Los de Sortu guardan silencio y hablarán por ellos almas pías que defenderán su derecho constitucional a callarse, lo cual no es cierto. El futuro al que se remitían los presentadores de Sortu para rechazar las actividades de ETA -si las hubiere-, ya está aquí.
Las detenciones de ayer han servido para aprehender 180 kilos de material explosivo y recipientes para la confección de bombas lapa, un subfusil, una pistola, un revólver, ollas para fabricar artefactos y documentación falsificada para usos varios. Herramientas de terroristas para la práctica del terrorismo.
He aquí la prueba del nueve del paso hacia la paz que supone el nacimiento de Sortu, homenaje a Griffith o redundancia sin más. El consejero de Interior, Rodolfo Ares, ha planteado una cuestión interesante al partido solicitante: que valore la operación de ayer, que calificó de «una magnífica oportunidad» para demostrar su rechazo a las actividades terroristas y quienes en ellas perseveran.
Es difícil que la propuesta de Ares cuaje. Considere el amable lector (o lectora, naturalmente) la opinión que ayer expresaba una persona a quien deberíamos considerar una persona de orden. El ex lehendakari Ibarretxe se dolía de la actitud del Gobierno: «Siempre les hemos pedido [a la izquierda abertzale] que den el paso y cuando lo dan, ¿damos un paso atrás?». La actitud del Gobierno es cumplir y hacer cumplir la ley: ordenar a los cuerpos bajo su mando que procedan y remitir al fiscal lo que deben remitirle. Es evidente, además, que operaciones como la de ayer contribuyen más al abandono de ETA que las más fervorosas rogativas.
Rufi Etxeberria, Rafa Díez, Iruin o cualquiera de los miembros de Batasuna han pasado a ser miembros de Sortu y, por tanto, gente sin pasado. La cuestión es que a los detenidos de ayer se les ha incautado material cuya tenencia prefigura actividades terroristas: tener explosivos y armas de guerra no es lo mismo que tener una escopeta de caza sin licencia. El futuro al que se remitían los presentadores de Sortu para rechazar las actividades de ETA -si las hubiere-, ya está aquí. ¿Qué opinan los citados de la actividad y el material que ha sido ocupado a esos militantes de una banda que jamás ha expresado su intención de abandonar?
De hecho, guardan silencio y hablarán por ellos almas pías que defenderán su derecho constitucional a callarse, lo cual no es cierto. La sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó a Batasuna el 27/3/2003 establece: «El silencio estratégica y sistemáticamente reiterado de un partido político ante la actividad terrorista sólo puede interpretarse desde la óptica político-constitucional como un claro signo de ‘aceptación por omisión’ o ‘aceptación implícita’ de la misma».
El Tribunal de Estrasburgo ratificaba el 30 de junio de 2009 la ilegalización que acordaron los tribunales españoles, señalando que el hecho de que la ilegalización estuviera fundada en este elemento no sería contrario al Convenio, «pues el comportamiento de los hombres públicos engloba de ordinario no sólo sus acciones o discursos, sino también, en ciertas circunstancias, sus omisiones o silencios, que pueden equivaler a tomas de posición y ser tan elocuentes como cualquier acción de apoyo expreso». Que lo callado está dicho, vamos.
Santiago González, EL MUNDO, 2/3/2011