntando a los partidos políticos ilegalizados: Herri Batasuna, Batasuna y Askatasuna.
Tomando como referencia sentencias del Tribunal Supremo relativas a los casosEkin y Segi, el Ministerio Fiscal argumenta su petición en la definición de terrorismo del Alto Tribunal que incluye «delitos ligados a la actividad terrorista», concretando que la diferencia entre estos delitos y los delitos comunes está «en la motivación que mueve al delincuente». En este sentido, el fiscal recuerda que si el delito se comete para «intimidar gravemente a una población», como es el caso de los hechos de Alsasua, es considerado un delito de terrorismo.
Tras esgrimir estos argumentos, Perals concluye que los hechos «pudieran estar encuadrados en el delito de terrorismo». Es por ello que requirió al Juzgado de Instrucción de Pamplona que lleva el caso que remita a la Audiencia Nacional el testimonio íntegro de las diligencias practicadas en la noche en la que se produjeron los hechos.
El Ministerio Fiscal pidió también a la Guardia Civil, «con carácter urgente», un informe sobre «la campaña de acoso que sus agentes sufren en la Comunidad Foral de Navarra» y ordenó a la Policía Foral que remita, «en el plazo más breve posible», las actuaciones practicadas en relación a los sucesos del pasado 15 de octubre.
Fuentes judiciales conocedoras de esta operación advirtieron a este diario de que la juez Carmen Lamela se pronunciará en relación al caso en no más de tres días, para comunicar si considera o no de su competencia la investigación de los hechos que solicita la Fiscalía.