EDITORIAL EL MUNDO – 15/04/17
· Aunque lenta y sordamente, hace meses que el desafío soberanista planteado por las autoridades catalanas pierde gas político y social. Y no sólo por el desgaste que supone porfiar en un proyecto quimérico que sólo conduce al enfrentamiento con el Estado, sino por la frustración que genera no avanzar en los pasos comprometidos por las propias fuerzas secesionistas.
Esto explica que las diferencias internas en Junts pel Sí hayan aflorado públicamente, justo después de la inhabilitación de Artur Mas, el estrepitoso fracaso de Puigdemont en lo que la Generalitat presentó como una «ofensiva diplomática» en el exterior y la revelación de las palabras del número dos de la extinta Convergència, en las que admite la posibilidad de que el procés descarrile.
Esta semana se ha puesto de manifiesto que la división en el seno del Gobierno catalán bloquea el avance de la hoja de ruta que tanto PDeCAT como ERC –ambos en manos de la CUP– se habían marcado al inicio de la legislatura. El Govern aún no ha fijado la fecha para la celebración del referéndum.
Y, de hecho, este asunto ha sido objeto de agria discrepancia entre las dos principales formaciones que sustentan el Ejecutivo catalán. La portavoz de la Generalitat tuvo que salir al paso recientemente para desmentir, tal como aseguró la secretaria general de Esquerra Republicana, que la Administración catalana se esté planteando contratar a parados para la organización de la consulta.
Y la imagen de unidad que hasta ahora se habían esforzado por aparentar en Junts pel Sí saltó por los aires tras hacerse públicas las declaraciones del coordinador de Organización del PDeCAT, David Bonvehí, quien en una cena privada con alcaldes aseguró que, en caso de «desastre» de la apuesta independentista, la extinta Convergència presentaría a un candidato «autonomista» a unas eventuales elecciones.
La filtración irritó profundamente a los convergentes, y ello hasta el punto que ERC emitió ayer un comunicado en el que rechazó «ningún tipo de relación» con este episodio. Sin embargo, Puigdemont y Mas no dudaron en arropar a Bonvehí, mientras Marta Pascal apuntó a Esquerra por una filtración que calificó de «grave». Sus palabras revelan hasta qué punto ha llegado la desconfianza entre partidos que son socios de gobierno. Primero porque el PDeCAT no tuvo empacho en señalar a Esquerra y, segundo porque lo hizo en boca de la coordinadora general del partido, lo que indica el grado de malestar entre las filas del otrora moderado nacionalismo catalán.
Lo que también resulta relevante es que el PDeCAT también ha manifestado su intención de trasladar a la Fiscalía la grabación y difusión de la conversación de Bonvehí. Y es relevante no sólo por lo que supone de litigio con su aliado en el Gobierno, sino porque procede del mismo partido que enarbola la desobediencia a la Justicia. Tal es el grado de surrealismo en el que ha encallado la política catalana. Un esperpento que durante los últimos días ha tenido su corolario en el ridículo en que ha caído Puigdemont en su intento de internacionalizar el proceso.
El presidente de la Generalitat ha viajado dos veces en las últimas dos semanas a EEUU. Mantuvo varias reuniones privadas con congresistas y senadores de bajo perfil, y el miércoles fue sometido a una humillación en el Centro Carter. El ex mandatario estadounidense dejó claro que no piensa involucrarse en el asunto catalán, mientras desde el Govern se difundió una imagen de Puigdemont portando un cartel que no tenía nada que ver con el proceso separatista, sino con una enfermedad tropical. Además, la Embajada de EEUU en España también ratificó su compromiso por una «España fuerte y unida», lo que supone un auténtico mazazo a las aspiraciones de los secesionistas.
Las formaciones separatistas, por tanto, pueden seguir blandiendo su retórica épica y victimista. Pero la realidad es que la acción del Estado de Derecho –ningún conseller ha firmado órdenes sobre el referéndum por temos al TC– además de los varapalos recibidos por el Govern en el exterior, muestran la vía muerta en la que se halla varado el procés.
En manos del Gobierno catalán está seguir porfiando en la unilateralidad y la ilegalidad o recuperar la sensatez retornando a los cauces ordinarios, lo que exige aceptar el imperio de la ley y renunciar a un referéndum que significaría la liquidación de la soberanía nacional.
EDITORIAL EL MUNDO – 15/04/17