Desde hace décadas, los partidos nacionalistas han aprovechado cada negociación que tenían en situaciones de ausencia de mayorías absolutas de izquierda o derecha para vaciar de competencias al Estado. Esa inercia ha llevado a algunos al órdago en estos tiempos difíciles: “La independencia es la única opción” para gestionar la crisis, aseguraba en junio ese modelo de eficacia y solidez llamado Quim Torra.

Además, la exigencia de competencias no ha ido unida a la asunción de las responsabilidades correspondientes. En épocas boyantes, las comunidades autónomas se han apresurado a querer más competencias, pero no han tenido tanta prisa a la hora de contraer las obligaciones que implican cuando las cosas se ponen mal. Ahora que las comunidades han recuperado todo su poder de mando, siguen usando al Estado como cabeza de turco para justificar la escalada de casos en sus territorios o su incapacidad para gestionar la vuelta al cole, por ejemplo. Un juego en el que también participa el Gobierno y que se podría resumir en es el otro el que debería comerse este marrón.

En junio se desmanteló el mando único de Sanidad y se traspasó la responsabilidad de la desescalada a las comunidades autónomas, dando vía libre al establecimiento unilateral de medidas y restricciones, lo que facilitó la confusión y el descontrol.Para completar el golpe de péndulo, desde finales de agosto el Gobierno –el presidente Sánchez ya había dejado atrás su afirmación electoralista del 5 de julio, “hemos derrotado al virus”—busca evadir la responsabilidad sobre la crisis trasladando la responsabilidad sobre la declaración de nuevos estados de alarma a las autonomías.

El fracaso de nuestra organización territorial es ahora más evidente, pero no es la primera que esto sucede. Si hay un mal endémico en España, ese es el desempleo: cada crisis batimos nuevos récords internacionales. Sin embargo, nuestro país lleva décadas siendo incapaz de tomar medidas eficaces para atajarlo.

El Estado no reforma el marco laboral para acabar con la temporalidad, y las autonomías no hacen políticas activas de empleo. Cuando, en cada crisis económica, el paro crece más en España que en cualquier otro país similar, o cuando el abandono escolar bate todas las marcas, los políticos miran hacia otro lado valiéndose de esta organización territorial con responsabilidades difusas. En definitiva, tenemos un modelo que permite a los políticos irresponsables escurrir el bulto. Los ciudadanos pagan las consecuencias y el sistema autonómico, necesario en un país diverso como España, se desprestigia.

¿Podemos salir de la crisis y abordar los problemas de la organización territorialcon algo más que eslóganes estúpidos de márketing político barato a cargo de aprendices de brujo?

Sin duda.

Ya en noviembre de 2015, desde Ciudadanos presentamos en Cádiz una propuesta de reformas constitucionales en la que, entre otras muchas cosas, planteábamos actualizar las competencias exclusivas y eliminar la posibilidad de transferir o delegar a las comunidades facultades que la Constitución atribuye al Estado. Era una fórmula que permitía que el Estado legislara también para “garantizar condiciones de vida equivalentes en todo el territorio nacional, el mantenimiento de la unidad jurídica y económica y la igualdad básica de los españoles, en relación a sus derechos y deberes, en todo el territorio nacional”. También pedíamos reforzar las relaciones de colaboración, cooperación y coordinación entre el Gobierno y los Gobiernos autonómicos para que el Estado pudiera ejercer de forma eficaz sus competencias de coordinación.

No es complicado de entender: en un Estado descentralizado no solo vale repartir competencias, sino que, una vez hecho eso, hay que buscar la integración para dar estabilidad al sistema y garantizar la igualdad de todos sus ciudadanos. Se trata de combinar la descentralización con la integración, no de convertir conscientemente la descentralización en una fuerza centrífuga.

La gran crisis del coronavirus nos ha puesto frente al espejo: ahí contemplamos las consecuencias claras y medibles de las malas decisiones políticas, de los esfuerzos por desviar responsabilidades y vender “relato” en vez de solucionar problemas. En vidas perdidas y rotas, en empleos destrozados, en dolor y desesperación.

La salida de la gran crisis puede liberar los mecanismos y las energías que hacen falta para replantearnos, de manera racional y sensata, las reformas necesarias que corrijan lo que se ha demostrado disfuncional, e incluso aberrante, en las autonomías y en su relación con el Gobierno y el Estado.

Es difícil, pero no imposible. Hace falta –como para todos los problemas urgentes y pendientes, desde el sanitario hasta el económico, pasando por el educativo– superar la fase de palabrería propagandística, de enfrentamiento ideologizado y de polarización buscada. Hace falta llegar a acuerdos básicos entre las fuerzas constitucionales para poner la organización territorial de España al servicio de los ciudadanos. Hemos visto que la mala organización del Estado nos cuesta, como la pandemia, vidas y empleos.

*** Luis Garicano es jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento europeo y vicepresidente y portavoz económico de Renew Europe