El fuego ahoga la campaña y angustia en Moncloa

El 12 de Octubre, en la recepción del Día de la Fiesta Nacional en el Palacio Real, Pedro Sánchez y Pablo Casado mantuvieron conversaciones con los periodistas de las llamadas informales sobre las consecuencias de la sentencia contra los líderes independentistas que se conocería dos días después, aunque ya se sabía que la condena sería por sedición, no por rebelión. El presidente en funciones expresó su convencimiento de que no se producirían altercados graves en las calles catalanas, aunque añadió que el Gobierno había previsto todos los escenarios para hacer frente a las posibles protestas. El presidente del PP, por su parte, manifestó que la sentencia tendría «el efecto de un bálsamo» y que no esperaba una reacción de la calle demasiado fuerte. Centrados todos los líderes nacionales, también Albert Rivera, en la posible respuesta política a una reacción desbordada del Govern, no tenían previsto en absoluto el desbordamiento de las calles. Creyeron que el tsunami democràtic era otra bufonada de Torra-Puigdemont.

Una semana después y cinco noches de violencia brutal y sin precedentes en las calles de Barcelona, está claro que los principales dirigentes nacionales pecaron de optimismo, falta de previsión, o ambas cosas. La salvaje reacción de centenares de manifestantes ha convertido la ciudad en el escenario de una batalla campal contra Mossos y policías. El fuego de las barricadas, las actuaciones de guerrilla urbana y las cargas han dejado helados, asustados y perplejos a catalanes y españoles, que han podido seguir los brotes de violencia extrema en directo. La furia de los violentos –muy jóvenes todos– ha alarmado a los ciudadanos –sólo hay que escuchar las conversaciones– y ha pillado desprevenidos a los partidos –a todos– que en absoluto se lo esperaban. También las fuerzas de orden público han expresado su sorpresa por la virulencia de los grupos organizados. Los dirigentes políticos y los responsables de la seguridad comparecen ante la opinión pública con una cara de susto y de incredulidad que no llama precisamente a la tranquilidad. Con un presidente de la Generalitat violando su juramento de cumplir y hacer cumplir la ley y un Gobierno catalán desnortado y ausente, la sensación de anarquía es algo que alarma a todos los partidos.

Mucho más a tres semanas de unas elecciones generales. El fuego de Barcelona está devorando la campaña electoral, echando por tierra cualquier estrategia planificada con anterioridad. España se enfrenta a una situación desconocida en unas vísperas electorales, si exceptuamos el 11-M, que no es comparable. «Es el escenario que buscaba Pedro Sánchez cuando convocó las elecciones, no sé de qué se extraña, se supone que quería aparecer como el gobernante fuerte capaz de responder con firmeza al independentismo catalán cuando se produjera la sentencia, si es que volvían a incumplir la ley. Sabía cuál era el calendario y que la sentencia se conocería en octubre. Él fue quien decidió las fechas», señalan fuentes del PP.

Todos los partidos han asistido espantados e incrédulos a los brotes de violencia en Cataluña. Pero del PSOE bien se puede decir que está paralizado. Con el miedo en el cuerpo ante el 10-N. Los angustiados socialistas andan con el alma en vilo. No saben cómo reaccionar ni qué decir ante lo que se le ha venido encima al Gobierno en sólo cinco noches. «Esto tiene que parar. Si no somos capaces de pararlo con firmeza, lo vamos a pasar muy mal». El Gobierno de Pedro Sánchez tardó varias noches en tomar conciencia de la gravedad de los acontecimientos, cruzando los dedos cada día para que la noche siguiente no se repitieran los altercados. Mientras los dirigentes del PSOE asistían al derrumbamiento de todas las previsiones de avanzar el 10-N en número de votos y escaños. Hasta el punto de que hoy firmarían los 123 escaños que tuvieron en las elecciones del 28-A.

La incertidumbre más absoluta se ha apoderado del escenario electoral español, a la espera de las nuevas encuestas de la semana que entra para conocer el impacto que los sucesos de Cataluña hayan tenido en la intención de voto de los españoles. La precampaña del 10-N transcurre a golpe de los brotes de violencia y el Gobierno se aferra a la respuesta policial «proporcional y moderada» que, de momento, no ha producido resultados. Sánchez ha enviado a Cataluña al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dejando en sus manos el protagonismo político de la crisis. El PP y Ciudadanos han extremado la presión sobre Sánchez, pidiendo medidas excepcionales, como la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional o el regreso del artículo 155. De momento, el Gobierno se resiste, consciente de las dificultades jurídicas para la aplicación de estas medidas extraordinarias. Una pregunta recorre las sedes de los principales partidos. ¿Cómo afectarán las llamas de Cataluña al resultado de las inminentes elecciones? Nadie conoce la respuesta. O nadie se atreve a pronunciarse de forma rotunda. Más allá de una conclusión lógica: la violencia puede suponer una inyección de votos para Vox, que hace menos de un mes estaba en claro declive. De hecho, es el único partido nacional que ha censurado la sentencia del Tribunal Supremo. La alarma ciudadana podría muy bien apuntalar el voto de los conservadores –uno de cuyos marcos mentales es el orden–, como parece indicar la escalada del PP en los últimos sondeos. Aunque tampoco sería descartable que el votante pudiera inclinarse por la moderación para hacer frente a la tensión. Es decir, no echar más leña al fuego catalán. Que ya no es metáfora, sino realidad.