El Govern alentó ayer a los catalanes a movilizarse en las calles contra la respuesta judicial a los diferentes episodios de desobediencia que se están produciendo en Cataluña para impulsar el desafío independentista.
«Cuantas más querellas y acciones judiciales lleven a cabo para hacernos descarrilar, más grande debe ser la movilización de la gente en la calle. Tenemos que mantener el pulso», escribió en las redes sociales el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, para inaugurar una cadena de reacciones al inicio de la investigación contra Carme Forcadell, acordada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El Alto Tribunal catalán se propone esclarecer si la presidenta del Parlament cometió un delito de desobediencia y otro de prevaricación por permitir que se debatiera y votara en la cámara catalana la hoja de ruta secesionista.
Tras Mas, la portavoz del Govern, Neus Munté, avisó de que el Ejecutivo catalán no se quedará «de brazos cruzados» y se declaró «convencida» de que se producirá «una reacción cívica» contra la acción de la Justicia para responder al proceso contra Forcadell. También contra el que sentará a Mas, y las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau en el banquillo, por promover la consulta del 9-N, o contra la investigación a Joan Coma, el concejal de la CUP en Vic que se niega a comparecer ante la Audiencia Nacional pese haber sido citado a declarar por un posible delito de incitación a la sedición.
Munté guardó la mínima cautela al precisar que no será el Govern quien convoque las movilizaciones contra la «inaceptable judicialización» del procés. En su lugar, aseguró, actuarán «las organizaciones de la sociedad civil» que vienen promoviendo manifestaciones soberanistas en las últimas Diadas, es decir Òmnium Cultural y la ANC, entidad que gestó y presidió Forcadell antes de ser nombrada presidenta del Parlament tras formar parte de la lista de Junts pel Sí en las elecciones «plebiscitarias» del 27-S.
La portavoz del Govern justificó su llamamiento a la protesta porque, a su entender, «mientras el sistema político catalán puede llegar al banquillo, el sistema político de los Gürtel o de Fernández Díaz puede quedar impune».
La apuesta del Govern por agitar a la población catalana contra la Justicia supone un acercamiento a las tesis de la CUP, quien ya en el pasado mes de mayo convocó una manifestación contra la «persecución» del Tribunal Constitucional por investigar a cargos electos municipales desobedientes que habían impulsado resoluciones independentistas en sus ayuntamientos. En aquella ocasión, ERC y concejales de Barcelona en Comú acudieron al llamamiento de la CUP, pero no así la entonces Convergència.
Ahora, con la negociación de los presupuestos abierta y pendiente del vital aval de la formación antisistema, el Govern se inclina sin fisuras por la movilización contra la acción judicial.
Un gesto bien recibido por los independentistas radicales, que ayer garantizaron a Forcadell que «podrá sentir en las movilizaciones que no está sola» como premio por haber actuado «con independencia, coherencia, firmeza y sin miedo».