Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo
Ayer le mostraba mi perplejidad ante la habilidosa manera con la que luchamos en contra de los combustibles fósiles -sobre el papel- mientras los utilizamos sin freno en la realidad. Si me permite, hoy voy con una derivada importante. Quiero comentarle el caso de las energías renovables, que son el gran adalid del nuevo paradigma imperante.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE), a la que se le podrá acusar de todo menos de desconocer el dossier, nos anuncia que las renovables se despliegan por el mundo a un ritmo mayor del esperado, lo cual no puede sorprender a nadie porque forma parte del núcleo central de todos los discursos. La sorpresa surge cuando comprobamos que la gran decepción en este panorama, en general reconfortante, es… ¡España!, que ha dejado de cumplir unas expectativas que eran espectaculares. Nuestro país sufre el mayor recorte respecto a la previsión del año pasado y así, dado el peso que tenemos en el total, un 30% de la menor implantación en el mundo es imputable a España.
En la última subasta de 2023 solo se adjudicaron 45,5 megavatios de los 3,3, gigavatios ofrecidos. Es decir, poco más del 1%. Ahora vemos la repercusión que ha tenido en el total. ¿Por qué sucede esto cuando las energías renovables son el estandarte tras el que marchan todos los líderes políticos, atiborran todos los programas de transformación y llenan todas las declaraciones públicas? Pues por culpa de la preocupación por los precios de la energía. El despliegue renovable se esta haciendo en base a los denominados contratos PPA, por los cuales se marcan en las subastas de concesión de permisos un precio que se asegura por la Administración. Si el precio en el mercado es inferior, los productores reciben ese precio que funciona como un mínimo garantizado para que todos hagan sus cálculos del rendimiento de las cuantiosas inversiones que implican. Si es superior, se lo pueden restar y se podrá dedicar ese excedente a promoción de nuevos parques renovables.
El problema reside en que los inversores, temerosos como son, han ofertado unos precios que se sitúan por encima de la exigencia administrativa tratando de minimizar el riesgo de sus inversiones. Los precios bajos en las subastas mantendrán los precios bajos en el mercado, eso es evidente, pero si son tan bajos que no resultan interesantes para los inversores corremos el riesgo de perpetuar la situación de ‘impasse’ actual, de provocar el retraimiento de los inversores y de paralizar el despliegue, como ha sucedido en 2023. Una situación que no podemos permitirnos justo cuando pretendemos cerrar una buena parte del parque de generación actual, fósil y nuclear y vaya usted a saber si hidrológico, y sustituirlo por la generación renovable.
¿No habría que repensar todo con un poco más de calma y considerando más variables en el modelo?